Mugnolo advirtió sobre “falta de mantenimiento de las instalaciones y preocupantes condiciones de higiene y seguridad, enfatizando que no posee la infraestructura acorde para el alojamiento de personas por tiempo prolongado”.
Y la Corte Suprema reaccionó rápidamente: Sus miembros firmaron una acordada que ordenó restringir al mínimo el paso de detenidos por esa unidad. Y además, ordenó recabar información sobre otra ex cárcel situada a metros de Tribunales, la ex Unidad 22, hoy utilizada como depósito y archivo de la Cámara del Crimen.
La Corte determinó que “el traslado de detenidos al Centro de Detención Judicial (U. 28) deberá limitarse al máximo, sólo a aquellos casos en los cuales la presencia de los internos resulte estrictamente indispensable para la realización de las diligencias ordenadas por los tribunales a cuya disposición se encuentran”.
La orden ya fue impartida a todos los fueros nacionales y federales.