Martes 11 de diciembre de 2012. La hoja del almanaque, la agenda del día en Tucumán, registraba un horario (las 17) y la expectativa de un país en vigilia. La Sala II de la Cámara Penal convocó a Susana Trimarco y a sus abogados a escuchar la sentencia que involucraba a 13 personas, cuatro de ellas tucumanas y el resto, de La Rioja.

Transcurrieron las horas y el tribunal integrado por Alberto César Piedrabuena (presidente), Emilio Andrés Herrera Molina y Eduardo Antonio Romero Lascano “la pateó” para adelante. El fallo recién se conoció unas cinco horas después. Nadie entendió tanta demora, si el fallo “por unanimidad, ya estaba decidido”.

El aluvión de absoluciones indicó que los 13 imputados fueron favorecidos. Pero ¿a quién le importa? Un funcionario judicial admitió que se trataba de algo “extraño”, sin dar otras explicaciones. En cuestión de horas, se produjeron reacciones en todo el país. Entre martes y miércoles, hubo renuncias y presiones. Una Argentina consustanciada con la causa de Susana Trimarco se movilizó.

Arrasaron con la Casa de Tucumán en Buenos Aires. Pero mucho antes, cuando gran parte de la opinión pública no estaba enterada de lo sucedido en la Sala II de la Cámara Penal de Tucumán, los políticos ya habían dado su veredicto, que nada tenía que ver con lo resuelto por la cuestionada Cámara, cuyos miembros por estas horas tambalean y son acorralados.

Los fundamentos se conocerán el próximo martes. Sin embargo, ese dato carece de relevancia para el análisis de los caciques políticos.

Tras la difusión de la sentencia, mientras en Tucumán el gobernador José Alperovich evitó la exposición pública, los políticos que tienen apetencias “presidenciales” fueron los primeros que salieron a pegarles a los jueces.

Mauricio Macri, Hermes Binner y José Manuel de la Sota lanzaron sus dardos. Hablaron sin conocer los fundamentos del fallo. La presidenta Cristina Fernández también se comunicó por teléfono con la “madre coraje” para decirle cuánto sentía lo sucedido.

Proyecto sin adhesión. El día después de esa polémica resolución judicial, cruzada por cuestionamientos de todos los colores, la Presidenta anunció la “democratización de la Justicia”, propuesta que ni siquiera sus más íntimos colaboradores compartieron.

El titular de la Corte de Justicia tucumana salió al cruce de rumores y afirmó que no había “intervención” del Poder Judicial. Pero adelantó, cuando aún se desconocen los fundamentos y por lo tanto no hay recursos de casación de la Fiscalía y de la parte querellante, que “habrá nuevo juicio”. El tema es desopilante y triste a la vez.

Mientras esto ocurría, un joven abuelo de 65 años visitaba a un nieto de 10, acostumbrado a escuchar historias. Algunos piensan que la historia se recicla, que hay un período que transcurre y al tiempo todo se repite. Por eso, esta historia no hace más que demostrar cómo un caso judicial se convierte en un hecho político, que puede tener un fuerte impacto electoral.

“Había una vez, en el siglo pasado, una joven, María Soledad Morales, que fue secuestrada en Catamarca. Fue un sábado 8 de septiembre de 1990…”

En realidad, no fue un cuento, una fantasía. Fue un crimen de los “hijos del poder”, apañados hasta por el entonces presidente Carlos Saúl Menem, quien envió a un comisario de la dictadura (Luis Patti) a “esclarecer” la muerte de una “chinita” para proteger a su ahijado de confirmación: Guillermo Luque.

Dos mujeres se encargarían de desnudar la vinculación del menemismo con los Luque y el gobernador Ramón Saadi.

El cuerpo desfigurado de María Soledad hizo tambalear el gobierno saadista. Ada Morales, madre de la víctima, y la monja Martha Pelloni se encargaron de acabar con el régimen del clan Saadi, al cabo de 75 marchas del silencio, protesta que tuvo repercusión internacional.

El propio Carlos Menem, que recibió a Elías y Ada (los padres de María Soledad), les anunció la intervención de la provincia.

El cordobés Luis Prol (ya fallecido) fue interventor hasta que el radical Arnoldo Castillo, comprometido públicamente con la causa Morales, ganó las elecciones.

El Frente Cívico se mantuvo en el poder hasta el 11 de diciembre de 2011, cuando Lucía Benigna Corpacci, prima de Ramoncito (ocultó su apellido Saadi durante la campaña), desplazó a Eduardo Brizuela del Moral, que ya había cumplido dos mandatos.

Juan Carlos Sampayo, Alejandro Ortiz Iramaín y María Alejandra Azar integraron el tribunal que juzgó por primera vez a Guillermo Luque, el ahijado presidencial, y a Luis Tula.

Trasladado ese tribunal a la actualidad, podría decirse que los jueces que absolvieron a los 13 imputados por la desaparición de María de los Ángeles Verón son “clones” de aquellos magistrados catamarqueños que no alcanzaron a fallar porque renunciaron al cumplirse el primer mes de audiencias.

En el segundo juicio, que duró siete meses y concluyó con la condena a 21 años de prisión para Guillermo Luque y nueve años para Luis Tula, el viernes 27 de febrero de 1998, el tribunal estuvo integrado por Santiago Olmedo de Arzuaga, José Álvarez Morales y Edgardo Álvarez.

Fueron necesarios ocho años para hacer justicia. En todo ese tiempo, los detractores de Ada Morales, la heroína, la ama de casa que pulverizó al saadismo, dijeron que la madre de la chica se había enriquecido, que el Frente Cívico le había pagado un millón de dólares.

María Soledad fue asesinada hace 22 años. Su mamá, su familia, siguen viviendo en la misma casa de Catamarca, de manera austera y modesta.

Los 13 imputados absueltos y sus abogados defensores (que es lo más grave) en el caso Verón dijeron lo mismo de Susana Trimarco. Incluso, agregaron que era una prostituta. Ni lo uno ni lo otro. La madre de Marita vive en la misma casa humilde que tenía el 3 de abril de 2002, cuando desapareció su hija, quien el viernes pasado hubiera cumplido años.

Otra gran protesta social. Entre el asesinato de María Soledad Morales y el juicio por la desaparición de Marita Verón, hubo otros casos que desataron apoyos políticos pensando en futuras elecciones. El 17 de marzo de 2004 fue secuestrado Axel Blumberg, quien terminó asesinado por sus captores. Aquí se volvieron a repetir algunos hechos que se dieron en el caso Morales, como las grandes concentraciones populares para exigir justicia.

La insistencia de Juan Carlos Blumberg (quien se hacía llamar “ingeniero” aunque no tenía título universitario), el dolido padre que aparecía por todos los medios reclamando “tolerancia cero” para los delincuentes, caló muy hondo en el ciudadano común. Ni qué hablar en las filas del kirchnerismo, que lo vieron como un potencial enemigo.

Desafiando al gobierno de Néstor Kirchner y a las madres de Plaza de Mayo que manifestaban todos los jueves, el 1° de abril de 2004 el pregonar de Blumberg movilizó a 150 mil personas que ocuparon la mítica plaza porteña. Hubo otra marcha el 22 de abril y una tercera el 26 de agosto de 2004.

Los opositores se peleaban por tener a Blumberg de su lado. Cómo ignorar su poder de convocatoria. Cómo ignorar que su mensaje contra la inseguridad hizo modificar el Código Penal argentino imponiendo penas muy severas e incluso la no excarcelación por portación de armas. De la Sota fue uno de sus defensores (como lo es hoy de Susana Trimarco) y Mauricio Macri logró incorporarlo al PRO.

El falso título de ingeniero terminó con las ambiciones políticas de Blumberg. La mentira le aniquiló su horizonte en este mundillo.

El legislador Regino Maders recibió dos balazos el 6 de septiembre de 1991, a pocas horas de una elección provincial. El justicialismo hizo suya la causa Maders, logrando que miembros de una tradicional familia radical como eran los Maders se cruzaran a las filas opositoras.

En un primer juicio por el homicidio de Maders, fue condenado el expolicía Hugo Síntora como autor material del crimen. El segundo juicio tuvo en el banquillo a Luis Medina Allende, apuntado como el hombre que mandó a matar a Regino. Fue absuelto por mayoría en un proceso con jurados populares. Finalmente, la Justicia de Córdoba no descubrió al autor intelectual.

El juez que instruyó la causa Maders, Guillermo Johnson, después fue candidato a gobernador y posteriormente diputado nacional. Cambió de partido, ya que primero se sumó al peronismo y luego a la agrupación cavallista Acción por la República.

Una de las hermanas de Maders, Teresa, fue legisladora provincial, también por una alianza liderada por el peronismo.

El crimen quedó en la nebulosa. Pero ¿a quién le importa la impunidad cuando de sumar votos se trata? Por eso hoy, a la hora de especular, todos los políticos quieren quedar bien con la heroína del momento.

Hoy, la figurita buscada 
es Trimarco.

 

 

fuente http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/justicia-politica