Estos hechos han sido y son parte de la trágica historia argentina de los noventa que nos deja como saldo las vidas de nuestros jóvenes: Miguel Bru, cuando el 17 de agosto de 1993 era torturado hasta la muerte en la 9ª de La Plata; Walter Bulacio, joven víctima del atropello de la policía, molido a golpes. Habían pasado menos de dos décadas en ese entonces y las estructuras policiales formadas al calor de la dictadura cívico militar de 1976-1982 continuaron sus prácticas de luz verde para amedrentar a jóvenes en el conurbano, la capital y el resto del país solo por portación de cara.
Estos mecanismos institucionales de represión todavía persisten en algunas partes de nuestro territorio. Tal es el caso de Córdoba: Fernando “Güere” Pellico (julio 2014) e Ismael Sosa (enero 2015), dos jóvenes que mató la policía cordobesa. Como ellos, miles de jóvenes de la ciudad capital y alrededores son violentados por una policía que no respeta leyes, pero que tiene “SU CÓDIGO”. El código de De la Sota. El código del poder arbitrario y abusivo, que le permite a la policía accionar como juez y parte y decidir cientos de detenciones diarias y con ellas el futuro de los pibes.
Durante el 2014 hubo nueve muertes por gatillo fácil en la provincia y se estiman más de 40 mil detenciones anuales por Código de Faltas (fuente Portal de noticias cba24n). El accionar de la policía es discrecional, arbitrario y se rige por el abuso y la violencia constante hacia los jóvenes que “portan” características que ellos consideran como “amenaza a la seguridad”. En este marco justifican sus detenciones y los “operativos saturación” realizados en la capital cordobesa.
Esto sucede ante la indiferencia de medios y funcionarios de turno que hacen caso omiso de esta situación extrema que sucede y se recrudece en una provincia como Córdoba. Provincia que hace algunos años protagonizó el acuartelamiento de las fuerzas policiales, exponiéndonos a situaciones de riesgo extremo a todos los ciudadanos cordobeses.
Esa misma policía que, escudada en el inconstitucional Código de Faltas, avasalla los derechos humanos fundamentales mediante prácticas violentas, abusivas e ilegales dirigidas hacia los sectores populares. La máxima expresión de esta violencia es el gatillo fácil, un asesinato a sangre fría con abuso de autoridad, como fue el caso de Fernando “Güere” Pellico, asesinado el 26 de julio de 2014 en barrio Los Cortaderos.
Frente a este accionar, es que surge EL MEREQUETENGUE como un espacio colectivo conformado por vecinos, jóvenes y distintas organizaciones e instituciones preocupadas por la gravísima situación que sufren los jóvenes de los Boulevares, Cortaderos y barrios vecinos, quienes al igual que muchos otros jóvenes de la ciudad capital cordobesa, son constantemente perseguidos, acosados, golpeados, amenazados y detenidos de manera arbitraria por la policía de la provincia de Córdoba.
Como colectivo buscamos justicia para que esto nunca más vuelva a suceder y que todos los responsables tengan condena ejemplar. Por esto exigimos la intervención de todos los poderes del Estado para impedir que la violencia institucional siga siendo una práctica corriente en nuestra provincia, que estigmatiza especialmente a los jóvenes de sectores populares.
Exigimos a los responsables: al gobernador José Manuel De la Sota, al Ministro de seguridad Marcos Farina, al Jefe de policía Julio Suárez, y al Jefe del bloque de Unión por Córdoba en la legislatura provincial, Sergio Busso, políticas que den respuesta integral a las problemáticas de la población, que la policía no sea la principal respuesta estatal en los barrios para las diferentes problemáticas y que se garantice el efectivo cumplimiento de los derechos humanos.
*Lic. en trabajo social. Integrante de Merequetengue espacio colectivo.
http://politicargentina.com/notas/201507/6987-de-la-sota-mas-de-la-bota-igual-a-inseguridad-a-un-ano-del-asesinato-de-gere-pellico.html
