11 de abril 2012 – Contextos de hacinamiento, violencia, de iluminación y ventilación natural insuficientes, de servicios médicos deficientes asociados con la insuficiencia de medios de higiene personal y de nutrición, además de la falta de acceso a agua potable aumentan la vulnerabilidad de las personas privadas de libertad a infecciones por VIH y otras enfermedades infecciosas como la tuberculosis, la hepatitis viral, la lepra, entre otros, además del aumento de la morbilidad y de la mortalidad en las prisiones.
Con el fin de mejorar la prevención, promoción y atención integral de salud de las personas privadas de la libertad, los ministerios de Salud y de Justicia de Brasil lazaron un Grupo de Trabajo Interministerial (GTI) y un Comité Técnico Intersectorial de Salud en las Prisiones. El objetivo principal del GTI es el de desarrollar una política nacional de salud en las prisiones, además de ampliar el diálogo sobre la salud en las cárceles entre los diferentes sectores del Poder Ejecutivo.
El lanzamiento se hizo en la inauguración del seminario «Del Plan a la Política: garantizar el derecho a la salud para todas las personas en el sistema penitenciario», sobre Política Penitenciaria Nacional y Sistema Nacional de Salud; Salud de Mujeres y Niños en Centros Penitenciarios; Salud Mental en las cárceles; El desafío de la Intersectorialidad, ¿Qué tiene que ver la Salud con la Justicia?; Logros y Desafíos de la Salud en las cárceles de Brasil, entre otros.
Actualmente, el 3,8% de la población brasilera, es decir alrededor de 500 mil personas están privadas de su libertad, y viven en 1771 cárceles. De éstas, el 93% son del sexo masculino.
El desarrollo de una Política Nacional de Salud en las Prisiones fortalece la colaboración entre los Ministerios de Salud y de Justicia, que se inició con el Plan Nacional de Salud para el Sistema Penitenciario, puesto en marcha en 2003, con el objetivo de garantizar el derecho constitucional a la salud y el acceso con equidad, integralidad y universalidad, y organizar actividades y servicios de salud dentro de las cárceles.
Invitado a formar parte del Comité Técnico Intersectorial para la Salud, la UNODC prestará asistencia al Grupo de Trabajo Interministerial en la elaboración de la Política Nacional de Salud en las Prisiones.
Guardián de las tres convenciones sobre drogas, la UNODC trabaja para garantizar el acceso universal a servicios de salud, como un derecho humano fundamental, sin importar su estatus social o la situación jurídica de las personas. En este sentido, la UNODC se esfuerza por garantizar el acceso al tratamiento para consumidores problemáticos de drogas y para garantizar la atención integral de salud en los centros penitenciarios.
