Actualmente el proyecto de Reforma del Código Procesal Penal en la provincia de Corrientes se encuentra en tratamiento en la cámara de diputados, con media sanción en la cámara alta provincial. La comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General, es una de la que estudia la reforma y es presidida por el diputado, Manuel Sussini. Según una encuesta, en distintos formatos, personal, telefónica y en las redes sociales, se concretó que el 64% de los correntinos estarían de acuerdo con tal reforma.
La iniciativa fue de Sussini, y el objetivo fue conocer la opinión de la ciudadanía correntina, como primera y fundamental medición para continuar con el análisis respectivo. “El cuerpo legislativo debe ser acabadamente analítico y crítico de un proyecto de reforma; nuestro objetivo será lograr una normativa que responda efectivamente a la situación social actual”, afirmó el legislador de Compromiso Correntino.
Merece ser recordado que la Comisión de Asuntos Constitucionales está conformada, además de Sussini, por los diputados: José Mórtola, Laura Vischi, Analía Bestard y Miguel Ángel Salvarredy.
La estadística se conformó con una totalidad de 425 encuestados. Dichas encuestas se realizaron con un cuestionario de preguntas, de manera personal en distintos puntos de la Capital; otras se realizaron telefónicamente, considerando las localidades más importantes de la provincia, teniendo en cuenta la cantidad de población en cada lugar. Donde se logró recaudar la información que 153 personas, equivalentes al 36% de los encuestados, no creen en la necesidad de una reforma.
Por su parte, el desconocimiento también jugó un rol fundamental en la votación. El porcentaje de las personas que en un primer momento dijeron no estar de acuerdo con la reforma, presentaron un nivel bajo de conocimiento, en los puntos más transcendentes de la reforma, que inclusive son tratados por los medios de comunicación locales a diario.
Es importante destacar, que la provincia de Corrientes cuenta con un Código Procesal Penal que data de los años ’70, lo cual pone de manifiesto que es necesario al menos un profundo análisis para considerar cambios de calidad que se amolden con las necesidades sociales actuales. “Debemos ser precavidos en las facultades que se otorgarán a los actores del proceso penal, así como también en la dinámica y el desarrollo de las etapas procesales que nos permitan una correcta concatenación de los procedimientos”, concretó Sussini.
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