La idea de que las investigaciones por comercio de cantidades menores de droga pasen de la Justicia federal a la Justicia provincial, con el fin de mejores desempeños en la persecución de ese delito, fue motivo de un debate realizado ayer por la Secretaría de Delitos Complejos de Santa Fe, con posiciones que estuvieron lejos de ser unánimes.
En la Legislatura provincial hay un proyecto del diputado Darío Mascioli (PJ) para adherir a la ley nacional que traspasa los casos de narcomenudeo a la esfera provincial. El fiscal regional Jorge Baclini, por ejemplo, se manifestó partidario de ese cambio a mediano plazo, convencido de que la modalidad actual es la peor opción. Los funcionarios del gobierno provincial, por el contrario, son reacios a la enmienda.
En la discusión participaron un fiscal bonaerense y otro cordobés, para reflejar experiencias de dos provincias que sí aceptaron el cambio. Aquí algunas posiciones:
Juan Lewis, Ministro de Justicia de la provincia de Santa Fe
“La desfederalización de la persecución el comercio menor de drogas desde mi punto de vista es una herramienta equivocada. Indudablemente hay cosas que revisar y actores que tienen que empezar a jugar. Se requieren nuevas formas de investigación y nuevos protocolos de trabajo, así como mayores compromisos personales y decisiones políticas, pero esta no es la herramienta porque conduce a segmentar la lucha contra el narcotráfico con los inconvenientes que eso podría traer, que a mi juicio implicaría impunidad para el gran narcotraficante.
No podemos entender que la lucha contra el narcotráfico pase por perseguir a pequeños dealers o consumidores sino que hay que hacer pocas investigaciones contra grandes organizaciones. Entiendo que también los fiscales federales tienen que estar en la calle, en los procedimientos, controlando la transparencia de los mismos, lo cual no pasa en la actualidad. En Justicia ordinaria hubo un gran vuelco en la efectividad del trabajo cuando el procurador Jorge Barraguirre dictó una instrucción para que los fiscales salgan de sus despachos, empiecen a planificar hipótesis y vayan a los procedimientos, que se comuniquen con la gente y se empapen de realidad para ser más efectivos.
En cuanto al argumento de que la Justicia federal tiene una estructura pequeña para perseguir delitos como este, no lo comparto. La Justicia provincial también tiene competencia en muchos otros delitos y también tiene sus problemas para atender adecuadamente los casos que se le presentan. No es una cuestion de cantidad sino de calidad en el trabajo”.
Jorge Baclini, Fiscal Regional Rosario, Ministerio Público de la Acusación
“Estoy de acuerdo con la ley de desfederalización. Analicé los argumentos en contra y la mayoría no son constatables. Incluso algunos, como los que sostienen que se perseguirá al consumidor, no son atribuibles a esta ley sino a la ley madre, que criminaliza el consumo que debería ser abordado como un problema de salud. Otra cuestión que se plantea en contra es que potenciará la persecución selectiva, pero eso está basado en la suposición de lo que haremos los fiscales. Es necesario perseguir al quiosco y a quien lo provee, aunque se deberían contemplar problemáticas como las de los pobres chicos que terminan atendiéndolos.
También se dice que la duplicidad de las investigaciones complicará la persecución del gran traficante, pero para eso se toma como punto de partida la desconexión entre la Justicia Federal y la provincial, se parte de la base de que son órganos enfrentados cuando nunca se sentaron para generar políticas comunes que delimiten las pautas de acción. Si manejáramos un mismo estándar investigativo el problemas de las supuestas nulidades no existiría.
En Santa Fe el nuevo sistema penal tendrá 144 fiscales, con un fiscal general y otros regionales que podrán fijar políticas de persecución.
“Mi posición es en pro de desfederalizar, pero la ley tendrá que fijar criterios más amplios que los que contiene el proyecto. No obstante, no es el momento adecuado para adherir a esta ley. La prioridad hoy es poner en marcha el nuevo sistema de persecución penal y una vez que se haga habrá que empezar a evaluar la adhesión a esta ley en un plazo de dos años”.
Daniel Erbetta, Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe
“Hace más de diez años, la provincia de Buenos Aires impulsó fuertemente la sanción de una ley nacional que permitía a las provincias optar para que la Nación les delegara competencia para investigar algunos delitos de drogas, pero no todos. Así el Congreso de la Nación sancionó luna ley que se llama de desfederalización. Significa que los delitos por drogas, no el narcotráfico a gran escala, sino los delitos menores, pasen de la competencia federal a la provincial.
Buenos Aires ejerció esa opción pero los resultados, de acuerdo con la comprobación empírica, han sido negativos. Eso está a la vista. El problema de Buenos Aires es gravísimo. Esta desfederalización no tuvo ningún impacto ni en el control del narcotráfico a gran escala ni en el problema del comercio pequeño o la tenencia o suministro.
Es una paradoja que un mismo delito sea de competencia nacional en una provincia y sea de competencia ordinaria en otra, simplemente porque allí se ejerció la opción. El delito es federal o lo pasamos a la órbita de las provincias. El problema hay que ponerlo en su lugar. Hay que fortalecer las fuerzas federales en cada una de las regiones y pedirle a la Justicia Federal que profundice y obtenga mayores resultados en la persecución de este delito. El 90 por ciento de las causas por drogas que se tramitan en la Justicia federal son delitos menores y algunos de ellos ni siquiera son delitos. Si se pasan todas estas causas a la justicia provincial se generará un colapso”.
Fabio Arcomano, Fiscal de UFI Nº 6 de Trenque Lauquen (provincia de Buenos Aires)
“Es una alternativa que tiene la provincia de Buenos Aires para investigar ante la inmediatez de un hecho de comercio al menudeo. En nuestra zona se verificó que la Justicia Federal está ajena, tanto la de Junín como la de Bahía Blanca. No sé si las estadísticas demostrarán efectivamente que fuimos eficientes, pero en ocho años sacamos del camino a mucha gente que vende droga. ¿Resolvimos el problema? No sé, no me corresponde decirlo. Nosotros tenemos una ley para que nos encarguemos de la venta al menudeo y fuimos para adelante. Encontramos quioscos, negocios mayoristas y algunas veces comercio a gran escala.
Una ventaja de la participación de los fiscales provinciales para perseguir este delito es que se puede actuar ante la inmediatez del problema. Llama un vecino y denuncia que están vendiendo droga en una escuela y se puede actuar ante un problema que en las comunidades chicas es nuestro, no hay alternativa, es nuestra obligación y nos ocupamos y estamos siendo eficientes.
Para sortear los problemas de la corrupción policial hay que trabajar día a día con la policía. A diferencia de otras jurisdicciones de la provincia como Bahía Blanca, que cuenta con otras fuerzas de seguridad, nosotros sólo tenemos a la policía bonaerense. Con el correr de los años pudimos ensamblar y trabajar en una relación muy amena y eficaz porque ellos no hacen nada sin nuestra intervención. Esto no quita que sigan habiendo hechos de corrupción, pero trabajamos en forma coordinada y estamos siendo eficientes”.
Marcelo Bailaque, Juez Federal Nº 4 de Rosario
“En caso de adherir a esta ley no se investigarían todos los delitos vinculados con el narcotráfico sino una parte, los de tráfico menor. A mi modo de ver, eso no implicará un cambio radical. Pero no es casual que este proyecto venga de la mano de un diputado del interior de la provincia, donde hay una problemática que requiere otra mirada. En las causas que tramitan en localidades pequeñas se ve la necesidad de una proximidad mayor del Poder Judicial. Eso no quiere decir que los lugares pequeños merezcan una mirada distinta porque la venta al menudeo que puede haber, por ejemplo en Arequito, no es de la misma significación que en Rosario, porque acá puede ser que se esté investigando una red que responde a un nivel de narcotráfico superior.
Pero hay que tener en cuenta que la delimitación de la competencia no es tan clara como una calle divisoria. Hay conflictos que ya ocurrieron cuando la Justicia provincial bonaerense requirió allanamientos en Santa Fe. En algunos casos, si la ley establece que la competencia provincial se limita al menudeo, cuando la investigación afectaba el tráfico interprovincial no era de competencia provincial y correspondía que investigara el Juzgado Federal nicoleño o de Rosario”.
Para adherir habría que ver cómo se resolverán los conflictos que se presenten. Salvado eso, no veo ningún reparo. En ciertos aspectos sería beneficioso, sobre todo para poblaciones chicas porque se agilizaría el sistema de enjuiciamiento y la Justicia podría brindar una respuesta para esas causas menores que no terminen en nada”.
Marcelo Fenoll, Fiscal provincial contra el Narcotráfico de la provincia de Córdoba
“Creo que la intervencion federal o provincial, por sí misma, no mejora ni resta nada. Pero en Córdoba trajo aparejada un cambio de metodología en cuanto a cómo trabaja el fiscal con la policía, cómo se involucra el fiscal con la problematica de drogas o a qué aspecto del narcotráfico se ataca.
No perseguimos al consumidor, en ocho meses tenemos casi mil causas con expectativa de condena efectiva. Por cuestiones de narcomenudeo, la Justicia Federal secuestró en 2011 nueve kilos y medio de marihuana y cocaína, mientras que nosotros en seis meses llevamos más de 200 kilos. Esto repercute en la sensación de seguridad de la población, no sólo sacamos de circulación un quiosco sino que también cierran sus puertas otros. Y las personas que estaban en dudas de inmiscuirse en el narcotrafico lo repensarán atento a las posibilidades de condena que pueden tener, es decir, se pierde la sensación de impunidad, que era lo que estábamos buscando.
En cuanto a la corrupción, no es lo mismo que sea estructural o personal. Y si no se actúa contra ella se la termina alentando por omisión. No obstante, en Córdoba tenemos la posibilidad de hacer investigaciones multiagencia: si no se hay resultados con la policía provincial, se puede acudir a la policía judicial, a la PSA, de Gendarmería o la federal. Una ventaja de este esquema es la empatía que genera entre fiscales y policías. Nosotros podemos entender las necesidades operacionales y políticas de la policía y ellos nuestros estándares para conducir investigaciones exitosas. Para eso hay que dialogar y trabajar en equipo.
