Decenas de jóvenes sentados en el suelo, esposados, con la cabeza totalmente cubierta con sus remeras o camperas, encerrados en vallas metálicas, y rodeados de policías encapuchados y armados, ante la mirada de sus vecinos, los medios y la policía. Algunos tienen el torso desnudo y la cabeza hacia el piso como si fuesen, al decir del “ingeniero” Juan Carlos Blumberg, unos verdaderos “terroristas urbanos”. “La policía allanó toda mi casa y se llevó a mi tío porque tenía antecedentes. Los cobanis entraron en todos lados, y dieron vuelto todo. No sé qué buscaban esos culiau”, nos cuenta Brian E., un pibe de tan sólo 14 años de edad, horas después de uno de estos operativos. Su casa está en el barrio “Ciudad de Mis Sueños”, al sur de la ciudad, uno de los tantos “barrios-ciudades” de Córdoba, cuyos vecinos, además de soportar este tipo de razzias, tienen que padecer a diario a una docena de policías apostados en la entrada de “Ciudad de Mis Sueños”, desde donde controlan quién ingresa y sale del barrio.
A estas razzias, cuyos detenidos en su mayoría son por el cuestionado Código de Faltas, se suma la proliferación de pinzas policiales por toda “la Docta”, donde, para evitar los “motochorros”, se han secuestrado miles de motos. “Ni con (Luciano Benjamín) Menéndez había tantas pinzas como las que hay hoy. A mí, cruzar una me evoca a la dictadura, me hace doler la panza, y eso que ando en auto”, nos dice Esteban R., de Villa Rivera Indarte, un barrio ubicado al norte de la ciudad.
Las razzias y pinzas policiales son las últimas medidas, para algunos electoralistas, dispuestas por el gobernador José Manuel de la Sota para frenar el delito en Córdoba. Fueron bautizadas como “operativo saturación”. Y aunque por algunos vecinos fue bien recibido, por estar focalizado en determinados estratos sociales y realizarse con detenciones arbitrarias, es cuestionado por especialistas y organizaciones de derechos humanos, incluso por Alejandra Monteoliva, ex ministra de Seguridad de la provincia.
El cuestionamiento más duro y reciente lo hizo el equipo de investigación “Llano en Llamas”, conformado por académicos de la Universidad Católica de Córdoba (UCC) y la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), mediante un informe titulado “Criminalización de la pobreza y judicialización de las luchas políticas-sociales en la provincia de Córdoba, junio 2014”, donde se dan a conocer preocupantes datos sobre los “operativos saturación”.
“Los operativos de saturación incluyen controles permanentes en puentes y vías principales de circulación, retención masiva de motocicletas y megaallanamientos periódicos en barrios populares y villas. Estos suponen una metodología de ocupación territorial, lo cual implica que no hay una dirección específica de dicha intervención, sino que presupone a todos los habitantes –incluyendo a niños y adultos mayores– como sospechosos”, subraya el informe de la UCC y la UNC. “Es importante recalcar que casi la totalidad de los operativos se realizaron en barrios populares o villas, reiterándose los procedimientos en dos de ellas (Villa La Lonja y Villa Richardson). En todos los casos revisados se encuentra un alto número de detenidos, sumando un total de 668 en los 15 operativos conjuntos o simultáneos. Esto da por resultado un aproximado de 191 detenidos por mes en “razzias” y una media de 45 detenidos por operativos”, añade.
Los cuestionamientos contra estas nuevas medidas de seguridad dispuestas por el gobierno de Córdoba también provienen de la licenciada Alejandra Monteoliva, ex ministra de Seguridad de la provincia, experta en el tema de seguridad, y actual directora del Observatorio de Seguridad Ciudadana de Córdoba. “Yo no estoy de acuerdo con medidas que buscan policializar una ciudad. Es un atentado a la seguridad como bien público. Y esto tiene que ver con una concepción ciudadana. Tampoco considero a estos operativos de saturación como una política. Son sólo medidas de primeros auxilios, medidas coyunturales. Políticas de seguridad es otra cosa”, interpela la ex ministra. “Lo que realmente importa en materia de seguridad son las medidas a largo plazo. Y acá, por más operativos que haya en la ciudad, el delito no va a bajar. Lo que va a pasar, a mi entender, es una modificación del mismo”, añade la licenciada Monteoliva, quien a fines del año pasado debió abandonar el cargo, luego de los saqueos del 3 y 4 de diciembre, originados por la huelga policial.
Su implementación. El operativo saturación comenzó a implementarse en febrero de este año, luego de que el gobernador De la Sota leyese una encuesta que ubicaba al tema de la seguridad como el principal reclamo, y luego de enterarse de que el grueso de los delitos callejeros lo cometían los temibles “motochorros”. “Lo que hemos hecho es realmente estar presentes en todas partes porque la sociedad así lo estaba pidiendo y llevar seguridad es muy importante hoy. Así que quiero felicitar a la gente de la plana mayor de la policía, al jefe de policía, a todos los jefes regionales, a los oficiales superiores que están haciendo un gran trabajo que va a continuar de manera permanente”, aseguró el mandatario.
No es lo que entiende María Alejandra Ciuffolini, magister en Administración Pública, profesora de la Universidad Católica de Córdoba, una de las responsables de la investigación “Criminalización de la pobreza y judicialización” en Córdoba. “Desde hace más de 10 años venimos relevando y analizando la conflictividad principalmente en Córdoba pero también en provincias del noroeste. Desde un año antes a la sanción de la ley de seguridad pública (2005) se ha visto profundizar un modelo de acción estatal frente a los conflictos sociales y políticos, que consiste básicamente en la represión de los mismos. Esto vulnera de manera flagrante el derecho a la libre expresión, así como también a lo que en un estado de derecho y democrático se entiende como espacio público”, explica ante Veintitrés la doctora Ciuffolini.
Este cronista procuró hablar con Matías Pueyrredón, secretario de seguridad de la provincia, para conocer su posición respecto de estos cuestionamientos que están recibiendo los “operativos saturación”. Su secretaria quedó en hablar pero nunca lo hizo. Quien sí lo hizo, ante los medios, fue el comisario Julio César Suárez, jefe de la Policía de Córdoba. “La gente está harta de que los motochorros hagan lo que quieran, que se muevan por cualquier punto de la ciudad haciendo desastres. Esto nos movilizó para hacer frente a este flagelo”, aseguró el jefe de la policía, quien además reveló que por estos operativos, aplicados por lo que marcan las encuestas, el 90 por ciento de la fuerza está en las calles.
Asimismo, algunos vecinos de la ciudad, cansados de tantos robos y arrebatos, también respaldaron estas medidas dispuestas por el gobierno de De la Sota. “Espero que funcione, porque estamos cansados de los robos de todo tipo y a toda hora. Hacía meses que veníamos reclamando presencia de la policía en las calles, y ahora la tenemos” dijo ante Veintitrés Esther F., de Argüello Norte, un barrio acechado por los robos.
Cifras. Según el informe del equipo “Llano en Llamas”, que hace 11 años se dedica a la investigación de problemáticas sociales, en relación a cómo afectan estos operativos a los sectores más pobres de Córdoba, sus cifras son más que elocuentes. “En febrero se realizó sólo un operativo con 32 detenidos; en marzo 3 operativos con 77 detenidos; en abril 14 operativos que alcanzan los 279 detenidos, y en el mes de mayo 13 operativos con 280 detenidos. Es decir, un total de 668 en los 15 operativos conjuntos o simultáneos. Esto da por resultado un aproximado de 191 detenidos por mes en razzias y una media de 45 detenidos por operativo”, destaca.
Además, en cuanto a los métodos con que la policía lleva adelante las razzias, se destaca que “la mayoría de los casos se registra también una nueva modalidad de tratamiento de los detenidos, los cuales son expuestos entre vallas en el espacio público. De los 31 operativos relevados, un total de 23 contaron con corralitos y exposición pública de los detenidos (74% de los casos)”.
Por último, en el informe de la Universidad Católica y Universidad Nacional de Córdoba se concluye que la represión y la judicialización de la protesta social es otra de las características principales del gobierno provincial en materia de seguridad pública. “La represión y judicialización de la protesta/lucha social es otro rasgo sobresaliente del dispositivo de seguridad cordobés”, destacan desde el equipo “Llano en Llamas”. “La selección estatal de un acto de protesta como “ilícito penal” constituye un supuesto de criminalización ilegítima, o de “criminalización de la protesta” porque el acto de protesta está amparado en el ejercicio legítimo de un derecho. El tremendo poder coercitivo que se despliega contra quien es imputado en un proceso penal ha sido utilizado por la administración de justicia como una auténtica herramienta de disciplinamiento sobre los manifestantes. En el período que va desde abril de 2013 a junio de 2014 (14 meses) se registraron 9 acciones colectivas criminalizadas, donde resultaron detenidas/judicializadas 82 personas”, añade.
Al respecto, el abogado Lucas Crisafulli, profesor de la Catedra de Criminología de Derecho e integrante del Observatorio de Derechos Humanos de la UNC, sostiene que nada de lo que pasa es casualidad. “El operativo saturación es una profundización de la política de mano dura que se viene desarrollando en Córdoba desde el año 2004, donde empezaron a aumentar de manera estrepitosa la cantidad de detenidos por el Código de Faltas. Lo que se ha hecho a partir del 3 o 4 de diciembre es procurar mejorar la imagen de la policía que padece una imagen totalmente deteriorada después de lo que fue el ‘narcoescándalo’ y el autoacuartelamiento policial”, explica Crisafulli.
Lo propio sostiene Emiliano “Gringo” Salguero, miembro de la agrupación HIJOS e integrante de la Mesa de Trabajo de los Derechos Humanos, quien ante Veintitrés, entre otras cuestiones, remarca que los detenidos en las pinzas y las razzias, en su mayoría (82%), son por el controvertido Código de Faltas, es decir, falta al derecho contravencional, que en este momento está siendo revisado por la Legislatura Unicameral de Córdoba por sus múltiples cuestionamientos. “Todo, las pinzas, razzias y corralitos, se ha hecho en barrios de la periferia, los barrios más pobres de la ciudad. Y de las personas detenidas, muy pocas tuvieron que ver con el delito o la posible presunción de delito. Sino que casi todas fueron detenidas por el Código de Faltas”, remarca Salguero.
“Estamos ante un paradigma de seguridad que se viene ejecutando desde el 2004, es decir, tiene ya 10 años, y donde se ha ido reforzando de manera creciente el aparato represivo. Esto se advierte tanto en la incorporación permanente a la fuerza policial de nuevos recursos humanos (las cifras hablan de alrededor de 22.000 efectivos) y también en los recursos económicos”, concluye la licenciada Ciuffolini, de la UCC, responsable del informe que muestra cómo los conceptos seguridad y derechos, en plena democracia, no son para todos y todas.
http://veintitres.infonews.com/nota-32050-sociedad-Saturados.html
