«Si bien es un tema polémico y difícil, sabemos que es un código engorroso, que contempla situaciones muy distintas. Hoy estamos muy avanzados para propiciar su modificación», aseguró a la prensa el titular de la bancada de Unión por Córdoba (UPC).
En el mismo sentido, el legislador aseveró que «a partir de haber escuchado a la Policía, a la Justicia, al Ministerio de Seguridad, a las universidades y a ONG, se puede avanzar con la modificación, sobre todo en aspectos que hacen a las garantías constitucionales».
«Si bien es un tema polémico y difícil, sabemos que es un código engorroso, que contempla situaciones muy distintas»
«Como hay bastante consenso, avanzaremos rápidamente. Hoy disponemos de un diagnóstico completo. No hacen falta más insumos. Ya hemos agotado todas la valoraciones, para arribar a una modificación, que avance sobre un buen procedimiento y juzgamiento de las faltas en la provincia», expresó Busso.
Si bien no anticipó cuándo avanzarán con el estudio de un proyecto de ley que concrete las modificaciones al Código de Faltas, el legislador insistió en que «hay que sumar garantías para asegurar el mayor derecho de defensa» de los destinatarios del digesto.
La semana pasada, estudiantes y militantes de organizaciones sociales y políticas concretaron la séptima marcha «contra la Gorra», para protestar contra el Código de Faltas y las políticas de seguridad «represivas» que lleva adelante el gobierno de José Manuel de la Sota.
La manifestación, que ocupó varias cuadras y que partió desde la esquina de avenida Colón y Cañada, en el centro de la capital cordobesa, se hizo bajo las consignas «basta de presos políticos, de abuso de poder, de ensañarse con el más débil, de pisar derechos».
Durante la marcha, los manifestantes cuestionaron numerosas disposiciones del Código de Faltas de Córdoba, como las que prevén la aprehensión de una persona bajo la figura del supuesto merodeo en la vía pública o por la simple negativa a identificarse ante un policía.
Asimismo, los organizadores de la marcha también apuntaron contra las normas que permiten que una persona sea sancionada (con varios días de arresto), en virtud de una presunta contravención, por un comisario, en vez de por un juez, y sin haber contado con la defensa de un abogado.
