La promesa del presidente estadounidense, Barack Obama, de cerrar la cárcel de Guantánamo cumplió seis meses esta semana, pero el gobierno liberó en ese período sólo a dos de los 166 presos, y aumentaron los abusos y el aislamiento de los detenidos. El vacío legal que rodea a los presos dentro de Guantánamo captó nuevamente la atención del mundo durante la primera mitad de este año, luego que más de cien detenidos se declararon en huelga de hambre. Sin embargo, desde entonces el velo de la indiferencia volvió a cubrir la cárcel militar. “De la misma manera que es imposible saber cuántos detenidos están en confinamiento solitario, tampoco sabemos cuántos siguen en huelga de hambre. Ni siquiera los abogados podemos hablar con todos nuestros representados”, contó Carlos Warner, uno de los abogados defensores designados por el gobierno de Obama.
La huelga de hambre había comenzado en febrero, luego de que el ejército asumiera la dirección de la cárcel y adoptara un trato mucho más violento hacia los presos que sus pares de la marina. La medida que desató la ira de los presos fue la revisión sistemática del Corán que cada uno de los detenidos tiene en su celda para cumplir con las cinco oraciones diarias. Luego de más de 100 días de huelgas masivas de hambre, en la actualidad se estima que alrededor de 14 presos siguen con la medida de fuerza, lo que significa que están aislados del resto de los detenidos las 24 horas y que son alimentados de forma forzada dos veces al día.
“En determinadas condiciones la alimentación forzada puede ser un trato cruel, inhumano y degradante, y en algunos casos, hasta una tortura”, consideró el relator especial de Naciones Unidas contra la Tortura, el argentino Juan Méndez, quien explicó además que la alimentación forzada es un procedimiento muy violento, que implica atar al detenido, introducirle tubos por la nariz hasta el estómago y forzarlo a aceptar la comida sin vomitar, algo que puede durar varias horas.
Mientras abogados y defensores de derechos humanos creen que la mayoría de los presos que adhirieron a la huelga de hambre de este año sufrieron en algún punto este procedimiento, hay un detenido que lo sufre todos los días desde hace más de seis años. Tariq Ba Odah, uno de los primeros presos de Guantánamo en 2002, se declaró en huelga de hambre en febrero de 2007 y desde entonces es obligado a comer, dos veces al día, por médicos y militares. Además de perder mucho peso, actualmente sufre de pérdida de la memoria, de insuficiencia renal, vomita sangre, tiene un constante dolor en las fosas nasales y no puede concentrarse para leer, según una carta que difundió a través de su abogado.
Hace cinco años, la Casa Blanca determinó que no tenía ninguna evidencia contra Ba Odah y otros 85 presos de Guantánamo, y aprobó su liberación. Sin embargo, Ba Odah es yemenita y el gobierno de Obama se niega a repatriar presos a un país donde, sostiene, la red de Al Qaida sigue activa. El relator contra la tortura destacó la liberación y repatriación de dos argelinos –que eran parte del grupo de los 86 presos aprobados– en agosto pasado y la designación de dos funcionarios especialmente encargados de planear el cierre de Guantánamo, uno en el Departamento de Estado y el otro en la cartera de Defensa.
Las pocas veces que Obama se refirió al tema culpó al Congreso de bloquear sus esfuerzos, al prohibir fondos y el traslado de presos a tribunales en suelo estadounidense. “Pero los expertos en Washington creen que Obama no necesita ir al Congreso ni aprobar ninguna ley. Es un problema político, no jurídico”, sostuvo Méndez.
Por eso, desde que Obama volvió a comprometerse a cerrar la cárcel de la base de Guantánamo, ubicada en una porción del territorio cubano, no sucedió gran cosa, según Méndez. En cambio, el gobierno estadounidense sí fue más agresivo en el plano judicial. El Departamento de Justicia actuó rápidamente en julio pasado, luego de que por primera vez un juez federal de primera instancia fallara a favor de un recurso de un preso de Guantánamo y prohibiera las llamadas revisaciones invasivas. “Cuando comenzó la huelga de hambre, en febrero, los guardias respondieron obligando a los huelguistas a someterse a una revisación de sus genitales cada vez que querían hablar por teléfono con sus abogados”, recordó Charles Abbott, abogado del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil). “Lo denunciamos ante los tribunales de Washington DC. El juez nos dio la razón, pero el gobierno apeló y ganó”, explicó.
El gobierno de Obama también fue enfático en sus constantes negativas a permitir visitas a Guantánamo de relatores especiales de la ONU como Méndez o de la propia Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sin precondiciones. “Sólo nos invita a partes determinadas de la cárcel, siempre acompañados por un funcionario, y nos niega el contacto directo con los detenidos”, denunció el relator de la ONU. Los únicos que tienen acceso a los presos son los funcionarios de la Cruz Roja Internacional y los abogados defensores.
Sin embargo, Warner no puede viajar a Guantánamo desde mayo debido a que un ajuste del presupuesto federal les quitó a él y a muchos de sus colegas los fondos necesarios para viajar a Cuba. “Desafortunadamente, Estados Unidos es uno de los pocos países del continente que no ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969 y, por lo tanto, no se somete a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, señaló Abbott, en referencia a la única instancia regional con poder real sobre los Estados. “Cerrar Guantánamo nunca fue una prioridad del presidente Obama”, concluyó Warner.
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