En entrevista con El País, el presidente de la Suprema Corte de Justicia dijo que se debe «reenfocar» la legislación sobre drogas, porque la actual «ha demostrado ser ineficaz en la medida que hay más adictos». Advirtió que la internación compulsiva de adictos problemáticos sería jurídicamente viable siempre que sea dispuesta por un juez. Por otro lado, sobre los fallos que recientemente absolvieron a tres militares por crímenes de la dictadura, dijo que «son las reglas de juego». Sin embargo, reconoció que es complejo aclarar crímenes que ocurrieron hace casi 40 años. «Es difícil. La prueba se pierde, los testigos se confunden, los años pasan», sostuvo.

PABLO MELÉNDREZ

-¿Qué opina del proyecto que plantea legalizar la venta de marihuana?

-Sin haber visto el proyecto y sin ser un experto en el tema, lo que tengo claro es que la actual metodología para combatir las drogas ha demostrado ser ineficaz en la medida que tenemos cada vez más drogadictos y en sustancias más nocivas. Por ese motivo creo que se debe reenfocar el tema, pero no sé hacia dónde.

-¿No es contradictorio que sea legal el consumo pero no la compra de drogas?

-Inicialmente el consumo no era tolerado, pero luego se cambió y parece un contrasentido, porque la única opción que queda es la del autocultivo que también está prohibido, por lo que hay un entuerto muy complicado.

-El gobierno atribuye buena parte de los problemas de inseguridad a la venta y consumo de pasta base. ¿Coincide con ese diagnóstico?

-Es una droga muy perversa, dañina y con una potencialidad adictiva muy alta. Hace años, un forense me dijo que los consumidores de pasta base en una semana se transforman en adictos a la droga y en dos años están muertos. Terrible. En la inseguridad pública sin dudas que la pasta base es un factor importante.

-El Ministerio del Interior quiere aumentar las penas a los vendedores de pasta base. ¿Eso soluciona el problema?

-No hay una solución única, como en general ocurre con los problemas sociales, pero puede ser una manera de aproximarse al problema.

-Si la venta de pasta base se llega a transformar en inexcarcelable, ¿no se genera por otro lado un problema enviando más gente a cárceles que están hacinadas?

-Por eso digo que no es un tema sencillo. Hay que hacer muchas cosas y entre ellas, algo básico que habría que hacer, es construir más cárceles porque en Uruguay estuvimos muchos años sin construir un solo metro cuadrado de cárceles, aunque es cierto que en los últimos años se ha revertido esa situación. Estamos viviendo una situación de hacinamiento carcelario y el primer paso para solucionarlo es construir más cárceles.

-¿Usted considera que antes de agravar las penas de algunos delitos es necesario contar con más plazas carcelarias?

-Sí, y creo que el gobierno está en esa línea porque por ejemplo se amplió la cárcel de Canelones, se hizo la cárcel de Rivera, se hizo una cárcel espejo en Las Rosas de Maldonado, entre otras obras.

-¿Está de acuerdo con la internación compulsiva de adictos problemáticos?

-Depende de cómo se regule legalmente, pero siempre con la necesidad de la intervención judicial. Los principios generales de nuestra Constitución establecen que toda medida coactiva sobre la libertad debe ser dispuesta por un juez en base a una norma legal que lo habilite.

-Entonces, esta medida se podría aplicar pero siempre con intervención judicial, sino sería inconstitucional.

-Sin orden judicial se podría afectar el principio constitucional básico de la libertad. Todo lo que afecte la libertad de las personas hay que tratarlo con mucha seriedad y mucha ponderación.

-¿Está de acuerdo con penalizar las faltas exclusivamente con trabajo comunitario y no con multas económicas, tal como lo plantea el Ministerio del Interior?

-Me parece adecuado porque no tiene sentido penarlas con multa. En el proyecto de reforma del Código Penal que está a estudio del Parlamento se propone eliminar todas las faltas, cosa que en la situación de inseguridad que se siente no es una buena señal. Hay algunas faltas que están obsoletas, pero otras que tienen relación directa con la seguridad que deberían mantenerse.

-¿Usted se siente inseguro?

-No hay una respuesta unívoca. Depende del punto de referencia. Si me comparo con un ciudadano de Porto Alegre, San Pablo, Bogotá o Caracas me siento muy seguro, porque Montevideo en la región es una de las ciudades más seguras. Pero la cosa cambia si lo comparo con el Montevideo de hace 50 años. Por eso en los últimos años en mi casa tuve que tomar algunas medidas, como poner rejas en el jardín y alarmas en las puertas.

-Otra propuesta del gobierno para mejorar la seguridad es que los menores infractores no puedan recuperar la libertad sin cumplir un mínimo de un año de internación. ¿Le parece una medida adecuada?

-Yo considero que se deben establecer mínimos de reclusión -y ya lo he planteado en el Parlamento- porque sería una garantía para todos. Hay otro tema que es elevar los máximos, que es un asunto de discusión parlamentaria. Yo a nivel personal considero que las penas a los menores son benévolas. Pero en este punto hay que tener cuidado y buscar que los centros de detención de menores sirvan para su rehabilitación.

– En relación a los menores es difícil entender cómo muchas veces ante casos similares un juez decreta su internación y otro ordena su enjuiciamiento sin reclusión.

-Esa es una de las características que tiene el sistema, porque dentro de los márgenes legales los jueces tienen la potestad de aplicar la ley como estimen que corresponde. Por eso existen recursos procesales para evitar arbitrariedades en un sentido o en otro.

-En los últimos días, el Tribunal de Apelaciones Penal de 4° Turno, en dos casos distintos, absolvió a tres militares (uno de los cuales fue liberado porque no tenía otras causas en trámite) y lanzó duras críticas hacia los jueces que tramitaron los expedientes rompiendo la tendencia incluso de la propia Suprema Corte. ¿Cómo ve esa situación?

-Esto marca que los tres jueces que firmaron esas sentencias concluyeron que no había elementos para dictar los procesamientos.

-En uno de los casos el Tribunal es muy duro y señaló que se «crearon hechos» para procesar a los imputados.

-Son las reglas de juego. En un mismo caso un juez opina de una manera y luego tres jueces lo revisaron y concluyeron otra cosa. Es una expresión fuerte, pero seguramente el Tribunal debe tener sus razones para decirlo.

-¿Qué tan viable jurídicamente es aclarar con certeza un homicidio cuando pasaron casi 40 años?

-Es difícil. La prueba se pierde, los testigos se confunden, los años pasan.

-En la Rendición de Cuentas el Poder Ejecutivo desestimó casi todos los pedidos de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo valora esa situación?

-No lo valoro especialmente; es la visión del Poder Ejecutivo que solamente aprobó la creación de un Tribunal de Apelaciones. La Corte había planteado más creaciones y aumentos salariales. El martes estamos citados por la Comisión de Presupuesto y Haciendo del Senado para defender nuestra propuesta. Comparativamente cada vez tenemos menos recursos y más demanda del servicio. Antes de la dictadura, el porcentaje de participación del Poder Judicial en el Presupuesto nacional se ubicaba entre en 2,5 y el 3%. Después de la dictadura, jamás alcanzamos el 1,5% y hoy en día estamos en 1,82%, menos de la mitad.

-El proyecto de la Suprema Corte incluía algunos cambios procesales que no implicaban gasto alguno y aun así no se tuvieron en cuenta.

-Es cierto, y por eso vamos a insistir en eso.

-¿Desmotiva a los jueces el hecho de que el Poder Ejecutivo no asigne los recursos que la Suprema Corte de Justicia estima necesarios?

-No creo que pase por ahí. No creo que el juez esté pensando que podría estar en mejor situación en su carrera si hubiera mayores asignaciones presupuestales. Lo que sí me parece, y porque lo viví en carne propia, es que el propio desarrollo de la carrera de magistrado en el interior es algo que complica la vida.

Se retira tras 40 años de juez

En noviembre, Daniel Gutiérrez (66) pondrá fin a su carrera de magistrado que inició en 1972, apenas se recibió de abogado en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Es que al cumplir el tope legal de diez años como ministro de la Suprema Corte de Justicia, la Constitución establece que los magistrados deben jubilarse.

El magistrado dice que no le genera mayor trauma el hecho de abandonar la judicatura. Y si bien prevé seguir ejerciendo la docencia en el Centro de Estudios Judiciales del Uruguay (CEJU), su prioridad será dedicarle más tiempo a su familia. «Tengo tres nietos», afirma orgulloso y señala un retrato de ellos ubicado en un estante de su despacho.

Además, Gutiérrez prevé retomar la práctica de tenis, deporte que jugó durante años.