Alcira Daroqui
Socióloga. Investigadora. Profesora del Seminario “Desafios en la investigación sobre las agencias de control social penal en Argentina”, Carrera de Sociología, FCS, UBA.
Coordinadora de la Carrera de Sociología en el Programa UBA XXII. Universidad en Cárceles.
Coordinadora del Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos, Instituto de Investigaciones Gino Germani, FCS, UBA.

Neoliberalismo: Estado penal – exclusión social
Desde hace más de 10 años estamos trabajando sobre algunos temas con el o los propósitos de producir información y ciertas reflexiones teóricas emergentes de nuestras lecturas e investigaciones acerca de la relación, tensión y en definitiva contradicción entre el sistema penal y los derechos humanos. En este sentido, nuestra mirada se ha posado sobre el accionar y despliegue de las agencias como la policía, la justicia penal y la cárcel, es decir, sobre el “aparato” dinámico (Bergalli, 2003) del sistema penal en el marco de estas sociedades postdisciplinarias, también denominadas de seguridad o de control. No es nuestro propósito profundizar en este artículo la pertinencia de tal o cual corpus conceptual, cuál de ellos representa más acabadamente las transformaciones acuñadas en el orden social a partir de la impronta neoliberal de los años ’80. Todas y cada una de ellas remiten sin duda a una nueva configuración sociopolítica que da cuenta de un proceso que reconoce a la exclusión social y la inclusión selectiva como dos caras de una misma moneda (Joung, 2003; Bauman, 2005; Wacquant, 2000; Di Giorgi, 2005; Pavarini, 2006).

Bien podríamos sintetizar denominando a estas sociedades como excluyentes [2] y ello dirige nuestra mirada hacia el paradigma de la seguridad-inseguridad anclado en el nuevo orden liberal, el neoliberalismo, que profundizó las “violencias estructurales” propias del capitalismo produciendo transformaciones sustantivas en cuanto a la relación entre el Estado y la sociedad marcado por un giro hacia el mercado como regulador excluyente de las relaciones económicas, laborales y sociales. Sus consecuencias fueron arrasadoras: la flexibilidad laboral y con ello su expresión más dramática, los despidos masivos y la precarización de empleo, profundizado por serias dificultades de acceso a la vivienda y a la educación con un significativo deterioro en el ámbito público, también en cuanto a la prevención y asistencia de la salud, en fin, la baja o ausencia de las prestaciones públicas para amplios sectores de la población a los que se arrojó a la difícil “batalla” de vivir al día en un presente continuo (Castel: 45, 1997).

Estos “efectos” parten de un modelo de acumulación que profundiza los procesos de desigualdad y se nutre, se alimenta de él, siendo este aspecto nodal que constituye al neoliberalismo. Como correlato, se abandonó un modelo de seguridad que se reconocía en las políticas económicas y sociales del Estado de Bienestar hacia un modelo de la “inseguridad”, producto de la precarización, la desintegración y la exclusión social. Este nuevo estado de la “cuestión social” fue sostenido desde un discurso y una práctica política por parte del orden social dominante acerca de la “inevitabilidad” de estos cambios, marcando a fuego una fuerte tendencia hacia la “naturalización” de las pérdidas de las protecciones y de la consecuente desigualdad.

En definitiva, el proceso de expulsión social se ha “realizado” a través de una violencia estatal en clave política, que se define por un “Estado que se encaminó hacia el reforzamiento del sistema represivo institucional apuntando al control de las poblaciones pobres y a la represión y criminalización del conflicto social. Así, frente a la pérdida de la integración de las sociedades y el creciente aumento de las desigualdades, el Estado aumentó considerablemente su poder de policía, lo cual trajo como consecuencia un progresivo deslizamiento hacia un ‘Estado de Seguridad’” (Svampa: 38, 2005).

Una vez más, en clave de gobernabilidad de la cuestión social, el sistema penal articula sus prácticas y discursos de acuerdo con las “necesidades” del orden social dominante. La producción legislativa-penal, las agencias policiales, las agencias judiciales y las instituciones de encierro han sido particularmente convocadas a sumarse a las políticas de “ley y orden”, a las políticas de la intolerancia o tolerancia cero, desplegando verdaderos ejercicios de control y también de soberanía, en los que el modelo correccional-terapéutico propio de la ortopedia social disciplinaria juega un papel subordinado, cuando no inexistente

La cárcel del neoliberalismo: ¿de la exclusión social a la resocialización?
La cárcel, el encierro carcelario en el siglo XXI, en la era del neoliberalismo, una vez más desafía y promueve argumentos cada vez más complejos en cuanto a la búsqueda de su propia justificación cuando ésta sigue con la pretensión de ampararse en las propuestas “correccionales resocializadoras”. Verdaderas ficciones que desde hace más de 30 años han sido cuestionadas y “des-autorizadas” –en particular a partir de la década del ’70, cuando la cárcel sufrió la denuncia pública de su fracaso– y al mismo tiempo develaban y hacían visibles sus funciones latentes que la justificaban ya no como el laboratorio transformador del hombre delincuente, sino como una maquinaria productora de sufrimiento, dolor, subordinación y también, productora de delincuencia material y simbólica al “servicio” de un orden social que hizo del secuestro institucional una estrategia de gobernabilidad del conflicto y el malestar social emergentes de las relaciones de explotación y desigualdad constitutivas del capitalismo (Foucault, 1992; Wacquant, 2000; Pavarini; 2006; Daroqui, 2001).

¿Es posible, entonces, seguir sosteniendo, afirmando y promoviendo normativamente y discursivamente el modelo resocializador como objetivo “esencial” del castigo legal? Es posible hacerlo en nuestro presente en el que al sujeto excluido se lo hace portador de una peligrosidad que le confiere el lugar social de enemigo y este concepto de enemigo introduce la dinámica de la guerra en el propio derecho penal, despojándolo de todos sus derechos por su capacidad dañina y peligrosa (Zaffaroni: 25-26, 2006). Y sí lo es, es posible que en este estado de derecho convivan normas que se fundamentan en el derecho penal de enemigo con el despliegue de prácticas y ejercicios institucionales propias de sociedades excluyentes [3] –aislamiento-confinamiento de máxima seguridad-aumento de tiempo/años en los mínimos y máximos de condenas– y normas que pretenden reproducir un modelo societal de inclusión social en el cual el castigo legal –la cárcel– debe… reformar al “delincuente” para regresarlo a una sociedad “dispuesta a recibirlo” [4].

El resultado de esta convivencia normativa es que el sistema progresivo de la ejecución de la pena, o sea, el sistema punitivo premial fundado en la propuesta de tratamiento –educación y trabajo– propio del proyecto disciplinario, se encuentra al “servicio” de la gobernabilidad de la cuestión carcelaria, a través de la regulación y control de la población encarcelada en la que la neutralización y la habilitación a la eliminación “del otro” emergente de la violencia intramuros se constituyen en estrategias claves de la tecnología penitenciaria (Rivera Beiras, 1997).

Y es en este sentido que el “proyecto” resocializador del modelo correccional está subordinado al “programa” de neutralización e incapacitación de las personas encarceladas desarrollado a partir de la expansión del estado penal de los últimos 20 años. El crecimiento impactante de la construcción carcelaria, el aislamiento geográfico, el aislamiento intracarcelario entre 18 a 20 horas diarias en celdas individuales, una oferta educativa y laboral limitada e improductiva, las condiciones de vida degradadas, las prácticas institucionales violentas, los reglamentos disciplinarios formales complementados con suplementos punitivos informales y la mercantilización de los derechos fundamentales de presos y presas a cambio de “beneficios penitenciarios” constituyen –entre otros tantos indicadores– ese programa, que banaliza las aspiraciones resocializadoras de la normativa penitenciaria.

La sociedad excluyente producto de un modelo neoliberal fundado en la profundización de la desigualdad y la exclusión social se corresponde con un modelo de gobernabilidad que gestiona el aislamiento –social-espacial– de aquellas personas expulsadas hacia un destino que la lógica del mercado “naturaliza” en clave de precarización promoviendo un proceso de des-ciudadanización en un doble sentido: como cliente social y como enemigo social. Cliente-social en tanto consume política social de sobrevivencia y los residuos económicos y sociales que el mercado le asigna, y, también, cliente-enemigo del sistema penal, en tanto “consumidor final” de la industria de la seguridad.

Entonces, la sociedad excluyente del modelo neoliberal se corresponde –entre tantos otros aspectos– con la expansión de un modelo de segregación socio-espacial en la que el encierro carcelario se constituye en un “observatorio” privilegiado de la cuestión social del siglo XXI.

Un recorrido por las cifras carcelarias mundiales y en particular de nuestro país ilustra lo expresado en este articulo, así: la población carcelaria mundial [5] se estima en 9.250.000 presos, esto equivale a casi tres veces la población total de un país como Uruguay, o el total de la población actual de Bolivia. Estados Unidos, en 1975, tenía una población carcelaria de 380 mil personas, en 1985 la misma ascendía a 740 mil personas (Wacquant, 2000), en 1992 llegó a 1.295.150, pasó en 2004 a 2.135.335 y a fines de 2005 llegó a 2.193.798 personas presas. Estamos ante un incremento desde 1975 del 477,3% y sólo desde 1992 vemos un incremento del 69,4%. Rusia pasó de 722.636 personas presas en 1992 a 847.004 en 2004 y a 885.666 a principios de 2007. El mismo fenómeno se dio en la mayor cantidad de países del primer mundo, por ejemplo: Inglaterra incrementó su población carcelaria desde 1992 a principios de 2007 en un 80,7%; Japón en el mismo período lo hizo en un 71,5, y España, también en el mismo período, en un 86%. Por supuesto, para las geografias del “tercer mundo”, los procesos de gobernabilidad de la exclusión social fueron aún más dramáticos: Brasil, de 1992 a 2006, incrementó la población carcelaria en 250,8% (114.37 a 401.236 presos/as); México lo hizo, en igual período, en un 149,6% (de 85.712 a 213.926 presos/as); en Perú, un 143,2% (15.718 a 38.231 presos/as) y la lista continúa con el resto de los países de América Latina.

La Argentina no es una excepción, en términos de población penitenciaria nacional, el país registraba a fines de 2005 un total de 55.423 [6] personas presas, a las que se sumaban (a fines de ese año) 7.934 personas “en comisarías o delegaciones de fuerzas de seguridad”. Esto compone una población total detenida de 63.357 personas, equivalente a una tasa de presos cada 100.000 habitantes de 163 [7] (sobre una población total de 38,9 millones de habitantes).

En el año 1997 la Argentina registraba 29.690 personas presas en establecimientos penitenciarios, en el año 2005, registra 55.423. La Provincia de Buenos Aires (el mayor estado provincial en cuanto a cantidad de población en general y cantidad de población pobre), en 1997 registraba 11.527 personas presas, en el año 2005 ascendía a 24.721.

Lejos, muy lejos del proyecto resocializador, nos encontramos frente a un proceso en el que la selectividad del sistema penal en general y carcelaria en particular ha expandido y profundizado la gestión penal y penitenciaria de la pobreza en los Estados que “abrazaron” el modelo neoliberal (Daroqui y otros, 2006).

En este contexto, es imprescindible producir un contra-discurso que deslegitime el “uso” del encarcelamiento como solución al problema de la inseguridad vinculada al delito (ni en nuestro país ni en el mundo, la variación de la tasa de encarcelamiento poco o nada se relaciona con las variaciones de la tasa del delito), y al mismo tiempo desarrollar estrategias para hacer visible la cuestión carcelaria y “penetrar” los muros con alternativas institucionales no penitenciarias, que desarrollen propuestas en las que las personas privadas de libertad puedan acceder y ejercer sus derechos, como el derecho al trabajo, a la educación, la asistencia de la salud, a las vinculaciones familiares, etc., etc., y con ello reducir el daño de la prisionización promoviendo la resistencia a la degradación personal y social propias de las prácticas incapacitadoras del modelo carcelario neoliberal.