Un asesinato en asalto cometido esta semana en el noroeste del Conurbano por un preso que tenía permiso de salidas transitorias -otro caso entre muchos- puso bajo la lupa ese beneficio. Y fue el presidente de la Cámara de Casación Penal bonaerense, Federico Domínguez, quien se lanzó desde la propia Justicia a hacer un cuestionamiento público integral, que va desde las normas que disponen esa “libertad acotada” de quien está cumpliendo una condena de prisión, hasta cómo se decide su concesión y cómo se controla su cumplimiento. Pero en una charla con EL DIA, el magistrado analizó además otros aspectos clave de todo el sistema y el proceso penal en la Provincia, hizo duras críticas e hizo propuestas de cambios.
En la flexibilización del cumplimiento de las condenas, con figuras como la prisión domiciliaria, las salidas transitorias, etc. hay fallas en las normas o en la aplicación y los controles?
“En las dos. En el país se ha puesto de moda firmar convenios internacionales, como el Pacto de Costa Rica y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que hablan de que la finalidad de la pena es la reinserción social. Y para eso se necesita un mecanismo apto que aquí no existe. En Estados Unidos, por ejemplo, se acostumbra hacer casas-hogares para los liberados que están generalmente dirigidas por ex penitenciarios y son costeadas una parte el Estado y otra con el trabajo de ellos, bajo un sistema que funciona como una contención antes de salir definitivamente a la calle y como una instancia para tratar de conseguirles trabajo. Acá, lo que está en discusión es qué método tenemos para reinsertar a los presos y me parece que no tenemos ninguno o muy pocos”.
“Y el segundo problema en nuestro sistema es el control cuando se otorgan estos beneficios. En el caso del crimen de San Miguel, yo me enteré ayer a la noche que la jueza había negado todos los pedidos de salidas transitorias del acusado y fue la Cámara la que le dio la libertad. Y cuando pasa eso uno se pregunta acá que falló. El tema candente es quién controla cómo ejerce el preso el beneficio”, liberado sin haberle dado los instrumentos para reinsertarse. Y para ejercer el control faltan recursos, humanos y de medios. Aunque también hay formas imaginativas para ejercer el control. Si se dan salidas por el fin de semana, se puede llamar a la comisaría de la zona para que el patrullero de la cuadrícula donde vive el preso pase tres veces al día para chequear que el tipo está ahí”.
¿Son adecuados los requisitos que marca la ley para otorgar estos beneficios?
“Son demasiado laxos. La norma ‘provincial dice que se debe conceder la salida transitoria para ‘mejorar los lazos familiares y sociales o para cursar estudios” y que se otorgará ‘confiando en la tutela de un familiar o persona responsable y bajo la propia responsabilidad’ del preso. La ley nacional es más restrictiva, porque prevé por ejemplo que vaya acompañado por un efectivo. Y además en este tema hay una colisión de leyes. La provincial se contrapone con la nacional, que dice que todas las provincias tienen que adecuar su legislación a esa normativa pero nosotros hicimos otra norma en la Provincia, que además dice que la única que se va a aplicar es la nuestra, que es la más beneficiosa para el preso. Pero a la vez hay una violación flagrante al federalismo, porque todas las cuestiones procesales de la materia penal son facultad de las provincias y sin embargo el Código nacional tiene un montón de disposiciones procesales. Entre las mismas salas de nuestra Cámara de Casación no se ponen de acuerdo sobre si se aplica la ley nacional o la provincial”.
“En resumen, sería necesario modificar la legislación, que es poco taxativa, laxa, fija un mecanismo muy abierto, en el que deja sujeta la concesión del beneficio a una especie de ‘palabra de honor”’ del preso o de un familiar. Y en segunda instancia están, los problemas con la concesión del beneficio -qué se analiza de cada caso para darlo o negarlo- y si se otorga, cómo se controla qué hace el preso.
¿Cuáles son las principales fallas del control?
“No soy partidario de que el control y el informe lo haga solamente el Comité de Admisión y Seguimiento, que es un órgano ajeno a la Justicia. El juez debe hacer su propio informe, y para eso tiene que tener equipos técnicos, visitadoras sociales, psicólogos de la oficina pericial de la Corte, que elaboren para él un informe”.
Otro aspecto del sistema penal cuestionado es el que la gente llama “la puerta giratoria” y que alude a que los imputados quedan libres mientras se hace la investigación y llega el juicio…
“Se debe poner un procedimiento tipo americano, con audiencia preliminar en la que el acusado se declare culpable o inocente; si se declara inocente se va a juicio y entonces si fija la fianza o queda detenido, y se termina la historieta. Y si se declara culpable se fija la pena en consenso con el fiscal. Las prisiones preventivas deberían fijarse después de audiencias de las partes, pero hay jueces que las dictan sin escuchar a nadie. Y otros no las dictan ni aunque tengan al asesino con el cadáver en la mano. Habría que ajustar el sistema. E incide fundamentalmente el enfoque del juez. La excarcelación debe concederse en principio siempre que no haya riesgo de fuga. Pero tampoco estoy de acuerdo con la fórmula ‘libertad para todo el mundo’”
