DOCE AÑOS DE IMPUNIDAD
Dos juicios orales, 7 meses de debate, más de 300 testigos, 25 cuerpos de expedientes…dos absoluciones…12 años sin consuelo para una familia.
Estos son los datos de un caso por un homicidio en el 2002, de un chico cuyo nombre era “José Luis Bolognesi”, de 19 años en aquel entonces, en donde un sábado por la madrugada después de haber realizado un recorrido un poco misterioso –para algunos- encontró un desenlace fatal, aún hoy en día sin saber quién fue o fueron las personas que la dieron muerte.
Este es el caso que durante años ha aquejado al pueblo del departamento de Gral. San Martin, en la provincia de Mendoza, se trata de la causa incoada contra “Abdo Girala y Carlos Pérez”, por el delito de HOMICIDIO EN AGRESIÓN. Causa de luego de una larga investigación llego por primera vez a debate oral en el año 2009, con un fallo absolutorio para los dos imputados en la causa, y con un recurso de casación de la Sra. Fiscal de Cámara al cual se adhirió la parte querellante, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza acogiendo el recurso – causa N° 98.771, caratulada “FISCAL CONTRA PEREZ, CARLOS ALBERTO; GIRALA, ABDO DANIEL POR HOMICIDIO EN AGRESION S/CASACIÓN”- anuló el fallo absolutorio, reenviando la causa para nuevo juicio oral. Es así como el caso volvió a llegar a los estrados judiciales en noviembre de 2013. Luego de intensas jornadas de debate, el pasar de innumerables testigos, peritos, funcionarios policiales y judiciales, se llegó finalmente a una nueva absolución el pasado mes de junio, dejando sin respuesta otra vez y sin consuelo a la familia Bolognesi.
Pero los datos que hacen atípico esta causa, entre ellas por la enorme complejidad de la prueba, fue la ausencia de pruebas directas que señalaran a los sometidos a proceso, cuestión que llevó a que el Fiscal de Cámara Fernando Guzzo –designado por Procuración en sustitución de Mariano Carabajal, quien se tomó licencia en pleno debate- decidiera en la etapa de alegatos no mantener la acusación inicial. La parte querellante, representada por Lucas Lecour y Sergio Salinas, tuvo que enfrentar una ardua tarea respecto a la valoración de la prueba para poder sostener la hipótesis acusatoria, cuya pretensión era la condena por el delito de homicidio en agresión y para la cual en los alegatos solicitaron la pena de 4 años de prisión para los sospechados.
Los letrados comenzaron su exposición indicando que “no todos los imputados son iguales”, y que “si la situación hubiera sido al revés (que Girala fuera la víctima y Bolognesi el sospechoso), el joven José Luis estaría cumpliendo condena en algún penal de la provincia y este caso se habría resuelto rápidamente”, dejando entrever, los letrados, en cómo suele actuar el sistema de acuerdo al estatus social de la víctima y el victimario.
Entre esa complejidad probatoria la construcción de la hipótesis se basó particularmente en prueba indiciaria. Los abogados de la familia Bolognesi mencionaron 18 indicios que involucran específicamente a Girala, y que deja sobre el tapete la conducta “llamativa” y por ende sospechosa, del padre del imputado, el empresario Daniel Girala –muy reconocido en el pueblo de San Martín-, a partir del homicidio.
De estos indicios –enumerados uno por uno- se deprende la presencia de Daniel Girala –padre del imputado- junto a su hija en el velatorio de Bolognesi, la relación entre este hombre y el policía encargado de investigar la causa, Orlando Fúnez, el ofrecimiento de dinero a algunas personas para reforzar una hipótesis en la cual el chico había encontrado la muerte esa noche del 14 de setiembre en un cabaret, y las amenazas que denunciaron los familiares y amigos de Bolognesi que recibieron por parte del empresario Girala, amenazas telefónicas y presenciales, declaradas durante la instrucción y en audiencia de debate.
En ese contexto hay que poner a la testigo Ana María Puebla, única testigo presencial del hecho. Se ha intentó por todos los medios descalificar el testimonio de la mujer, intervinieron decenas de peritos psicólogos o psiquiatras y se le realizaron múltiples entrevistas. Las amenazas y las denuncias penales contra ella por falso testimonio han sido moneda corriente y a la par que su salud se deterioró –sufrió un accidente cardiovascular que afortunadamente no le causó lesiones cerebrales–, se la hostigó destrozándole su privacidad. Según denunció el representante de la familia Bolognesi, que reclamó ante la Suprema Corte de Justicia la anulación del primer juicio cuyo resultado fue la absolución de todos los acusados, fueron numerosos los abogados que colaboraron con los defensores para garantizar estas maniobras.
Lo central del relato cuestionado de la Sra. Puebla fue que un joven, aproximadamente a las 6 de la mañana, frente a la estación de servicio La Jirafa, “fue interceptado por una camioneta negra que venía haciendo zigzag, que se detuvieron, se bajaron, le daban puntapiés, lo agarraban del cuello, lo volvían a soltar al piso, el joven no se defendía, se quejaba, el chico cayó mal al piso, todos le pegaron, uno lo llevó al baldío. El que lo llevó al baldío era robusto, mayor que los otros”. Pues bien, esto coincide con el resultado de la necropsia según los cuales la muerte se produjo por asfixia, que el cuerpo presentaba golpes, que probablemente la víctima quedó inerme cuando lo asfixiaron, lo cual explica que no se haya defendido y que tenía lesiones de arrastre y que la muerte se produjo aproximadamente entre las 5 y las 6 de la mañana –según consta en el informe de la necropsia-.
La defensa técnica de los acusados, desde siempre sostuvo que sus clientes no tuvieron ninguna participación en el hecho, y por ello solicitaron en los alegatos la absolución lisa y llana de ambos. Con un ardid bastante interesante se animaron a cuestionar expresamente las irregularidades de la instrucción, de la actuación de los funcionarios policiales, y hasta se concluyó con el pedido de destitución y Jury de Enjuiciamiento para un juez interviniente en la causa como juez de instrucción y que actualmente presta funciones como Juez de Garantías en el mencionado departamento mendocino.
El pasado día martes 8 de julio el tribunal de la Ciudad de San Martín integrado por Eduardo Orozco, Viviana Morici y Ariel Spektor pronunció su fallo absolviendo nuevamente a los dos imputados, en una resolución dividida, cuyo voto del presidente –Orozco- consideró culpables a Girala y Pérez. Con ello aún lejos de quedar cerrado el caso, se solicitaron innumerables compulsas por falso testimonio y la remisión del expediente a quien corresponda para tratar el tema la destitución del cuestionado juez de instrucción. Los abogados querellantes prometieron recurrir en casación por segunda vez y comenzar a elaborar la petición para recurrir ante organismos internacionales –CIHD- para declarar la responsabilidad del estado por no haber esclarecido la muerte de José Luis Bolognesi en estos largos 12 años, en tanto los defensores técnicos, también esperan que el estado se haga responsable por dejar sometidos a proceso durante años a sus defendidos.
Lo cierto y concreto, es una familia que se esperanzó en encontrar respuesta en la justicia, respuesta que no llegó y más allá de la memoria, no se sabe si algún día llegará.
Por Estefania Beatriz Araya.
