Hace unos días se conoció la resolución del Ministerio de Seguridad bonaerense de reabrir los calabozos de dos comisarías de la Departamental Necochea que en 2011 habían sido clausuradas ante la necesidad, según se dijo en ese momento, de «profundizar el programa de humanización y mejoramiento de las condiciones de detención y a la vez seguir potenciando las tareas de prevención policial”.
La resolución 642, que parece una contramarcha de una medida que en su momento fue elogiada, provocó críticas desde distintos sectores políticos y judiciales, que consideran que esto no resuelve un grave problema de fondo y que es el resultado de años de falta de previsión e inversión en infraestructura carcelaria.
En lo que se refiere a nuestra región, la resolución 642 dispone la reapertura de los calabozos de las comisaría se Lobería y San Cayetano, que habían sido clausurados en 2011 junto a los de otras 47 dependencias policiales bonaerenses.
Dos jueces y un fiscal consultados por Ecos Diarios esta semana manifestaron su desacuerdo con esta medida, ya que supone un retorno a una etapa que ya parecía superada.
Además, esta medida parece volver a poner en el centro del debate la necesidad de que finalmente el gobierno provincial invierta en la construcción de una Alcaidía en nuestra ciudad, un proyecto impulsado por Ricardo Casal cuando se encontraba al frente del Ministerio de Seguridad bonaerense.
Decisión «desafortunada”
«Es una decisión absolutamente desafortunada”, manifestó a Ecos Diarios el juez Mario Juliano, integrante del Tribunal Oral Criminal de Necochea y director de la ONG Pensamiento Penal.
El letrado no sólo criticó la resolución, sino que en lo que se refiere a los calabozos de las comisarías que se pretende reabrir en nuestra jurisdicción, fue muy preciso respecto a que no se encuentran en condiciones para alojar detenidos.
«Son pocilgas, no puede haber personas detenidas ahí”, dijo el juez, quien dudó sobre las refacciones que se pretenden realizar en los calabozos de las comisarías de San Cayetano y Lobería.
Dijo que ninguna de esas dependencias cuenta con las condiciones edilicias para mantener a personas detenidas durante largos períodos y tampoco con el personal necesario.
El juez señaló que la medida parece responder a un modelo que pretende «incrementar el número de detenidos” ante el reclamo de la sociedad de más seguridad, pero que el «Estado no cumple con la necesidad de proveer condiciones dignas de alojamiento” para los presos. Por ello catalogó esta resolución de «irresponsable” y manifestó que las comisarías no pueden ser «depósitos de personas”.
Salida coyuntural
El Defensor General, Gerardo Moreno, también se manifestó en desacuerdo con la resolución ministerial y señaló que la aplicación de la misma no puede ser inmediata, ya que antes deben realizarse obras en los calabozos de ambas comisaría. «En Lobería hay que hacer muchas cosas”, indicó.
Afirmó que si este proyecto «no es una solución al problema” de falta de espacio para alojar presos, «más allá de que detrás de esto pueda haber una buena intención”.
Señaló que «los calabozos de las comisarías no son lugares dignos para el alojamiento de personas y no están preparados para albergar a personas con prisión preventiva”, por eso «pedimos la construcción de una alcaidía”.
Dijo que tampoco el personal policial está preparado para hacerse cargo de esta situación, ya que para ello existe el Servicio Penitenciario.
Opinó que la aprobación de esta resolución parece «una salida coyuntural a una problemática más extensa”.
Contradicción
El instructor judicial Enrique Fontana, a cargo de la Ayudantía Fiscal de Estupefacientes, remarcó que parece existir un contrasentido en esta medida, ya que «por un lado se reincorporó personal policial retirado para sacar más efectivos a la calle y por el otro se vuelven a habilitar los calabozos, con lo que se requiere destinar policías a realizar funciones de guardiacárceles”.
Fontana señaló que esta medida exige una logística para dar de comer a los presos y otras cuestiones para las que el personal policial no está preparado.
Obras para descomprimir  las celdas
Mientras tanto, el titular de la Jefatura Departamental Necochea, comisario Héctor Giglio señaló a Ecos Diarios que ya se comenzaron a realizar algunas de las refacciones necesarias en los calabozos de la Comisaría de Lobería y que desde el lunes se realizarán también en San Cayetano.
Las tareas estarían principalmente dirigidas a la reparación de mampostería, sistema eléctrico y plomería.
 El jefe policial indicó que al habilitarse los calabozos de esas dos comisarías se evitaría el traslado de personas detenidas en esas localidades a Necochea y Quequén, con lo que se descomprimiría el alojamiento de presos en las dos principales comisarías de la Departamental.
En la actualidad, las comisarías locales alojan a unos 27 detenidos. Los calabozos de la Comisaría Tercera sólo se utilizan para que puedan pernoctar las personas que cuentan con salidas laborales, mientras que la celda de la DDI es utilizada en situaciones especiales, como imputados de abuso sexual, policías o detenidos que requieren protección.
En tanto, los menores deben ser trasladados inmediatamente al Centro de Contención de Batán.
La situación más complicada es la de las mujeres, ya que únicamente son alojadas en la Subcomisaría de Juan N. Fernández.///
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