La Unicameral aprobó su aplazamiento por tiempo indeterminado. El proyecto del oficialismo fue presentado tras un pedido del TSJ, que adujo problemas edilicios y presupuestarios
Alrededor de 240 niños de la provincia continuarán institucionalizados sin contar con una justicia penal juvenil que los ampare: seguirán acusados e investigados por la misma persona y no podrán recurrir esa decisión ante una cámara especializada.
Ello habida cuenta de que, por segundo año consecutivo y a pedido del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el oficialismo envió esta semana a la Legislatura un proyecto de ley que fue aprobado y autoriza una nueva prórroga para la readecuación del nuevo sistema.
A diferencia del año pasado, en esta ocasión se aprobó que la prórroga no sea por un año sino por tiempo indeterminado hasta que el TSJ considere “que cuenta con los recursos edilicios, informáticos y humanos necesarios”.
Para pedir el aplazamiento de la norma por un plazo “no inferior a los 270 días”, en el acuerdo reglamentario (número 1159, serie “A”), el Alto Cuerpo adujo dos razones principales. La primera se relaciona con lo edilicio. El Poder Judicial ya compró un inmueble para el funcionamiento del Fuero de la Niñez, Adolescencia y Violencia Familiar y licitó la obra para adecuar el lugar. Sin embargo, la obra aún no finalizó.
En segundo lugar, advirtieron de que aún existen “limitaciones presupuestarias que impiden reforzar la planta de personal de las Fiscalías Penales Juveniles”. Aunque también se aclaró que “no son éstos los obstáculos decisivos sino los derivados de la readecuación edilicia”.
Al respecto -consultada sobre el tema por Comercio y Justicia- la abogada especialista en infancia Marysel Segovia, integrante del Colectivo cordobés por los Derechos del Niño, indicó que la obra en proceso de licitación para readecuar el edificio de calle San Jerónimo 258 -adonde a futuro se trasladaría el Fuero de Niñez Juventud y Violencia Familiar, que no interviene en cuestiones de delitos- “no puede ser un obstáculo a cumplir con el rol que por ley le corresponde a la figura del Fiscal, que es un cargo existente, con espacio físico ya establecido y que sólo puede requerir sumarle algún recurso humano”.
Cabe recordar que la ley de protección de los derechos de los niños (9944) sancionada en 2011 con respecto a los jóvenes menores de 18 años acusados de cometer delitos no incluyó grandes cambios respecto a la ley anterior. La única modificación planteada fue establecer la competencia del fiscal de menores para que investigue los delitos de manera independiente del juez de menores -cuyo rol debe circunscribirse al juzgamiento-, tal como ocurre en los procesos de adultos .
En el recinto
El proyecto del oficialismo fue rechazado por el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR). En diálogo con este medio, el legislador Rodrigo de Loredo afirmó que “con esta nueva prórroga se continúa violando el principio de debido proceso al ser el juez quien se encarga de la instrucción, investigación y, a su vez, es el encargado de juzgar y decidir sobre la responsabilidad del menor en un hecho delictivo”.
A su vez, remarcó que, según datos de la Ejecución Presupuestaria del primer trimestre de este año, el Estado provincial hizo recortes presupuestarios en diversos programas sociales, sobre todo en los que apuntan a las niñas, niños y adolescentes”. “Que no se implemente el sistema penal juvenil perjudica al sector más vulnerable de la población”, destacó.
