El Superior Tribunal de Justicia manifestó al Ejecutivo Provincial su «preocupación por la superpoblación y hacinamiento de personas privadas de libertad que se verifica en alcaidías y dependencias policiales». Los ministros del máximo tribunal le enviaron una nota al gobernador Oscar Mario Jorge solicitándole que arbitre medidas «de manera urgente» y sugiriéndole, al menos en forma temporaria, que considere la posibilidad de trasladar a los detenidos a espacios edilicios provinciales que brinden una estructura acorde a los requerimientos penitenciarios. Los jueces, además, hablaron de «la posibilidad de que se produzcan conflictos inminentes».
El escrito del STJ se produce semanas después de que se difundiera la crisis carcelaria que vive la provincia, producto de que el Servicio Penitenciario Federal no recibe condenados pampeanos en la Unidad Penal 4. Esto fue después de que se pidiera desde la Defensoría la «repatriación» de los detenidos que habían sido trasladados a penitenciarías en otros puntos del país. De esta manera, los detenidos locales, ya sea procesados o con pena, se acumulan en las cárceles en condiciones críticas. En varias oportunidades, ,los jueces de Ejecución de la provincia Mauricio Pascual y Martín Saravia inspeccionaron la alcaidía de Santa Rosa y advirtieron la situación de detención «inhumanas y degradantes» para los presos que se acumulan en celdas improvisadas. De hecho, hay más del 50 por ciento de la capacidad que tiene ese penal. La publicación de esta situación en LA ARENA a comienzos de marzo llevó a que el gobernador Jorge se reuniera con las autoridades del Ministerio de Seguridad para intentar destrabar la situación.
De acuerdo a la información emanada desde el STJ, el texto fue recibido por la Secretaría General de la Gobernación el 17 de marzo y está firmado por la presidenta Elena Victoria Fresco y los otros tres ministros que componen el cuerpo, Eduardo Fernández Mendía, Víctor Luis Menéndez y Hugo Oscar Díaz.
Allí se califica de «acuciante» la situación que atraviesa ese grupo de personas -cuantificada en dos centenas- y se señala que ello es debido a la falta de recepción de los detenidos por parte del SPF.
También se recuerdan las resoluciones notificadas por jueces de ejecución penal al Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad advirtiendo acerca de que cada vez más se están viendo afectadas las condiciones de seguridad, salubridad e higiene de los detenidos, lo que coadyuva a poner en riesgo la integridad de los agentes provinciales.
En ese contexto, el Superior Tribunal, «previendo la posibilidad de que se produzcan conflictos inminentes», le requirió al Poder Ejecutivo que arbitre las medidas que considere necesarias y apropiadas para solucionar el problema y que dé inmediata intervención a las autoridades correspondientes.
Además propuso, «ante la emergencia declarada públicamente respecto a alcaidías y dependencias policiales, que se evalúe la alternativa de hallar otros espacios físicos adecuados para albergar a los detenidos».
