La Unidad de Información Financiera (UIF) dispuso seis sanciones por incumplimiento a las normas de combate al lavado de activos y financiamiento del terrorismo por 116 millones de pesos, en el último bienio, y logró que se traben embargos por más de 30 millones de pesos. La mayor interacción de la UIF con la justicia derivó, asimismo, en 17 procesamientos y en decomisos por 2,5 millones de pesos durante 2010-11, según un informe publicado en la página web de la dependencia oficial. “Los cambios en la normativa y en la gestión de los dos últimos años permitieron dar un vuelco importante en materia de efectividad del sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo”, evalúa el organismo. Precisa luego que ya están registrados más de 22.500 sujetos obligados a elevar reportes de operaciones sospechosas en el sistema on line, puesto en marcha en abril del año pasado, cuando en la etapa previa sólo se contaba con 350 registros. “Se espera otro salto cuantitativo en el corto plazo, merced a la incorporación de nuevos sujetos obligados desde junio de 2011 por la aprobación del cambio normativo”, ya que los sectores obligados aumentaron de 20 a 31. La UIF consideró que “los sujetos obligados tomaron conocimiento de sus responsabilidades y vieron un notable incremento de los riesgos que acarrean las infracciones” a las normas antilavado. En ese marco, la Unidad de Información Financiera sancionó por primera vez, en 2010, a una entidad bancaria. De las seis sanciones ya dictadas desde entonces, cinco están en proceso de apelación y una de ella, por incumplimiento en la debida diligencia a los clientes, se encuentra firme y pagada (por 27 millones de pesos). La UIF realizó, por otra parte, 141 supervisiones a sujetos obligados desde 2010, y en doce casos se analiza si los incumplimientos pueden derivar en sanciones administrativas. Esta actividad de control se respaldó en modificaciones normativas adoptadas durante 2011, que sentaron las bases del sistema general de supervisión y reglamentaron el deber de colaboración de los órganos específicos (Banco Central, Comisión de Valores y Superintendencia de Seguros). Tras esas actualizaciones normativas, el año pasado se desarrollaron tareas de fiscalización conjunta con el BCRA en un banco y en once casas de cambio. “Las irregularidades detectadas fueron notificadas a las entidades supervisadas”, mientras se analiza la posible sustanciación de procedimientos sumariales por incumplimiento de la normativa antilavado, indicó el informe. La UIF inició a la vez, el año pasado, 29 inspecciones in situ a diversos sectores no sujetos a supervisión por otros organismos, en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En ese sentido, se abordaron actividades “nunca antes supervisadas”, como escribanías, sociedades de capitalización y ahorro, comercios de venta de antigüedades, entidades que reciben donaciones (fundaciones) y emisores de tarjetas de crédito, además de joyerías, juegos de azar, transportadoras de caudales, remesadoras de fondos y galerías de arte. Tales controles se efectuaron en cinco provincias, además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y como resultado fueron enviadas 2.099 intimaciones y se consiguió que en más de 70% de los caso se diera cumplimiento a la obligación de registro. En cuanto a la actividad de la UIF en tribunales, el informe destaca que “en promedio anual, en los dos últimos años los oficios judiciales respondidos se cuadruplicaron respecto al promedio anual de los casi diez años anteriores” (antes 18, frente a 84 en el último bienio). Las colaboraciones judiciales se elevaron en un 50% promedio anual y la UIF se presentó como querellante en 19 causas entre 2010 y 2011, mientras este instrumento sólo había sido utilizado una vez en el decenio anterior, concluye el informe.

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