«Hoy hay un procedimiento penal federal que tributa ideas de más de 150 años, ideas coloniales, donde las funciones están concentradas en el juez de instrucción, quien, para algunos constitucionalistas, son el último representante del despotismo en la República», graficó.

En diálogo con radio Télam, Iriarte destacó la iniciativa del Poder Ejecutivo porque «divide los roles» y, de esa forma, «quien acusa no es quien decide el mérito o la veracidad de esa acusación».

A su entender, las modificaciones centrales contenidas en el proyecto tienen que ver con «los plazos y la calidad en el servicio de justicia».


«Estos procesos garantizan una respuesta ágil, transparente y rápida tanto para el imputado como para la víctima de un delito», insistió y resaltó también la importancia de llegar con mayor brevedad a los juicios para definir rápidamente si alguien pivado de su libertad, por ejemplo, es culpable o inocente.

Se trata, explicó, de «reformar los organismos de administración de justicia para acercarla a la gente».

Iriarte defendió la iniciativa porque «divide las tareas de investigación y acusación en manos de un cuerpo de fiscales, por un lado, y confina a los jueces en el rol de juzgar, por el otro».

Con todo, el letrado consideró que la puesta en marcha de la reforma puede durar algunos años y postuló la necesidad de que se vaya avanzando en «leyes de organización, de implementación, que vayan adecuando la justicia a una nueva realidad».

«La sanción del código es el primer paso porque las leyes no cambian la realidad», declaró.

http://www.telam.com.ar/notas/201410/82285-inecip-codigo-procesal-penal.html