Ni un defensor oficial de Menores, ni un organismo de Derechos Humanos, ni un juez. Esta vez la denuncia surgió desde el propio gobierno bonaerense. El dato ayuda a dimensionar la agudización de las falencias en el sistema provincial para necesitados de asistencia estatal, en particular para la atención y el abordaje de problemas de adicciones a las drogas, que cada vez recibe más cuestionamientos.

La denuncia fue impulsada por el Centro de Protección de los Derechos de la Víctima del ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense por supuestos casos de abusos y maltratos contra menores por parte de celadores y empleados de la clínica Ferromed. Ubicada en Junín, la entidad que forma parte de la red de servicios tercerizados de la Provincia para la derivación de chicos con problemas de adicciones.

La clínica había quedado en el medio de la polémica apenas meses atrás a partir de la denuncia impulsada por el defensor Juvenil Julián Axat por la causa de A.D., un chico platense de 13 años que estuvo internado allí por su adicción a las drogas “en condiciones que atentaban contra los Derechos Humanos”, según denunció el funcionario judicial.

La repercusión que tuvieron esos casos y la derivación judicial abrió un fuerte debate sobre la forma en que el gobierno bonaerense actúa ante el fenómeno de los menores con problemas de adicciones.

Desde el Poder Judicial, pero también desde organismos de Derechos Humanos hay fuertes críticas al criterio de la intervención del Estado, que, dicen, “se basa en el encierro y la medicación más que en un abordaje integral”. Pero los planteos apuntan también a las condiciones de alojamiento de los menores derivados a centros de tratamiento, la falta de controles de las clínicas privadas contratadas por la Provincia con ese fin, la carencia de recursos humanos especializados en esta problemática y al propio abordaje terapéutico.

Los cuestionamientos tienen como eje dos organismos bonaerenses: la secretaría de Niñez y Adolescencia, el área de aplicación de la ley de Promoción de los Derechos de los Niños, y la subsecretaría de Atención a las Adicciones del ministerio de Salud.

“El problema es que no hay tratamientos para los pibes más allá del encierro y la medicación. No hay ningún tipo de atención”, dice el juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata Luis Arias. Fue él quien hizo lugar a un recurso de amparo en el que el defensor oficial Axat denunció que el menor platense A.D. había sido alojado “en un lugar no adecuado para su situación de salud, sin abordaje terapéutico real y en condiciones degradantes para su persona”.

“De esa forma, los chicos terminan muertos o reclutados por bandas por la necesidad misma de conseguir drogas. Hay una nueva ley de Salud Mental a nivel nacional donde se plantea que la privación de la libertad es el último recurso. Pero acá nos manejamos con criterios arcaicos”, dispara.

En la Provincia hay actualmente algo más de 500 chicos internados bajo tratamiento, repartidos en las seis clínicas infanto juveniles de salud mental que operan bajo el ala del gobierno bonaerense y en las casi 20 comunidades terapéuticas.

El subsecretario de Niñez y Adolescencia de la Provincia, Sebastián Gastelú, explica que desde ese organismo lo que se hace es “ofrecer recursos terapéuticos a partir de un diagnóstico que hace el sistema de salud, pero no se ocupa de los tratamientos en sí”.

Gastelú niega que falten lugares o que no se hagan controles sobre las clínicas privadas que contrata el gobierno bonaerense. Pero reconoce que en la Provincia hay una carencia de recursos humanos especializados. Y asegura que “hay que cambiar la mentalidad de los profesionales de la salud, que muchas veces no tratan a estos chicos con patologías de base y problemas de adicciones de la misma forma que otros pacientes”.

“En la Provincia hay un incumplimiento de las disposiciones sobre este tema que evidencia la crisis del sistema”, asegura el juez Arias

El funcionario rechaza, no obstante, las denuncias por falta de controles a los centros privados contratados por la Provincia. “Nosotros hacemos monitoreos permanentes. Lamentablemente a veces nos encontramos con cosas que no están bien, con situaciones que no querríamos ver, a partir de lo cual intervenimos, pedimos la separación de personal o abrimos sumarios”, destaca. Para el subsecretario de Atención a las Adicciones del ministerio de Salud provincial, Carlos Sanguinetti, los problemas se centran también en la falta de especialistas en niñez y adicciones. “No son muchos los psiquiatras infanto juveniles, un tema que va en consonancia con los problemas que tiene el sistema de atención con recursos humanos en cantidad y en calidad. Estamos trabajando para solucionarlo pero lleva tiempo”, explica. Sin embargo, Sanguinetti reconoce que “hoy en la Provincia hacen falta lugares de internación adecuados y acondicionados para atender a niños con trastornos de salud mental o adolescentes con abuso de sustancias. Ahora comenzamos a hacer readecuaciones edilicias en el Hospital de Niños de La Plata”, destaca. Pero para quienes cuestionan el sistema, no es suficiente, como señala el juez Luis Arias.

fuente http://www.eldia.com.ar/edis/20120812/denuncian-graves-irregularidades-minoridad-provincia-tapa0.htm