El gobierno pampeano sostiene dos políticas que están en debate, cuestionadas por la Procuraduría Contra la Violencia Institucional, el organismo que está a cargo de Abel Córdoba (foto).

La Procuraduría Contra la Violencia Institucional de la Nación desaconsejó dos de las políticas que sostiene el gobierno pampeano: la aplicación de mano dura a la hora de otorgar excarcelaciones y la justificación de que presos pampeanos sean alojados en penitenciarías alejadas del lugar de residencia de los detenidos.

Un documento elaborado por el organismo a cargo de Abel Córdoba reveló que 3 de cada 4 detenidos a disposición de juzgados federales no tienen condena. El informe cuenta con cifras y consideraciones de esa oficina.

Para el caso puntual de La Pampa se propicia un debate, ya que el oficialismo sostiene en las últimas semanas la idea de endurecer las políticas de excarcelaciones: el ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad Leonardo Villalva se reunió con el procurador Mario Bongianino con el objetivo de trabajar esa cuestión.

Los funcionarios dijeron que “es un reclamo constante que nos está haciendo la sociedad en este análisis que hace la gente del ‘entra y sale’”.
Al mismo tiempo, la Provincia, junto al Servicio Penitenciario Federal, apeló la decisión del Tribunal de Impugnación Penal que dispuso que 76 detenidos pampeanos en otros puntos del país deben ser trasladados a cárceles cercanas a su lugar de residencia.

El organismo judicial interpretó que alejarlos de su sitio de origen es un “agravamiento ilegítimo” de las sanciones. Pero el gobierno pampeano, en contra de lo actuado por la Defensoría General, presentó un recurso para que esa decisión no se aplique.

Al analizar la situación de los detenidos, la Procuraduría Contra la Violencia Institucional escribió un párrafo que bien podría ser una referencia para la situación que se discute en La Pampa: “existen dos elementos estructurales que convergen en el agravamiento de la política criminal de encarcelamiento”: el uso extendido de la prisión preventiva y la “modalidad de confinamiento territorial en unidades penales ubicadas a más de mil kilómetros de la jurisdicción de residencia del detenido/a y de los órganos jurisdiccionales de la causa penal”, señaló el organismo a cargo de Abel Córdoba.

El relevamiento del organismo, además, demuestra que los grupos más vulnerados son los integrados por jóvenes y mujeres (ver aparte).

Situación procesal por jurisdicción

En tanto, ese mismo informe señala que las personas detenidas sin condena a disposición de magistrados de la justicia nacional es del 51 por ciento, mientras que las que están detenidas a disposición de jueces provinciales es del 29 por ciento.

Las cifras se dan en el marco de un promedio general de 57% de la población carcelaria procesada pero sin condena, encerrada en establecimientos federales.

La Procuvin indicó en su informe que estos números demuestran que “el actor judicial colabora en el sostenimiento de una masa de detenidos/as preventivos superior a los condenados”, dado que el encarcelamiento preventivo depende en muchos casos de la voluntad de los operadores del sistema judicial.

En cambio, precisó la Procuraduría, “entre la masa de detenidos/as condenados, la incidencia del SPF es mayor en cuanto al influyente rol de los informes criminológicos que elabora, de ’conducta’ y ’concepto’, y que definen la resolución de los pedidos de libertad vinculados a la progresividad de la pena”.

La Procuvín informó que el documento sobre la situación del sistema carcelario se enviará a la Cámara Federal de Casación Penal, al Ministerio de Justicia de la Nación, a la Defensoría General de la Nación, al Consejo de la Magistratura, a la Procuración Penitenciaria de la nación, a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y a diferentes comisiones del Parlamento nacional.

 

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