El fallo de ayer sobre el robo de bebes cometido durante la última dictadura militar es un inmenso triunfo de la sociedad civil organizada. Durante los años 90, en tiempos en que el indulto había intentado tapar y forzar un olvido de los hechos acontecidos durante esa etapa, muchas víctimas y activistas no se rindieron y siguieron hilvanando ideales para luchar contra la impunidad.
Las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, Hijos, el Centro de Estudios legales y Sociales (CELS), la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y tantas otras organizaciones procuraron en ese tiempo una estrategia basada en los juicios por la verdad, la utilización de los foros internacionales y de otras jurisdicciones nacionales, por un lado, y la denuncia y seguimiento de delitos que no habían sido incluidas por las disposiciones del ex presidente Carlos Menem, por el otro.
De este modo, consiguieron que la ingeniería hilvanada por aquella gestión gubernamental se comenzara a resquebrajar. Lentamente se fueron suscitando medidas judiciales -desde distintas esferas- que empezaron a marcar que esas aberraciones no iban a poder quedar impunes pese a los fuertes intereses para que ello ocurriera.
Los abogados de interés publico que diseñaron esas estrategias lo hicieron con la idea de que la justicia es un valor que nunca debe dejarse de buscar, más allá de las dificultades, obstáculos y sinsabores que aparezcan en el camino. La Constitución nacional, el derecho internacional de los derechos humanos (cuyos tratados fueron paradójicamente incorporados al texto constitucional pocos años después de los indultos), las instituciones creadas para su defensa y el valor de la palabra y la argumentación fueron las armas utilizadas por esos letrados, que en épocas de devaluación del ejercicio profesional se constituyen en faros que iluminan el camino de una disciplina que puede convertirse en un instrumento de cambio social.
La decisión del Tribunal Oral Federal N° 6 muestra, también, que los poderes judiciales suelen ir detrás de los movimientos sociales. En lugar de ordenarlo directamente, dispuso librar oficio a la presidenta de la Nación para que «contemple la posibilidad de destinar una partida presupuestaria para la digitalización de la documentación reservada [?]con el objeto de facilitar cualquier investigación judicial y resguardar ese material correspondiente al período 1975/1983».
Si hay derechos fundamentales que deben ser resguardados, los jueces deben ordenar a los poderes políticos que se destinen los fondos necesarios para hacerlo. Las organizaciones civiles venimos pregonando hace tiempo por criterios amplios, mientras que, en muchas oportunidades, los magistrados se ven a sí mismos como subordinados a los poderes políticos. Este es un ejemplo del recorrido que nos queda por hacer en relación con los nuevos desafíos de los abogados de interés público. Más allá de eso, para quienes luchamos contra otro tipo de impunidades (por ejemplo, de la corrupción) el fallo representa una clara señal de que, aunque muchas veces parezca imposible, no hay que bajar los brazos en el afán de justicia.
fuente: http://www.lanacion.com.ar/m1/1488240-un-triunfo-de-la-sociedad-civil
