El Poder Judicial y el Poder Legislativo entraron en pugna en las últimas semanas, respecto de la necesidad o no de que el cuerpo colegiado sancionara una norma para avalar el plan piloto para reformar la instrucción penal preparatoria en Concepción. Mientras el parlamento exige tratar un proyecto de ley, ya que entiende que el programa modifica el Código Procesal Penal de Tucumán, el alto tribunal considera que las acordadas -resoluciones firmadas por integrantes del órgano- son válidas como base para sustentar los cambios.
En medio de este conflicto, Gonzalo Rúa, uno de los coordinadores del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip, ente contratado por la Corte para diseñar el programa) opinó que el por ahora suspendido plan piloto no afecta «facultades ni atribuciones de otros poderes del Estado provincial».
El abogado penalista Nicolás Brito, cercano a dirigentes peronistas, aguarda la resolución de la cautelar que planteó ante la sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo para detener la puesta en marcha del programa. Y, mientras tanto, le contestó Rúa, juez penal de Capital Federal. «Si (el magistrado) califica nuestro sistema de oscuro, rígido, secreto, encriptado y que ha demostrado absoluta ineficacia, le recuerdo que quienes lo ponen en práctica son los operadores penales, a quien les falta el respeto junto a la provincia toda», lanzó Brito.

 

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