SANTA FE.- El gobierno santafecino, que encabeza el socialista Antonio Bonfatti, anunció la puesta en marcha de una reorganización de la policía provincial. Pocas horas antes de la interpelación del ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, el Poder Ejecutivo informó sobre la decisión de aplicar medidas «que permitan un mayor control político de la fuerza, una mejor adaptación del trabajo policial a las problemáticas específicas de la jurisdicción y un mayor control y participación por parte de las autoridades locales y de la comunidad», según sostuvo el mandatario.
El ministro Lamberto anunció que «se constituirá un Cuerpo Táctico Único Provincial de Operaciones, diseñado a efectos de su participación como apoyo a las fuerzas territoriales o participación ante situaciones especiales o de emergencia y la organización de la Dirección Provincial de Investigaciones, altamente profesionalizada, en el contexto de las nuevas exigencias investigativas, que se implementan para la policía de la provincia con el nuevo Código Procesal Penal».
La reforma policial incorporará una sanción administrativa específica en caso de justificación insuficiente del aumento patrimonial (enriquecimiento ilícito) de los miembros de la fuerza.
«Para hacer más eficiente la tarea de control, vamos a establecer una falta administrativa autónoma que implique que aquel funcionario policial que no justifique administrativamente su crecimiento patrimonial en los términos de la ley 12.238 sea pasible de las sanciones que para faltas graves establece la ley de personal policial», indicó Lamberto.
La decisión de aplicar esta reforma surgió luego de que estalló el escándalo policial a partir de la detención del jefe de esa fuerza seguridad, el comisario general Hugo Tognoli , a raíz de un investigación encarada por la justicia federal. Luego de conocer la imputación sobre el jefe policial, por los presuntos vínculos con un narcotraficante, Bonfatti le pidió la renuncia. Tognoli fue detenido el 15 de octubre pasado, pero fue liberado por falta de pruebas .
Hubo rápidas respuestas desde la oposición: Oscar Urruty, diputado del Partido del Progreso Social (PPS), un viejo aliado socialista, encabezado por Héctor Cavallero, aseguró que «no se observan transformaciones profundas en esta reforma. Hay connivencia entre la fuerza policial y ciertos sectores del delito. Cómo se va a avanzar contra eso es lo que queremos saber», sostuvo durante la interpelación a Lamberto.
El legislador no dudó en denunciar que «algo tenían que hacer para poder mostrar a la población que hay una decisión política del gobernador para avanzar en materia de seguridad».
«No aparecen decisiones estructurales que ayuden a mejorar o nos den la pauta de un cambio en el manejo de la seguridad en la provincia. No se observan transformaciones profundas que avancen en la línea que estábamos buscando. Acá hay connivencia entre las fuerzas de seguridad y ciertos sectores del delito, y esto lo han dicho los propios ministros», agregó el diputado.
«Queremos saber cómo se va a avanzar en eso. Hay una expansión del narcotráfico en la provincia y no sabemos qué se está haciendo frente a eso», planteó Urruty.
CONTROL CIUDADANO
Bonfatti no descuidó las formalidades. «Tenemos que seguir avanzando en la reestructuración de esta organización de 18.000 hombres, de la cual nosotros destacamos a la gran mayoría que tiene una enorme voluntad de trabajo y la convicción para dar respuesta a los ciudadanos. Pero indudablemente tenemos que encontrar mecanismos para hacerla mas ágil y eficiente», remarcó el gobernador.
Según se mencionó en el acto, se generarán «responsables distritales de seguridad». Esta medida tiene como objetivo lograr una integración operativa en el territorio de los niveles de conducción y ejecución de la fuerza en sus funciones de prevención y represión del delito.
Según informaron los impulsores de la reforma, se sumará la participación ciudadana.
«La impronta de la participación de la gente quedará expuesta a partir de la creación de mecanismos institucionales que permitan la intervención de la comunidad en el diseño y el control de la ejecución de los programas específicos de seguridad y la selección de las autoridades policiales locales», indicó el ministro.
¿Cómo se implementará? Posiblemente, antes de fin de mes, el Poder Ejecutivo provincial realice anuncios al respecto.
