comisario acusado de ordenar a sus subordinados detenciones arbitrarias para mejorar estadísticas finalmente enfrentará a un tribunal. Así lo decidió Carlos Lescano, juez de control Nº 5, quien resolvió elevar a juicio la causa contra el comisario Pablo Márquez, imputado por abuso de autoridad reiterado y coacción.
El pedido había sido solicitado por Pablo Molina, fiscal de instrucción del Distrito IV, Turno V de la ciudad de Córdoba.
Márquez había sido denunciado en tres ocasiones por subordinados, quienes aseguraron que el comisario los obligaba a realizar detenciones hubiera o no hubiera contravenciones. Para ello se utilizaban figuras del Código de Faltas, como el merodeo o el escándalo en la vía pública. Los tres agentes, en actividad hicieron las denuncias en distintas fechas.
El fiscal ya había pedido dos veces la elevación a juicio pero el juez Lezcano había remitido la causa a Molina para profundizar la investigación.
“Modus operandi”
Según surge de la causa, si los agentes no realizaban un número mínimo de detenciones, eran sancionados con “recarga horaria”, es decir, debían cumplir horas extra sin recibir paga. En cambio, a quien realizara más detenciones, se lo premiaba como “empleado del mes” y se subía su foto en un cuadro colgado en la dependencia policial.
Las denuncias contra Márquez se conocieron en mayo de 2012, cuando era titular del Comando de Acción Preventiva (CAP) del Distrito Ocho de barrio Panamericano. “De los testimonios se desprende que la práctica ilegal de Márquez estaba en conocimiento de la superioridad”, aseguró Carlos Nayi, abogado de los denunciantes.
La elevación a juicio no tiene precedentes porque las denuncias provienen de agentes de la misma fuerza. Y toma relevancia en el marco de las críticas que desde hace años se hacen al Código de Faltas y al uso arbitrario que la Policía hace de él.
Traslado
Luego de que trascendieran las denuncias, Márquez fue trasladado como titular de la Comisaría de Pilar. Mientras duró en el cargo, dos fallos judiciales cuestionaron el accionar del destacamento. En el primero, la jueza de Río Segundo Ángeles Palacio sobreseyó a dos albañiles luego de comprobar irregularidades en el procedimiento y en el dictado de la sentencia del comisario de Pilar. Y exhortó al comisario “a dar debido cumplimiento de las garantías constitucionales”.
Luego, la jueza dictó un nuevo fallo que involucraba a otro joven, que fue detenido al menos cuatro veces en Pilar. Y ordenó “al personal policial que cese todo el hostigamiento en su contra mal utilizando el Código de Faltas”. “El personal policial hizo caso omiso a la grave llamada de atención”, aseguró.
Delitos. El delito de coacción está reprimido con penas de dos a cuatro años de prisión y lo comete quien “hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad”. El abuso de autoridad, con prisión de un mes a dos años, lo comete el funcionario público “que dictare resoluciones u órdenes contrarias a la constituciones o leyes”.
Carpa en la Plaza de la Intendencia denuncia abuso policial
Carpa. El miércoles pasado, se instaló la “Primera Carpa Antirrepresiva Provincial” en la Plaza de la Intendencia de la Ciudad de Córdoba.
Quiénes. La integran diversas organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles para denunciar casos de abuso policial, denominados “gatillo fácil”, y “la gravísima situación represiva que se vive en la provincia” de las fuerzas.
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