A los recientes casos de gatillo fácil y apremios protagonizados por policías provinciales y federales en distintos puntos del país, se sumó un hecho de una crueldad inusitada. Esta vez no fue una bala perdida en el marco de un operativo violento ni un efectivo que usa su arma para “defenderse” fuera del horario de trabajo. Los policías ataron en una silla y prendieron fuego vivo a un hombre en una comisaría de San Lorenzo, en el noroeste de la provincia de Corrientes. Son cinco los agentes acusados de haber golpeado y luego quemado a Raúl Cardozo, a quien habían detenido por encontrarlo ebrio a la salida de un festival artístico. Todavía no fueron detenidos.
Cardozo tenía 31 años y era “embarcadizo”, como se les dice en Corrientes a quienes se alistan en buques pesqueros que navegan en alta mar. Pero la muerte lo encontró en sus pagos. El 29 de abril pasado concurrió con su hija de 7 años al Festival de Doma y Folklore que se desarrollaba en el pueblo. Terminó preso en la comisaría, la única con la que cuenta el municipio. Falleció el 2 de mayo en el hospital escuela de esa localidad: tenía el 95 por ciento del cuerpo quemado.
No bien trascendió la noticia, la policía provincial informó que Cardozo se había prendido fuego solo e hizo aparecer un encendedor que la víctima supuestamente había ocultado en la requisa. Sin embargo, el hombre no fumaba. “¿Accidente? No, por favor. Esto fue un homicidio. A mi marido lo mataron. Y antes de eso, lo torturaron”, afirmó Ester Montiel a la Radio Dos de Corrientes, y brindó detalles desgarradores de la situación que se produjo en la puerta del festival: “Mi hija vio cómo lo castigaban y les decía que no le peguen más a su papá. Después, la dejaron abandonada”, relató la mujer entre lágrimas.
En estas dos semanas, varios centenares de vecinos, incluyendo al intendente Juan Acevedo, vienen acompañándola en multitudinarias marchas y misas en reclamo de justicia. La localidad no tiene más de 4 mil habitantes. Ernesto González, uno de los abogados de la familia, se quejó porque “los cinco funcionarios policiales implicados todavía no fueron detenidos”. Los más comprometidos son la oficial a cargo de la comisaría, Carolina Libramiento, y los cabos Raúl Moreno y Francisco Arrúa.
“Salieron a decir que se incendió y cuando la cosa no era creíble, empezaron a cambiar sus dichos –dijo el abogado González a la prensa local–. A Cardozo, en la comisaría lo amarraron, lo redujeron y lo empezaron a castigar. No hay dudas de que fueron efectivos policiales. Luego lo prendieron fuego vivo: por eso gritaba y pedía auxilio. Tenemos testigos que van a contar cómo pedía clemencia y pedía por su familia. Lo escucharon los vecinos a 50 metros de la comisaría”.
Pese a lo aberrante del caso, la noticia tardó en trascender nacionalmente. El abogado Rubén Leiva, que también asiste a la familia de Cardozo, denunció que “hubo un operativo realizado por altos funcionarios de la policía para poner un manto de silencio sobre el hecho. Y hasta en algún momento se recomendó a periodistas del lugar que no hablen del tema. ‘Se recomendó’ es la forma elegante de decir que les pidieron que se callen la boca: la cúpula policial intentó censurar el tema, desde el jefe para abajo. Este hecho puso en evidencia las graves falencias de la policía”
