Publicado el 14/11/2013 – Semanas atrás salió a luz una serie de irregularidades que se estarían llevando a cabo en la Unidad Penitenciaria Federal de Colonia Pinto. Un recluso denunció peleas clandestinas, fugas arregladas, privilegios para represores, negociados en torno a la droga, la prostitución y el alcohol entre tantas otras. En los últimos días también habría logrado conocerse una defraudación de $300.000 en el pago de los sueldos de los reclusos y se sindicaría a un directivo del área de trabajo como el presunto responsable.
La Justicia federal rápidamente se hizo eco de las denuncias y comenzó una gigantesca investigación con el fin de lograr el esclarecimiento de los gravísimos hechos. Ya se encuentran separados de sus funciones 2 directivos y el fiscal federal, Dr. Pedro Simón, lleva adelante las investigaciones. Ya se habrían dictado varias medidas entre ellas el allanamiento a cargo de efectivos de Gendarmería del penal, tal como fuera primicia en EL LIBERAL. Allí se habrían encontrado algunas pruebas que ayudarían al fiscal a avanzar en la investigación.
EL LIBERAL pudo acceder a algunas investigaciones en torno a las irregularidades y tal cual se anticipó en ediciones anteriores, podría determinarse cómo con complicidad de guardiacárceles funcionaría el negocio de las drogas y el ingreso clandestino de bebidas alcohólicas dentro de los muros de la prisión. Para ello los investigadores ya contarían con audios y fotos de las distintas irregularidades y de los implicados en ellas. Presuntamente algunos guardiacárceles aprovechando que no eran requisados, ingresarían las drogas y el alcohol y desde la cocina que funcionaría como un centro de distribución clandestino, se la harían llegar a los reos para su comercialización.
Revelación
En las últimas horas también pudo conocerse cómo funcionaría el negocio de la prostitución. El circuito sería llevado adelante entre presos, visitantes y guardiacárceles. Los presos para acceder a visitas para tener relaciones íntimas deben acreditar su relación con los visitantes y entre esos requisitos se deben presentar estudios médicos y certificaciones judiciales para el caso de los que no son casados que avalen la relación y así se les pueda otorgar ese tipo de visitas. Además para poder cambiar de persona para este tipo de visitas deberían pasar al menos 9 meses.
Algunos investigadores habrían podido determinar que esos tiempos no se cumplían y que los requisitos tampoco eran presentados en su totalidad; incluso que no se contaba con las autorizaciones judiciales que avalaran el vínculo. Se sabría que una de las visitantes en el penal les facilitaría “amigas” a los presos y con la ayuda de algunos guardiacárceles accederían rápidamente a las visitas íntimas sin cumplir ni con la totalidad de los requisitos ni con los plazos que se deberían esperar.
A cambio, los presos le pagarían a la visitante una suma de dinero que ésta obtendría a través de la autorización realizada por el recluso para que dicha visitante retire a nombre de ellos dinero del penal. Se calcularía que las visitantes retirarían el dinero de al menos 24 presos y se alzarían con una suma importante, la cual compartiría con directivos y guardiacárceles que facilitaban el circuito.
Dicho circuito habría sido denunciado tiempo atrás por la esposa del recluso “H. C.” y se habría llevado adelante otras de las tantas investigaciones internas que aún hoy se encuentran sin resolución. Más grave sería todavía la información obtenida por los investigadores que descubrieron que tiempo atrás el recluso “G” entre otros, habría accedido a tener visitas íntimas sin ningún tipo de documentación autorizada por un directivo. Mientras tanto las investigaciones siguen su curso alrededor de las supuestas irregularidades.
