En el marco de la promoción de una nueva Ley Orgánica del Servicio Penitenciario Federal como una de las metas de gestión para el año 2014, Raúl Salinas, del área de Cárceles, del Instituto en Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), propone 10 ejes para el debate público de un programa “real” de democratización del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
Por Raúl Salinas * – Exclusivo para Comercio y Justicia
Esta propuesta se enmarca en la necesidad de reformar los usos del sistema carcelario y, en particular, del SPF, que el Inecip sostiene públicamente desde hace varios años. Para leer la parte I, clic aquí
Los últimos cinco ejes son:
6) Rediseño de la carrera profesional
Esto implica establecer principios básicos de burocracia, meritocracia, antecedentes, concursos para el acceso a cargos, jerarquía única, exigencia de títulos universitarios afines a las funciones y una menor distancia entre cúpula y bases.
Debe abandonarse la división entre personal de conducción (oficiales) y tropa o subalternos (suboficiales), y debe limitarse la cantidad de grados y jerarquías.
7) Nuevos mecanismos de control y sistema disciplinario
El rasgo de institución estatal exige rendición pública de cuentas, transparencia y mecanismos internos de control que sean robustos y con capacidad de llevar adelante un control eficaz ante abusos funcionales, en particular tortura y corrupción. Para ello deben contar con especialización, autonomía y responder de modo directo a las máximas autoridades políticas. También debe aprobarse un nuevo régimen disciplinario, que deje atrás al decreto 1523 del 14 de marzo de 1968 -durante la dictadura militar autodenominada “Revolución Argentina”, a cargo de Juan Carlos Onganía-.
Es necesario garantizar la legalidad, publicidad, debido proceso y defensa en juicio como mecanismos que potencien valores y reafirmen la condición de sujeto titular de derechos para el agente.
8) Defensoría de agentes
En función del mismo propósito, deben ponerse en funcionamiento ámbitos similares a los ombudsman sectoriales para el personal, con la finalidad de proteger a los agentes ante potenciales abusos e ilegalidades (por ejemplo, discriminación, sanciones informales, acoso sexual).
9) Participación comunitaria
Los controles externos también deben potenciarse (regularización del interinato en Procuración Penitenciaria, Defensoría del Pueblo, efectiva entrada en vigor del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, nombramiento de jueces de Ejecución, equipos técnicos de asistencia) y debe incentivarse y regularse la participación comunitaria para reducir el impacto del encierro, aumentar los grados de visibilidad, monitorear e involucrar a la comunidad en la inclusión social de la persona sometida a una medida penal y de su entorno familiar. La reducción de la reincidencia debe incorporarse como objetivo específico.
Para ello el Estado debe asumir su responsabilidad, hoy desatendida y defectuosamente delegada en una asociación civil de cuño caritativo, el Patronato de Liberados.
10) Transferencia de competencias y recursos a la Ciudad Autónoma y regionalización
Finalmente, debe darse cumplimiento al inacabado proceso de autonomización de la ciudad de Buenos Aires iniciado con la reforma constitucional de 1994, la misma que equiparó en jerarquía pactos y tratados internacionales de DDHH.
Una mayoría abrumadora de las personas privadas de su libertad lo está por disposición de la justicia penal ordinaria con sede en la ciudad y sin embargo está detenida a cientos y cientos de kilómetros de sus familias y jueces y defensores.
La transferencia de competencias y recursos y la posibilidad de generar sistemas regionales de ejecución optimizarán gastos, controles y asegurarán mayores niveles de igualdad.
La reforma efectiva del SPF constituye una de las deudas del proceso democrático argentino que no admite demoras ni cambios meramente superficiales.
* Área de cárceles de Inecip.
