Asociamos policía a uniforme, armas, garrote, patrulleros, gorra, y también coima, gatillo fácil, complicidad con el delito. Alumnos de una escuela del Conurbano Bonaerense en un trabajo desplegado en el programa Jóvenes y Memoria de la Comisión Provincial por la Memoria, hicieron un mural con el perfil de un policía uniformado, garrote en mano, y debajo una inscripción decía: “¡Peligro! Policía suelto”. Esos alumnos, pobres, jóvenes, sufren en carne propia la actuación policial y reflejan en su decir cómo sienten al uniformado. No es un protector de su seguridad, ni garante de sus derechos, sino perseguidor, golpeador, reclutador para que robe, o disparador de gatillo fácil en la espalda o la nuca. Luciano Arruga, desaparecido en el destacamento policial de Lomas del Mirador, o los jóvenes baleados en José León Suárez, son breves ejemplos de esa calidad policial.
Esa fuerza armada de más de 50 mil efectivos de la Bonaerense, cuya estructura, organización y composición debería ser revisada con urgencia, nada tiene que ver con la Policía Judicial que se creará desde cero.
Hace décadas que propugnamos contar con una Policía Judicial hoy inexistente. En el anteproyecto de Código Procesal de los ’60, elaborado por los doctores Ozafrain, Cortina, Ghione y Masi, se preveía la Policía Judicial para colaborar con los jueces en el esclarecimiento e investigación de los delitos. Una policía del Poder Judicial, no del poder administrador. No una policía numerosa, sino reducida, profesional, civil, del Poder Judicial. Con la reforma constitucional del ’94 se estableció un mandato para que la Legislatura la crease, pero hasta hoy es asignatura pendiente.
Conciente de la necesidad ineludible de contar con esta institución, la CPM se dedicó a elaborar un anteproyecto de ley. Para su redacción sumó a las propias, opiniones plurales provenientes del ámbito judicial, académico, político, sindical, de colegios profesionales y organismos de Derechos Humanos. Se trabajó fuerte y duro en un largo proceso de decantación y análisis. El texto logrado es sistemático, exhaustivo, novedoso, que habilita dar un salto cualitativo en la materia creando una Policía Judicial de excelencia como nos merecemos en la provincia.
El Poder Ejecutivo provincial destacó públicamente que el de la Comisión Provincial por la Memoria era el mejor proyecto elaborado, y lo manifestó en una reunión encabezada por el jefe de Gabinete, Alberto Pérez, y decidió tomarlo como propio. Después de darle el formato definitivo lo elevó a la Legislatura para su tratamiento, señalando que es “imprescindible dar operatividad a la previsión contenida en el artículo 166 de la Constitución Provincial, vigente desde el año 1994”, para luego afirmar que “redundará en la eficiencia de la justicia, representando un aporte relevante en materia de seguridad al potenciar la investigación de delitos cometidos por bandas organizadas, de delitos complejos, homicidios dolosos y de aquellos cometidos por funcionarios públicos, asegurando a la par el pleno respeto por los Derechos Humanos y las garantías constitucionales.”
Esta Policía Judicial, integrará el Poder Judicial. Ello permitirá investigar con independencia y sin compromisos al propio poder político y a la misma fuerza policial actual, muchas veces entrelazados en alianzas delictivas que van acompañadas de garantías de impunidad. Me apresuro a responder a quien estará pensando que esto es una misión imposible, y que desterrar la corrupción y el delito negro no se puede. El tiempo lo dirá y dependerá de nosotros que cambie el paradigma y no sea más de lo mismo.
Advertimos que algunos elementos contenidos en el texto original de la CPM han sido suprimidos o remplazados por el Poder Ejecutivo. Ciertas modificaciones mejoran la redacción, sobre todo en aspectos terminológicos o formales, pero otras cuestiones esenciales de nuestro proyecto original debemos rescatarlas, defenderlas en el debate parlamentario y garantizar su incorporación al texto definitivo. Es que esas cuestiones tienen que ver, precisamente, con la transparencia y los controles. Debemos asegurar las audiencias públicas para la selección de los funcionarios de la Policía Judicial, profesionales y expertos en las diversas materias de las áreas a crearse. Evaluar los recursos existentes. Garantizar que no pueda ingresar no sólo ningún agente de la Policía Bonaerense, sino tampoco un integrante de las fuerzas privadas de seguridad, que en muchos casos son sitios de reciclaje de la misma corporación policial. Debe asegurarse una Policía Judicial, horizontal, civil, por oposición a la vertical y militarizada, y que reciba una formación académica inicial, y cursos de perfeccionamiento y capacitación dentro de un plan estratégico. El ingreso no puede ser discrecional, sino por concursos, públicos, con jurados imparciales y de alto nivel.
Se abre ahora el debate legislativo. Seguramente, se ejercerán presiones corporativas, frontalmente opositoras, o gatopardistas que pretenderán endulcorar el proyecto para que todo siga más o menos igual. La gran tarea es analizar, profundizar el conocimiento del proyecto, difundirlo, lograr una amplia participación de la sociedad civil en audiencias públicas, convocar a especialistas, letrados, organizaciones sociales y de Derechos Humanos, para que los legisladores se sientan acompañados y asesorados en cada cuestión. Debemos lograr que esta ley se sancioné con votación amplia apuntando al consenso, para que se tome la cuestión como una política de estado. La ley de la Policía Judicial debe incidir como herramienta transformadora para desterrar vicios y lograr una justicia más eficiente, que esclarezca los delitos complejos y desentrañe los armados de redes delictivas que producen inseguridad por vía de la impunidad.
Esta ley marcará un antes y un después en el afianzamiento del sistema republicano de gobierno, pero aún quedan otras asignaturas pendientes: a) la autonomía de los defensores públicos, hoy subordinados al jefe de los fiscales (paradoja indescifrable); b) la necesidad de dar trasparencia a la designación de jueces, fiscales y defensores. A un cargo en el Poder Judicial no se debe acceder por un puntero local o amiguismo político. La última palabra en la elección del candidato la tendrá la autoridad política, pero previa selección objetiva y neutral de los mejores aspirantes; c) la creación de un mecanismo provincial de prevención de la tortura. El imperativo surge de un tratado internacional que la Argentina suscribió entre los primeros países. El órgano no debe ser burocrático y debe estar integrado por figuras intachables, libres de toda sospecha de connivencia y complicidad con el poder del sistema.
Como copresidente de la Comisión Provincial por la Memoria y en nombre de mis compañeros, expreso nuestra profunda satisfacción por haber conjugado los aportes que permitieron estructurar el proyecto de Policía Judicial, y celebramos que el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires haya tomado la iniciativa de enviarlo a la Legislatura.
Esta ley marcará un antes y un después en el afianzamiento del sistema republicano de gobierno, pero aún quedan otras asignaturas pendientes: a) la autonomía de los defensores públicos, hoy subordinados al jefe de los fiscales (paradoja indescifrable); b) la necesidad de dar trasparencia a la designación de jueces, fiscales y defensores. A un cargo en el Poder Judicial no se debe acceder por un puntero local o amiguismo político. La última palabra en la elección del candidato la tendrá la autoridad política, pero previa selección objetiva y neutral de los mejores aspirantes; c) la creación de un mecanismo provincial de prevención de la tortura. El imperativo surge de un tratado internacional que la Argentina suscribió entre los primeros países. El órgano no debe ser burocrático y debe estar integrado por figuras intachables, libres de toda sospecha de connivencia y complicidad con el poder del sistema.
Como copresidente de la Comisión Provincial por la Memoria y en nombre de mis compañeros, expreso nuestra profunda satisfacción por haber conjugado los aportes que permitieron estructurar el proyecto de Policía Judicial, y celebramos que el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires haya tomado la iniciativa de enviarlo a la Legislatura.
http://tiempo.infonews.com/2012/02/15/editorial-1151-crear-una-policia–judicial-de-excelencia.php
