La Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), junto al Programa de Acceso Comunitario a la Justicia, presentaron ante el Juzgado Nacional N°21, interinamente a cargo de Alicia Iermini, un habeas corpus preventivo y colectivo en favor de las personas que se encuentran en uno de los predios del barrio “Papa Francisco-Villa 20” y en las inmediaciones de Avenida Fernández de la Cruz y Pola en el barrio de Villa Lugano de esta ciudad. Según el texto, con la implementación de un vallado en el lugar tras el desalojo del sábado, los vecinos se ven impedidos de circular libremente, al igual que las personas que buscan ingresar para asistirlas.

El titular de la Procuvin, Abel Córdoba, acompañado por Julián Axat, quien encabeza el Programa, calificó esas disposiciones como “flagrantes violaciones a los Derechos Humanos”. Además, indicaron que a ello se suman las indignas condiciones de habitabilidad verificadas en el lugar y la presencia de niños y niñas, “lo cual agrava considerablemente la vulneración de derechos de quienes se encuentran habitando allí luego del violento desalojo del sábado 23 de agosto de 2014”.

Así, en virtud de la prohibición de circular libremente desde y hacia el interior de la zona vallada, así como la fuerte presencia de la Policía Metropolitana en el lugar y ante un posible intento de desalojo violento de quienes se encuentran allí, “se interpone acción de habeas corpus preventivo colectivo a los efectos de prevenir que se produzcan detenciones arbitrarias e ilegitimas en ocasión de los hechos que fundan la presente acción”, manifestaron los funcionarios.

En ese sentido, constataron que “es cierto, concreto e inminente” el riesgo que corre la libertad de dichas personas, ya que las acusaciones por atentado y resistencia a la autoridad imputadas a los vecinos “se advierten de resorte discrecional de las fuerzas de seguridad allí desplegadas y afectarán la libertad de las personas”. “La modalidad impuesta por las autoridades policiales en el lugar resulta a su vez equiparables al encierro de las personas, con regulación de circulación, requisa y restricción de alimentos, e impedimento de contactos familiares”, reprocharon.

Gravedad institucional

Córdoba y Axat señalaron que no se puede sostener un uso desviado, arbitrario y descontrolado del poder punitivo del Estado: “actos de esta naturaleza traslucen una situación de gravedad institucional, que requiere una inmediata intervención del poder judicial”.

“Un día más de alojamiento en las condiciones en que lo hacen en ese lugar, es un día de no vigencia del derecho de falta de respeto a toda la legislación vigente en nuestro país y de padecimientos graves físicos y psicológicos de las personas que lo están padeciendo”, añadieron en el escrito.

Solicitud de medidas

La batería de medidas urgentes impulsadas por los funcionarios del Ministerio Público Fiscal comienza con el cese de los actos “lesivos de derechos fundamentales”; que se garantice la provisión suficiente y adecuada de alimentos y la entrega periódica de elementos de limpieza e higiene personal, como así también la provisión de medicamentos y que se reestablezcan los vínculos familiares; que se lleve a cabo un relevamiento de la totalidad de las personas que continúan en el predio, como así también de las familias que habitaban ese lugar; y se realice una inspección ocular.

Por otro lado, una sección fue dedicada a resolver la situación a mediano y largo plazo. Se trata de la conformación de una mesa de trabajo o diálogo, para abordar el problema con la participación de distintos organismos y las partes interesadas, “a fin de discutir y acordar medidas adecuadas para subsanar los problemas estructurales verificados”. De esa forma, la tutela de derechos fundamentales no se agotará en una orden judicial en particular o una sentencia, sino que requiere de la implementación de mecanismos que permitan verificar su ejecución.

Restricción al ingreso de funcionarios públicos

Lo denunciado fue constatado por representantes de ambos organismos, que durante la jornada de ayer concurrieron al lugar. Sin embargo, el secretario ad-hoc del Programa de Acceso Comunitario, Franco Pedersoli, plasmó en un acta que pudo ingresar tras la autorización del juzgado interviniente, luego de que personal de la Policía Metropolitana se lo impidiera.

Por su parte, la secretaria de Procuvin Katia Troncoso Muñoz hizo lo propio. En un acta dejó asentado que “mantuvo una conversación con el Subinspector Subiza, quien le manifestó que continuaban en ese lugar dieciocho (18) personas, que el responsable del personal policial actuante en el lugar era el Comisionado Ojeda, y que luego de constatar sus datos filiatorios, estaban no autorizados a ingresar al predio en cuestión y que tal negativa era en cumplimiento de órdenes que había recibido de parte de la Jefatura Institucional”. Si bien el representante de esa fuerza aclaró que no habían prohibido el ingreso de comidas ni orden de requisarlas, se constató que personas desde fuera de las vallas le hacían entrega de bolsas con comida a quienes estaban del lado de adentro “y que personal policial había revisado esas pertenencias”.