Hacia fines de octubre y principios de noviembre, la Argentina fue analizada y tuvo que expresar su posición frente a dos importantes organismos de derechos humanos supranacionales: el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En la última reforma constitucional de 1994, nuestro país elevó a rango constitucional la Declaración Americana y la Declaración Universal de Derechos del Hombre y ocho pactos de derechos humanos, muchos de ellos ratificados con posterioridad a la recuperación de la democracia iniciada a partir del 10 de diciembre de 1983. Esos tratados incluyen en sus disposiciones la consagración de derechos y la constitución de organismos de control y protección supranacionales. Dentro de ese sistema protectorio se encuentra el reconocimiento de competencia de organismos supranacionales no sólo para monitorear el estado de situación de la multiplicidad de derechos humanos reconocidos en la normativa internacional, sino también para emitir recomendaciones e incluso aplicar sanciones si son órganos con facultades jurisdiccionales.
Ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Argentina se atuvo a lo que se denomina revisión periódica universal, un análisis de la situación de los derechos humanos en el país. Para ello, se designa una troika que prepara la revisión y la participación de los Estados en las audiencias. En esta ocasión, el trío fue compuesto por Austria, Filipinas y Uruguay, y contó con la participación de 58 Estados.
Una representación del gobierno argentino dio la versión oficial sobre la situación de los derechos humanos, y las organizaciones de la sociedad civil también efectuaron sus presentaciones, con informes sobre algunos derechos y situaciones específicas.
Las cuestiones que recibieron mayor atención crítica versaron sobre el derecho de acceso a la información, la situación de las cárceles, la aplicación de torturas a personas privadas de libertad, la trata y la violencia doméstica, y el ejercicio de los derechos reconocidos a los pueblos originarios.
Si bien la ronda de informes tanto del Gobierno como de los restantes Estados y ONGs participantes fue cumplida en el tiempo previsto, no se conocen hasta el momento las recomendaciones del organismo, que implican una evaluación sobre la situación respecto de los derechos analizados.
Asimismo, un grupo de ONGs de defensa de los derechos humanos de la región participó de una audiencia de carácter temático en el 146º período de sesiones de la CIDH. Este organismo independiente que funciona en el marco de la OEA constituye el principal mecanismo de protección regional de los derechos humanos en las Américas, y ha cumplido un rol fundamental en nuestra transición a la democracia. La audiencia ante la CIDH se solicitó para presentar un trabajo de investigación sobre las violaciones detectadas en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en salud sexual y reproductiva de América latina. El trabajo se realizó sobre nueve países (Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Honduras, Nicaragua y Perú) y demostró las deficiencias estructurales en el ejercicio de los derechos humanos citados, que son expresamente reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica).
Las violaciones graves que la investigación revela demuestran los impedimentos al derecho de acceso a la información existentes en las naciones analizadas, que, tal como sostienen los órganos encargados de interpretar el pacto regional, resulta fundamental para el ejercicio de los restantes derechos humanos consagrados.
En derechos a la salud sexual y reproductiva, la falta de acceso a la información causa graves perjuicios a la población en general, con especial impacto en mujeres, adolescentes y niños que no pueden acceder a medidas de cuidado y preventivas, pero también impide que los Estados apliquen políticas positivas sobre la materia.
Los impedimentos al acceso a la información han sido materia de análisis en ambos organismos supranacionales, y demuestran que su debida regulación es condición esencial para garantizar la protección del conjunto de derechos humanos que nuestro Estado se ha obligado a respetar, tanto en el orden interno como en el internacional, al elevar a jerarquía constitucional aquellas normas que los consagran. En la revisión realizada ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, países como Noruega, Canadá, Bélgica y Suiza recomendaron a la Argentina la sanción de una ley de acceso a la información que garantice e implemente este derecho en nuestro país.
Otros temas importantes tratados en las audiencias de la CIDH fueron los referidos a la libertad de expresión, que tanto preocupa en el continente, y al afianzamiento del trabajo de la Relatoría de Libertad de Expresión del mencionado organismo internacional. Participaron los Estados y la sociedad civil, como por ejemplo la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, una red que reúne a varias organizaciones de América latina comprometidas con la libertad de expresión. Dicha participación se dio en el marco de un proceso en el que se discuten reformas al funcionamiento de la CIDH y –en especial– al funcionamiento de sus relatorías: la de Libertad de Expresión, en particular, se encuentra bajo ataque por países como Venezuela o Ecuador.
La posición asumida por la Argentina en ese debate despertó la preocupación de varias organizaciones no gubernamentales del país, pues careció de la contundencia necesaria para otorgar mayor solidez a la mencionada relatoría y a la Comisión en general. Así se expresó en un detallado comunicado conjunto de nueve entidades que recuerdan la deuda histórica que tiene el país con el organismo, por su valiente y decisiva participación en la denuncia y el esclarecimiento de los crímenes cometidos en la última dictadura militar.
Quienes vivimos esos años sabemos la importancia que tuvo la visita realizada en 1979 por la CIDH para permitir el cese y la posterior investigación de los múltiples atropellos cometidos por la implementación del terrorismo de Estado. La labor cumplida, tanto en esos momentos como en la posterior transición democrática, permitió la toma de conciencia sobre la protección de los derechos humanos como requisito esencial para la organización de una sociedad civilizada y democrática.
Los cuestionamientos efectuados por nuestro país al sistema de financiación de la Relatoría y de la CIDH mediante donaciones de países y fundaciones ponen en peligro el cumplimiento de las funciones específicas del órgano, dejando en situación de indefensión a las personas frente a posibles violaciones de los derechos consagrados. En efecto, actualmente la CIDH carece de un financiamiento adecuado: más de la mitad de sus funciones se cubre con fondos que son obtenidos por medio de la cooperación internacional. Esta situación es insostenible y requiere ser solucionada de inmediato. Ello exige, sin embargo, que los países cuyos ciudadanos más recurren al sistema interamericano encuadren sus palabras con sus acciones: si se trata de fortalecer al sistema, nada mejor que aumentar de manera significativa y considerable las contribuciones financieras que cada uno de ellos aporta al sistema. Esa solución permitiría, además, ver qué países están comprometidos con el sistema y cuáles sólo manifiestan una voluntad de fortalecimiento que esconde, en realidad, un ferviente deseo por debilitar los mecanismos de protección existentes.
Esperamos que las observaciones formuladas por la sociedad civil permitan que nuestro país rectifique sus posiciones más problemáticas para la continuidad de la tarea esencial que en todo el continente ha realizado el mencionado organismo. La autonomía y la independencia de la CIDH están en riesgo, y nuestro país debería apoyar de manera explícita e inequívoca el trabajo de la Comisión y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en estos tiempos en los que se encuentran bajo ataque.
Los escenarios antes descriptos demuestran que en el mundo contemporáneo los derechos humanos exceden las barreras domésticas de las naciones e importan a la comunidad internacional, porque la dignidad de las personas es una exigencia de la condición humana y un presupuesto para la paz. Los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos son espacios valiosos a los que los ciudadanos recurren cuando no encuentran suficientes respuestas en el ámbito interno. Deben ser protegidos y potenciados, no debilitados. A la vez, no deben ser vistos como espacios de crítica y cuestionamiento sino como oportunidades para mejorar la protección y la defensa de los ciudadanos de todos los países miembros.
*Presidente de la Asociación por los Derechos Civiles.
fuente http://www.perfil.com/ediciones/2012/11/edicion_731/contenidos/noticia_0032.html
