Por Martín Soler
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La Justicia investiga una grave denuncia en la que se sostiene que el Estado bonaerense realiza tareas de “espionaje” sobre menores de edad, situación que está prohibida por la ley del Fuero Penal del Niño, que establece la prohibición de acopiar antecedentes de menores. El caso fue descubierto en el fuero de Menores de La Plata ya que se encontró información “sensible” e “inteligente” de un menor de edad de la localidad de Ensenada, confirmaron fuentes judiciales a Diagonales.com.
En la investigación en curso se detalla que el 22 de diciembre de 2008 en la comisaría de Punta Lara “se lleva a cabo actividad prontuaria de individualización” del entonces menor de edad conocido como “Josecito”, a quien se lo apunta como “autor de distintos episodios delictivos”, se lee en el expediente en curso.
El 22 de enero de 2009 la misma seccional “solicita al Ministerio de Seguridad (Superintendencia de Evaluación de Información para la Prevención del delito) remita información ‘sensible’ e ‘inteligente’ sobre el joven” menor de edad. Al día siguiente, desde la cartera de Seguridad, sale “(internamente) esa información peticionada por la Seccional en un breve informe de inteligencia producto de cruce de la información” de la persona del menor “con todos los registros existentes. Tal información es brindada por el Ministerio, sin perjuicio de hacerle saber” a la dependencia policial que el artículo 39 de la ley de Fuero Penal de menores prohíbe “realizar y llevar tal información sobre menores de edad”.
Pese a esa advertencia, desde la comisaría Segunda de Ensenada se “ingresa la ficha al expediente”, se lee en la denuncia radicada por Julián Axat, defensor oficial del Fuero Penal Juvenil de La Plata.
El «Proyecto X» sobre los menores de edad considerados “peligrosos” realizado por la Policía Bonaerense “se trata de un producto del sistema VAIC (ver a pantalla completa) que cruza la información sobre un menor de edad, y que arroja un resultado supuestamente inteligente, sobre la vida del chico, sus padres, amigos, vínculos, etcétera”, explicó Axat ante la consulta deDiagonales.com.
El funcionario aclaró que la “fue traspapelada en una comisaría y agregada en un expediente, por error, porque el informe era secreto. Yo me encargué de rescatarlo. Y hacer la denuncia”.
El artículo 39 de la Ley Penal de Menores establece textualmente que: “Queda prohibido a los organismos administrativos con funciones de policía llevar antecedentes sobre los delitos atribuidos a niños”.
“La existencia de inteligencia sobre un menor de edad incumple con la Convención de los Derechos del Niño, entre otra legislación vigente, y demuestra que el Ministerio de Seguridad bonaerense realiza actividad ilegal en perjuicio de personas menores de edad, siguiendo patrones lombrosianos y peligrosistas, con naturaleza altamente discriminatoria”, sostuvo Axat.
El sistema VAIC es una de las herramientas de cabeceras utilizadas por los investigadores. La tecnología llegó a la provincia de Buenos Aires en el año 2005 y desde entonces hubo varias actualizaciones que perfeccionaron el programa de análisis de datos. Básicamente es un poderoso software que utiliza bases de datos y buscadores con una capacidad de detalle asombrosa. El VAIC consiste en una serie de bases de datos combinadas entre sí, entre ellas el poderoso Excalibur.
El investigador debe agregar datos como lugares, cuentas bancarias, nombres, fechas, dictados de rostros y fotos, teléfonos, vehículos, propiedades, llamadas, y luego, el rastreador cruza las coincidencias y permite detectar o asociar.
Este sistema es utilizado por los investigadores del FBI y de Scotland Yard. Entre sus capacidades figura un sistema gráfico que despliega en la pantalla de la computadora todos los datos proporcionados, pero ordenados con una lógica determinada.
Todos estos elementos están en manos del fiscal de Delitos Complejos Jorge Paolini y del juez Luis Arias, quienes, desde los fueros Penales y Contencioso Administrativo, respectivamente, investigan el episodio que marcaría una gravedad extrema ya que desde el propio Estado bonaerense se estaría violando una ley que protege los derechos de los menores socialmente vulnerables y estigmatizados.
