La inseguridad ciudadana se ha instalado en la agenda pública de las últimas décadas. El delito y la violencia socavan los lazos sociales y la convivencia urbana, pese al crecimiento económico de la región y a las mejoras en variables sociales. Con distintos matices y niveles de gravedad, los habitantes de las ciudades latinoamericanas más populosas comparten la preocupación de no convertirse en un mero número de las tasas de homicidios, violaciones, y robos.

Para dilucidar esta compleja trama, Infobae.com entrevistó al Lic. Diego Corrales Jiménez, director de la consultora En Ciudad, organización que se especializa en materia de seguridad. Oriundo de Colombia, Corrales disertará en la XI Feria y Congreso Internacional para Gobiernos Locales. En su experiencia, ha sido asesor en Medellín y pudo observar de cerca cómo una ciudad asediada por el crimen pudo reducir su alta de tasa homicidios en un lapso de tiempo relativamente breve (ver recuadro).

Ahora bien, ¿son extrapolables las dificultades que ha tenido Medellín con otras ciudades de la región? Corrales entiende que hay tres elementos funcionan como factores de inseguridad y que emparentan a las ciudades de Latinoamérica: el microtráfico de estupefacientes, los jóvenes que no estudian ni trabajan, y los contextos “urbanos”abandonados por el Estado.

¿Qué herramientas y políticas públicas deben implementarse para abordar estas temáticas?

Uno de los principales elementos a considerar que es que exista liderazgo político, capaz de convocar a los sectores públicos y privados para que trabajen conjuntamente. Se ha tenido cierto éxito en distintas experiencias alrededor del mundo -como en Medellín- en la lucha contra la inseguridad porque la institucionalidad pública se ha tomado en serio ese  papel.

Un segundo elemento pasa por la combinación efectiva de diversas estrategias. No todo se soluciona con políticas sociales, ni tampoco con intervenciones militares. Es decir, hay que saber muy bien qué momentos combinar políticas alrededor de la percepción, de la previsión, la disuasión, la coerción y la sanción del delito. En el caso de los jóvenes que no estudian ni trabajan – y que posiblemente puedan entrar al mundo de la delincuencia-, hay que brindarles una especie de oferta institucional, un mundo de oportunidades educativas y laborales. Ahora bien, si aún existiendo esta política continúan por el camino de la ilegalidad, hay que caerles con la fuerza de la ley.

Y el tercer elemento es la ejecución de políticas integrales, donde el urbanismo sociales muy importante. Debemos entender la arquitectura y la estética como parte de las transformaciones sociales de las ciudades. Cualquier intervención que se haga en el territorio – en salud, ambiente, seguridad, educación, etc.- requiere de una arquitectura bien hecha, agradable, y que dignifique los espacios.

¿En qué medida el delito es independiente de otros fenómenos, como la pobreza o la marginalidad económica? 

Hay tres factores relevantes. En el mundo hay una serie de organizaciones que funcionan alrededor del crimen organizado y que van a seguir ejerciendo sus actividades independientemente de que haya determinadas ofertas institucionales y sociales. Son estructuras transnacionales que operan en varios países, difíciles de combatir desde una visión local o regional. Las autoridades solo pueden enfrentarlas con el peso de la ley y con la inteligencia de la fuerza pública.

Por otro lado, hay una hipótesis que afirma que la pobreza funciona como uno de los condicionantes de la violencia. Nosotros nunca hemos estado de acuerdo con ello. Si la pobreza propiciara el delito, Haití, que es uno de los países más deprimidos de América latina, tendría que ser uno de los más violentos. Sin embargo, es uno de los más pacíficos. Otro ejemplo sería Estados Unidos, que es peor que la India en términos de delincuencia y homicidios. Por lo tanto, no son solamente los aspectos económicos: la delincuencia se explica por la falta de proyectos de vida, una sociedad que sea permisiva con la ilegalidad, y una debilidad del Estado en lo que refiere a la justicia, entre otros aspectos.

Finalmente, hay otro tipo de situaciones que ocurren en todas las ciudades del mundo. Son delitos que tienen que ver con el ejercicio de la violencia en su condición de ser humano. Homicidios que pasan por venganzas personales, ajustes de cuentas, o motivos pasionales referidos a la violencia intrafamiliar.

Con la presencia de organizaciones criminales transnacionales, ¿se diluyen las fronteras entre seguridad interior y seguridad exterior?

Hay cinco tráficos que dinamizan gran parte de la economía ilegal: drogas, armas, personas, propiedad intelectual, y lavados de activos. Estas organizaciones tienen unacapacidad impresionante de adaptación a las circunstancias y de desafiar al Estado en todas sus dimensiones. Lo importante es atacar sus estructuras, los sistemas que las financian y su logística. Mientras ello se mantenga, siempre habrá un liderazgo que reemplace a los jefes criminales que son capturados o que caen en enfrentamientos. Sin embargo, los Estados a veces tienen limitaciones geográficas, administrativas, presupuestarias y burocráticas para atacar estos fenómenos dentro de territorio que les corresponde. De ahí la necesidad de iniciativas que se articulen alrededor de organizaciones como Unasur.

En Argentina, como en otras partes del mundo, se ha comprobado que la policía mantiene vínculos fuertes con el delito organizado ¿Qué factores son los determinantes para que esta situación de complicidad delictiva se produzca?

El crimen siempre va a tener la capacidad económica y de corrupción para desestabilizar a los diversos cuerpos policiales. Sin embargo, uno ve que cuando existen mandos únicos de policía hay un poco más de control a los uniformados. A diferencia de México, Brasil o Argentina, el sistema de seguridad de Colombia es unitario, mientras que en estos países los sistemas son federales. Nosotros tenemos una sola policía, y no diversas escalas de efectivos provinciales o municipales.

Indiscutiblemente, los sistemas de contrainteligencia en la fuerza pública, la capacidad de los altos mandos de generar políticas de transparencia, el liderazgo político de las autoridades, y la presión ciudadana a través de las denuncias y el seguimiento son acciones que permiten identificar aquellos policías que están haciendo daño a la institución.

¿Qué rol ocupa esta presión ciudadana sobre las fuerzas de seguridad? ¿Cuáles serían los mecanismos ideales de participación?  

Es clave. El control ciudadano es una parte del Estado que es fundamental no sólo para exigir a los policías que no sean corruptos, sino también para decirles “aquí estamos nosotros”, para colaborar en los problemas que se presenten.

Los mecanismos de participación ciudadana adecuados dependen mucho de las ciudades y de las condiciones. Pero hay distintas variantes, como los Consejos de Seguridad realizados en los barrios y los “pactos ciudadanos”. Las convocatorias pueden consistir en planes de desarme, estrategias conjuntas desarrolladas con los vendedores ambulantes -donde ellos puedan desarrollar sus actividades respetando el espacio público-, o acuerdos con los comerciantes de la noche -dueños de bares, discotecas-, donde se comprometen a cuidar su entorno y a que los menores no consuman bebidas alcohólicas.

En casos recientes, la policía demostró que con sus reclamos sectoriales puede terminar afectando seriamente la gobernabilidad ¿Cómo se maneja esa tensión?

En Colombia no vivimos ese tipo de situaciones porque nuestros policías y soldados tienen una carrera profesional. No tienen derecho a participar en política ni tampoco son nombrados por actores políticos. Mi mirada es que entre más centralizado, profesionalizado y unificado este el poder de la policía, mejores resultados se pueden dar. Además, tiene que haber unos mínimos requisitos a cumplir, como un personal bien pago y capacitado, infraestructura y la movilidad de las comunicaciones.