La semana pasada, el ex-presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, envió un discurso en video para la apertura del Foro “Drogas: un Balance a un Siglo de su Prohibición” que se desarrolló en el Distrito Federal de México. Cardoso parece llegar a la misma conclusión que el informe de la ONU.

“La violencia y la corrupción asociadas con el trafico”, dice  en la grabación, “alcanzaron tal nivel que las instituciones democráticas y la esencia misma de la vida social están bajo ataque en varios países latinoamericanos. La políticas represivas basadas en la erradicación de la producción, interdicción del envío de narcóticos y la criminalización del consumo han fracasado”. Cardoso propone cambiar el paradigma: pasar del prohibicionismo a una política de regulación legal y social de las drogas.

El debate sobre la legalización de las drogas está más activo que nunca. El puntapié inicial lo dio La Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, creada por el propio Cardoso con los ex presidentes Carlos Gaviria de Colombia y Ernesto Zedillo de México. Llegaron a una conclusión clara: “Los programas antidrogas son ineficientes en el mejor de los casos, y contraproducentes en el peor. La fracasada guerra contra las drogas ha fortalecido el crimen organizado, desestabilizado gobiernos, violando derechos humanos y devastado vidas humanas por todas partes”. De esa Comisión participan personajes tan disímiles como Paulo Coelho y Mario Vargas Llosa.

En Centroamérica

Los presidentes en ejercicio también debaten el tema. Otto Pérez Molina, el derechista presidente de Guatemala -un ex general que ganó las elecciones prometiendo ‘aplastar a la delincuencia’- declaró la semana pasada que la legalización de las drogas sería una solución viable para la seguridad en la región.

“La medida”, declaró Perez Molina, “es una alternativa que cada día toma relevancia y se debe abordar con seriedad, pues hemos notado que en México y Colombia ha sido difícil contrarrestar la demanda, pues se han desembolsado fondos, y lo que se ha logrado es la multiplicación de capos en ambas naciones”.

Guatemala tiene 13 millones de habitantes y un alto grado de incidencia de las pandillas y carteles de drogas mexicanos. La tasa de homicidios es de 41 por cada 100.000 habitantes, casi tres veces mayor que la de México.

El lunes, luego de una reunión con Pérez Molina el presidente salvadoreño Mauricio Funes, dijo estar dispuesto a adherirse a esa propuesta. “Como gobernante he dicho que estoy abierto a discutir y promover una discusión en mi país y sobretodo en la asamblea”, declaró en una conferencia de prensa.

La propuesta para el debate podría ser lanzada durante la cumbre de presidentes centroamericanos que se hará el próximo mes. La canciller colombiana María Ángela Holguín opinió que los participantes de la Cumbre de las Américas que se hará el 14 y 15 abril en Cartagena, también deberían abordar el tema.

Perez Molina declaró que había conversado al respecto con sus pares Felipe Calderón de México y Juan Manuel Santos de Colombia. En México, en los últimos cinco años el gobierno ordenó el despliegue militar para enfrentar los carteles del narcotráfico. Desde entonces murieron cerca de 50.000 personas en la llamada “guerra contra las drogas”.

Desde el gobierno de Calderón parecen rechazar la propuesta. “El problema del crimen organizado va mucho más allá de solamente la legalización de un producto, es como se ha manifestado aquí, un tema que incluso va más allá solamente de la atención al narcotráfico”, afirmó Alejandro Poiré, secretario de Gobernación de México, durante el foto que se celebró en el DF.

Colombia, presentada por los expertos como un ejemplo de lo que no hay que hacer en materia de drogas, no es ajena al debate. Santos, en cambio, dijo que “un nuevo enfoque debe acabar con las ganancias que para los violentos vienen con el narcotráfico. Si eso significa legalizar, y el mundo piensa que esa es la solución, le doy la bienvenida. No me opongo a eso”. También declaró que él no pensaba ser la vanguardia de este movimiento. De hacerlo, dijo, “sería crucificado”.

La reacción de Estados Unidos frente al planteo no se hizo esperar. La embajada estadounidense en Tegucigalpa publicó una declaración el mismo día de las declaraciones del presidente Perez Molina. Estados Unidos, señaló en el comunicado que la administración de Barack Obama “continúa oponiéndose a tales medidas porque la evidencia muestra que nuestro problema compartido de la droga es una gran amenaza a la salud pública y a la seguridad”.

La politóloga del Haverford College Anita Isaac agregó –a una agencia de noticias de Tegucigalpa- que el discurso de Pérez sobre el narcotráfico podría ser “astucia política” para presionar a que Estados Unidos envíe ayuda militar, que desde 1978 no llega al país de forma directa. La experta recordó que el año próximo se hará un fuerte recorte: la propuesta de presupuesto del Departamento de Estado para 2013 que se presentó el viernes pasado reduce la suma destinada a apoyar la lucha contra el narcotráfico en América Latina: de los 568 millones de dólares proyectados para 2012 a 476,4 millones.

El debate recién empieza

Para Graciela Touzé, referente de la Asociación Civil Intercambios –la ONG de Referencia en la Argentina-, el debate está signado por un situación cada vez más dramática. “En Centroamérica en general se ve venir una situación a la mexicana”, señala. Para la experta en leyes de drogas a nivel global, “hay un claro acuerdo de que este modelo que se viene aplicando no da para más”. Pero falta todavía “ver cuáles pueden ser los mecanismos para dar un paso más allá del debate. Cómo pasamos a un tipo de acción que concrete este cambio de paradigma. El desafío a corto plazo es de qué modo avanzamos a estrategias completas que salgan del plano discursivo”.

¿Qué situaciones se pueden usar de ejemplos concretos para avanzar en el debate? La mayoría de las voces señalan que el modelo a seguir es Portugal, que desde hace diez años -de forma bastante silenciosa- quitó el uso de drogas de la esfera penal. “Los resultados”, dice Touzé, son “sumamente auspiciosos, en términos de estabilizar e incluso bajar los índices de consumo, reducir la tasa de problemas de salud asociados como el VIH y reducir el pequeño delito asociado a drogas”.

En países europeos como Suiza existen programas experimentales de provisión legal de heroína, retirando a buena parte de los usuarios problemáticos de esta droga del mercado ilegal, cambio que permitió mejorar las condiciones sanitarias y alejarlos de situaciones de criminalidad. En España existen los clubes sociales de cannabis: cultivadores y consumidores que se auto abastecen y se desconectan del mercado ilegal. Allí la situación es compleja: están permitidos por ciertas normas, pero cada tanto reciben allanamientos y sus líderes son encarcelados.

En cuanto a cómo tratar al narcotráfico, todavía no hay enfoques alternativos de éxito. En Portugal se dejó de poner el foco en los pequeños eslabones y se concentró en los grandes vendedores, lo que redujo los índices de violencia.

“Uno puede hablar”, señala Touzé, “de la ventaja de los mercados regulados. Hoy estamos frente a mercados ilegales sin ningún tipo de regulación, que producen organizaciones criminales mucho más poderosas. Los programas de erradicación producen lo que se conoce como el efecto globo. Si un año Colombia aparece como el productor número uno y se instala una estrategia para reducir la producción, al año siguiente el primer puesto lo tendrá Bolivia. Las cifras no significan que estemos ganando la guerra contra las drogas. Las cifras no significan nada”.