El diputado provincial Hugo Pérez (Frepam) presentó un proyecto en el que propone que el Poder Ejecutivo Provincial, a través de la Subsecretaría de Política Social en coordinación con la Subsecretaría de Trabajo, cree un registro permanente de trabajo para los liberados de las cárceles de la provincia de La Pampa.
La iniciativa propone que el Ministerio de Bienestar Social sea la autoridad de aplicación. La Subsecretaria de Trabajo abrirá y llevará un registro de empresas que operen en la provincia donde exista la posibilidad concreta laboral para reubicar al liberado y/o egresado de las cárceles.
Los beneficiarios de esta ley serán todos aquellos “liberados y/o egresados de las cárceles provinciales que se presenten al organismo de aplicación, solicitando ocupar una vacante del registro a que se hace mención en el artículo 2º y será obligación de la autoridad de aplicación informar de las gestiones realizadas para ubicarlo”.
El proyecto establece que la autoridad de aplicación “otorgará a los beneficiarios de la presente ley, certificación probatoria y provisoria de aptitud laboral del liberado, la que deberá ser refrendada por autoridad competente y suplirá el certificado de buena conducta exigido por las empresas inscriptas en el registro público de trabajo”.
También prevé que “en toda obra pública estatal las empresas que se presenten deberán incorporar un diez por ciento de personas de este registro al plantel laboral”.
Pérez, en los fundamentos, dijo que “la propuesta busca ser una herramienta eficaz para cubrir la necesidad de falta de mecanismos que inserte en la sociedad a quienes salen de prisión. La urgencia de tener una ocupación digna en la cual volcar la propia personalidad es mayor para quienes han dejado la cárcel”.
El legislador destacó que “el trabajo inestable, el subempleo y el desempleo son circunstancias que afectan al individuo y a su familia, deterioran la calidad de vida, empujan a problemas psíquicos y adicciones”.
“El síndrome de prisión aparece cuando se recupera la libertad: la condición de ex presos les impedirá que sean contratados laboralmente. Llevan el estigma del condenado. Y si no tienen adónde ni de qué vivir, volverán a quedar al borde del delito”, afirmó.
Pérez resaltó que “el objetivo principal de esta ley es facilitar la transición de las personas hacia el empleo formal y de calidad en áreas de interés común dentro de un marco de colaboración pública”.
