Ricardo Colombi Gobernador de Corrientes

El Código Procesal Penal está en tratamiento en la Cámara de Diputados. Allí se está analizando y por supuesto que todo lo que sea modernización, bienvenido sea, pero hay diferencias y es difícil congeniar 30 voluntades, por lo que hay que buscar puntos en común.
Discrepó con el titular del Superior Tribunal de Justicia, Guillermo Semhan acerca de la relativa importancia del aspecto económico. “Lo económico es importante y siempre juega en todos los aspectos. Por eso hay que prever de dónde se van a generar los recursos porque a veces se presentan muchas leyes pero no su financiación, entonces se vuelven inaplicables.
Gustavo Canteros Vicegobernador Presidente del Senado
Nosotros ya tratamos el Código Procesal Penal y lo aprobamos con la mayoría de los votos. De hecho, en el Senado sólo se registraron dos abstenciones, de las senadoras Nazar y Martínez Llano.
Es decir que llegado el caso, el cuerpo debería insistir en su posición. Salvo que Diputados vaya a ver alguna variante que nosotros no vimos y que haga que los senadores revisen su voto.
Guillermo Semhan Presidente del Superior Tribunal de Justicia
El actual Código Procesal Penal de Corrientes es inconstitucional. Por eso con la doctrina, jurisprudencia y acordadas que hemos ido dictando, lo hemos acomodado para adaptarlo al proceso judicial actual y evitar nulidades”.
El Código actual es de base inquisitiva y se requiere pasar a uno que respete las garantías y paradigmas de los procesos actuales.
Lo económico es lo que menos preocupa, porque primero se debe contar con la norma, luego determinar las clausulas transitorias necesarias y posteriormente comenzar con el proceso de aplicación para adecuar el mundo cultural al nuevo proceso oral.
Hay que producir un cambio cultural en magistrados, funcionarios, abogados y en la formación académica. Pero una vez que tengamos la norma se debe comenzar en algunas ciudades preparadas sobre todo en cuestiones edilicias y donde hay jueces preparados en cuestiones de litigio penal.
Con esta nueva ley, los procesos judiciales van a ser públicos, abiertos, filmados y con respuestas sin expedientes, que se van a suplantar por legajos.
No obstante, el proceso es progresivo y somos buenos administradores, por lo cual, las reformas necesarias son posibles. Tanto legisladores como funcionarios provinciales y hasta el Gobernador estamos de acuerdo en que este Código Procesal no va más y necesitamos un cambio porque esta normativa no da repuestas a la sociedad.
 Jorge Buompadre catedratico, vice decano de la Facultad de Derecho.
Presidio la Comision Redactora
Creo que son aspectos relevantes de la reforma procesal penal que proponemos, los siguientes:
a) En primer lugar, me parece que una característica muy importante es que, al reemplazarse el “expediente judicial” (que queda eliminado) por un sistema de audiencias orales en todos los tramos del proceso, se lo dinamiza y simplifica enormemente, con lo cual se producirá un acortamiento de los plazos que beneficiará no sólo a las partes en litigio (Ministerio Público, víctima e imputado), sino al Estado mismo, ya que implicará un ahorro de gastos en papeles, tiempo y recursos humanos. Dicha dinámica significará que los “casos judiciales” (que actualmente pueden durar varios años) terminarán en un plazo razonable, que nunca podrá exceder de dos años. La investigación penal preparatoria no puede exceder los seis meses, que es el plazo máximo de duración. En la actualidad existen montañas de expedientes que ya han superado los 5 o 10 años de duración.
b) Por otro lado, se establecen los “criterios de oportunidad”, que permitirán no sólo desburocratizar y descomprimir el proceso buscando solución para todos los casos, sino que darán respuesta a todas aquellas cuestiones o conflictos de escasa gravedad y que en la actualidad no son receptados por el sistema penal, porque los jueces se ven en la necesidad de “seleccionar” los casos por cuanto no les alcanza el tiempo para dar tratamiento a todos los que ingresan al sistema.
Gabriela M. A. Aromí jueza, Integrante de la
Comision Redactora
El sistema que nos rige, además de tener graves reparos constitucionales es lento, costoso, burocrático e ineficiente. El principal reparo constitucional al CPP vigente reside en la afectación a la garantía de la imparcialidad del juez.
La confusión de los roles de acción y de jurisdicción heredada del sistema inquisitivo, se advierte nítidamente en la figura del Juez de Instrucción que investiga, valora su investigación y controla la acusación del fiscal basada en el auto de procesamiento que él mismo dictó.
Esta confusión revela claramente la inconstitucionalidad del sistema vigente en nuestra Provincia.
La reforma procesal penal requiere del compromiso de los tres Poderes del Estado.
El proyecto que se debate en la Cámara de Diputados es sólo el primer paso de un largo proceso.
Una nueva ley no cambiará la realidad pero nos permitirá avanzar en la implementación escalonada del nuevo modelo de justicia. Se ha optado por el sistema de implementación escalonada (que han seguido la mayoría de los países de América Latina y de las Provincias Argentinas en procesos de reforma) porque la magnitud del cambio requerirá el diseño de nuevos modelos de organización, de gestión y de capacitación de los operadores.
Este proceso llevará tiempo y demandará inversiones que se deberán presupuestar en forma responsable y consensuada, optimizando los recursos materiales y humanos existentes en cada circunscripción judicial.
Es importante mencionar que se han implementado reformas en contextos más adversos al de nuestra provincia.
Esperamos que este año al celebrarse una década de la presentación del primer proyecto de reforma, Corrientes tenga un nuevo CPP que nos permita avanzar en la construcción de un sistema de justicia democrático, transparente y eficaz.
César Sotelo Fiscal General de la Provincia
Es el jefe de los fiscales en la actualidad y lo seguirá siendo con el nuevo Código, pero muchas de las críticas (más allá de su fundamentación) que recibe el proyecto, reside en que supuestamente Sotelo detentará aún más poder que el que ahora ostenta.
Ante ello, el fiscal reflexiona: “Todos los catedráticos y referentes del mundo tribunalicio local trabajaron en la redacción del proyecto que busca encuadrar a la provincia y sacarla de la inconstitucionalidad actual. Quienes dicen lo que dicen sobre la Fiscalía deberán hacerse cargo de sus responsabilidades políticas.
Pero el Código será mejor, más ágil, definirá roles. En definitiva, aportará a la calidad institucional y dotará a la Justicia de una herramienta formidable. Queremos la ley y después analizaremos las cuestiones presupuestarias, porque además este plan es escalonado. Estamos de acuerdo con el doctor Semhan en el planteo”.
Sergio Flinta Senador, Presidente de la  Unión Cívica Radical
“El Gobernador como jefe del Estado, está decidido a avanzar con la reforma y lo dijo. Advirtió sobre las cuestiones presupuestarias, por razones obvias, pero avanzaremos.
Nosotros desde el Senado avalamos el proyecto. Ahora falta que los diputados decidan, pero ellos fueron los que iniciaron el planteo hace 3 años, así que veremos cómo se desarrolla. Pero el nuevo Código es necesario porque moderniza todo el proceso; acorta los plazos, delimita las funciones de los fiscales y los jueces y entre otras cosas regionaliza la provincia”.
 Rubén Bassi Senador, Presidente
del bloque del FPV
“Esperamos que el tratamiento avance en Diputados. Tienen la autonomía para hacerlo. La Policía Judicial es una necesidad, pero al momento de nombrar fiscales, pedimos que éstos sean idóneos”.
 Ricardo Villar
Presidente del Colegio
de Abogados
“El Colegio de Abogados está a favor, inclusive formamos parte de la comisión redactora. Los cambios contribuirán a la celeridad del proceso. Además se garantizará más seguridad jurídica tanto a las víctimas como a las partes imputadas. También comprende la creación de una serie de institutos, como es el caso de la policía judicial que con el tiempo permitirá mayor celeridad a la investigación”.
Marisol Molina
Vocal de la Federación de
Colegios de Abogados
“Desde la Faca estamos a favor de la sanción del nuevo código. La ciudadanía espera que se apruebe porque hoy todas las causas están dormidas en los juzgados de instrucción. En la actualidad tenemos un sistema escrito, en cambio con la reforma se establecerá la oralidad y todo va a ser más rápido. Se evitará que las causas prescriban por el transcurso del tiempo. No hay voluntad legislativa para aprobar este Código. Si a esta altura no ha salido, es porque no hay voluntad para que ocurra. Hay que sincerarse con la sociedad y explicar las razones”.
Verónica Torres
Decana de la Facultad
de Derecho
“La Facultad de Derecho participó de forma activa en la elaboración de este último proyecto de reforma del Código Procesal Penal. Consideramos que representará un avance muy importante del sistema, más adecuado a los principios constitucionales que rigen la materia. Se garantiza la visión imparcial que tiene que tener el juez. Por eso deben investigar los fiscales, no el juez. El nuevo código favorecerá además la celeridad del proceso, a través de la oralidad. Es muy importante para el acortamiento de los plazos. Una justicia que se demora termina no siendo justicia. Tendrá que haber un compromiso de los poderes del Estado para la inversión que se deberá hacer para la aplicación de los cambios. Además de la capacitación desde la facultad en este nuevo proceso. En el ámbito político, se deben trabajar para alcanzar los consensos, explicando y hablando respecto a lo que implica este cambio para zanjar todas las dudas. Por eso los operadores y actores del derecho deben acercarse hasta la Legislatura y dar a conocer las experiencias de otras provincias. Hay que empezar por algún punto”.
 Analía Durand de Casis
Presidenta del Colegio
de Magistrados
“La posición del Colegio de Magistrados es clara respecto a la conveniencia de sancionar la reforma al Código Procesal Penal, pero que se escuche a todos los sectores que quieren opinar, al Ministerio Público, los jueces, los secretarios. Es decir, a todos los operadores del Derecho. Nosotros mantenemos esa posición, no hemos variado.
Hace más de cinco años que estamos tratando de que este proyecto se sancione. Con el transcurrir del tiempo, algunos jueces y funcionarios tienen inquietudes sobre la operatividad futura del proyecto. Eso es lo que nosotros queremos, que se le dé la oportunidad de exponer y fijar algunas ideas centrales respecto a cómo deben ser las leyes reglamentarias porque se trata de un cambio muy grande.
Las decisiones políticas tienen otro componente diferente a la visión que tenemos los juristas. Nosotros vemos la necesidad de que Corrientes se incorpore a esa corriente de pensamiento de la transformación del proceso penal que ya se ha hecho en la mayoría de las provincias argentinas y en Latinoamérica también, pero necesitamos la ley que es la herramienta básica y a partir de ahí empezar a hacer las transformaciones”.
Juan Ramón Alegre
Catedrático, Secretario del STJ, redactor del proyecto
“La importancia es que a través de la reforma se cumple con las pautas constitucionales. Juez imparcial. La víctima en el proceso penal y fundamentalmente el acortamiento de los tiempos en el juzgamiento de los casos. Se compacta la investigación que se realiza en forma directa sobre el lugar donde ocurren los hechos y con la dirección técnica del Ministerio Público. El juzgamiento se garantiza a través de la intervención del juez imparcial que no forma parte de la investigación.
Además se prevén salidas alternativas para la resolución de los conflictos, como la suspensión del juicio a prueba, la mediación, la conciliación, juicio abreviado, juicio de flagrancia y juicio directísimo. Que son herramientas procesales que permiten un juzgamiento rápido, respetando las garantizas constitucionales pero sin formalismos innecesarios”.
Buenaventura Duarte Fiscal de Instruccion N° 1
“Lo importante de la reforma es que se adaptaría el Código a las convenciones internacionales. Porque nuestro Código tiene muchas normas procesales que son inconstitucionales. De una vez por todas se va a dirimir la cuestión de que el juez garantice el debido proceso y la defensa en juicio. Y que la investigación esté exclusivamente a cargo del Ministerio Público Fiscal. Esa diferenciación ya nos pide la convención de los derechos humanos.
Con esta norma procesal se pone en funcionamiento una serie de institutos como ser el juicio abreviado, la mediación, el juicio directo, entre otros que acelerarían considerablemente algunos procesos. Por primera vez se deja bien establecido qué derechos tiene la víctima y se establece un sistema de control de la víctima hacia los pasos que siguen la investigación. Es una norma que cambia totalmente el sentido de lo que es el proceso y los derechos de la víctima poniéndola en un parangón similar al imputado. Estamos muy de acuerdo con las expresiones del presiente del Superior Tribunal de Justicia que hizo punta para pedirle a los legisladores que le den al proyecto la importancia que se merece”.
Héctor López
Diputado, presidente del bloque de la UCR
“El análisis del Código Procesal Penal no se demora. Están en las comisiones respectivas y se harán las consultas que se crean correspondientes.
No puedo hacer una referencia de la iniciativa. Recién lo estoy hojeando. Es un proyecto importante y es nuestra obligación saber qué modificaciones le acarrearía a la economía provincial.
Que la iniciativa haya sido girada a tres comisiones no significa que se demore o que exista intenciones de cajonearla”.
 Omar Yung
diputado (panu), presidente de la comisiOn de seguridad
“El proyecto de reforma fue girado a 3 comisiones en Diputados, una de ellas fue Seguridad, que preside  Omar Yung, quien dijo: “No tenemos apuro en el análisis del Código. Iniciamos el estudio y en breve nos reuniremos con los integrantes de la Federación Empresarial de Corrientes (Fecorr). Ellos solicitaron reunirse con nosotros. Tienen interés en que el proyecto sea aprobado”.
José Mórtola
Diputado, presidente del bloque del FPV
“La reforma se está estudiando, se va a convocar a todos los actores necesarios para la pluralidad del debate. Personalmente considero que se debe debatir la instauración de la policía judicial, que demandará un presupuesto importante y no resta mucho tiempo, ya que el Gobierno debe comenzar a hacer cuentas para el próximo año”.
Manuel Sussini
Diputado, presidente Com. de Asuntos Constitucionales
“Cada diputado que integra la comisión tiene un copia del proyecto. Lo están analizando. No hay apuro, buscamos que todos los actores judiciales participen y puedan opinar.”
http://www.ellitoral.com.ar/es/articulo/315377/Voces-sobre-el-proyecto