El 16 de mayo, el secretario de Ejecución Penal de San Martín, Juan Manuel Casolati, presentó un hábeas corpus para que se adopten las medidas necesarias que garanticen la salud, la integridad física y psíquica de los internos de las unidades 46, 47 y 48 de San Martín, ubicadas en el terreno contiguo a los basurales de José León Suárez. ¿El motivo? Uno solo y contundente: desde febrero, y por medio de un informe que se mantuvo secreto pese a la existencia de un hábeas corpus presentado en 2008 en un juzgado de San Isidro, las autoridades provinciales discontinuaron el abastecimiento de agua potable en bidones. ¿Qué significa esto? Que los internos tomaron durante tres meses agua extraída de napas ubicadas a menos de 100 metros de un relleno sanitario colapsado. Napas contaminadas. Agua no apta para el consumo humano.
A fines de abril un interno llamó a Casolati y le advirtió que el Servicio Penitenciario Bonaerense no les entregaba los bidones de agua. El funcionario se presentó ante la jueza de Ejecución Penal de San Martin, María del Carmen Melluso, y la puso al tanto de la situación.
La jueza inició las actuaciones y el 6 de mayo, el jefe del Complejo Norte, Fabián Venzi, le ratificó telefónicamente que desde hacía tres meses los bidones de agua habían dejado de ser suministrados a los reclusos. La excusa de Venzi fue que las nuevas dos perforaciones realizadas de forma unilateral en febrero de este año por el Ministerio de Justicia y Seguridad provincial presentaban agua potable para el consumo.
Sin embargo, cuatro días más tarde, Alicia Romero, representante de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), envió por correo electrónico el informe de octubre de 2012, que dictaminó que el agua de las Unidades 46, 47 y 48 no era apta para consumo.
Luego se presentaron Javier Rezzonico –director de Asuntos Contenciosos del Ministrio de Justicia y Seguridad provincial– y María Inés Marino –directora de la Dirección de Medicina Asistencial y Promoción de la Salud Penitenciaria–, que presentaron los informes elaborados por el Departamento de Laboratorio del Organismo bonaerense para el Desarrollo Sostenible en febrero de este año, las copias de los exámenes médicos realizados a cinco internos y copias de muestras de agua realizada en el complejo carcelario.
Sin embargo, la jueza no halló en ningún juzgado la disposición que autorizaba el levantamiento de la medida dispuesta por la Sala III de Apelaciones de San Isidro el 11 de enero de 2008. Razzonico reconoció ante Melluso que desconocía quien había ordenado el levantamiento de la medida preventiva, que consistía en proveer bidones con agua potable a los presos.
En este sentido, la jueza insistió en señalar que en la confección del informe de febrero «únicamente ha participado personal del complejo penitenciario y del Ministerio de Justicia y Seguridad» y que no se «ha dado intervención a la Dirección General de Asesoría Pericial de la Plata, como organismo auxiliar de la justicia». Además, recalcó que tampoco las autoridades informaron sobre los nuevos estudios a Matías Díaz, perito elegido por la CPM para auditar este tipo de análisis.
Con el peso de las pruebas inclinando la balanza hacia su lado, la jueza ordenó el restablecimiento inmediato de los bidones para que los presos puedan consumir agua potable. Además, libró un oficio a la Asesoría Pericial de La Plata para que fije fecha y hora para extraer muestras de agua de los nuevos pozos que el SPB perforó de modo unilateral, con la venia de las autoridades políticas y de la jefa de la fuerza, Florencia Piermarini, que jamás contestó los llamados del juzgado ni tampoco los de este medio. «
corrupción, drogas, robos y crímenes
Las Unidades 46, 47 y 48 están construidas en un terreno cercano al cruce del Camino del Buen Ayre y Debenedetti, en José León Suárez, sobre el relleno sanitario de la CEAMSE, a pocos metros del río Reconquista. Su historia está atravesada de casos de corrupción y asesinatos de presos.
Entre las denuncias de los últimos años sobresale la de Mónica Gutiérrez, fiscal de Asuntos Complejos de San Martín, quien descubrió a cinco agentes que vendían la comida de los presos de la Unidad 48. Los clientes de los penitenciarios no eran otros que los actores de la película Leonera, dirigida por Pablo Trapero, y filmada allí entre agosto de 2006 y noviembre de 2007.
Otro de los hechos revelados ocurrió en marzo de 2011, cuando la justicia realizó un allanamiento en la misma unidad y descubrió autopartes robadas, entre otras irregularidades. Además, dos internos filmaron la venta de estupefacientes por parte de los guardias.
En mayo 2011 el interno Ramón Quintero murió porque no había ambulancia en la Unidad 46. Dos días antes de la muerte de Quintero había sido apuñalado Nicolás Prunela en el salón de usos múltiples de la Unidad 48, en horario de visitas, frente a las familias y menores de edad. Como tampoco había médico de guardia, ni ambulancia, a Prunela lo trasladaron al hospital en el Fiat Duna de un guardia.
El caso más resonante es el de Patricio Barros Cisneros, que tenía 25 años y estaba detenido por robo agravado en la 46. El 28 de enero de 2012, fue asesinado a golpes por un grupo de guardiacárceles. A más de un año del crimen, la causa tiene tres agentes detenidos, otros tantos prófugos y uno suicidado. Ningún condenado.
