Un estudio realizado por profesionales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) reveló que un alto porcentaje de los jóvenes detenidos por contravenciones al Código de Faltas no tuvo acceso a asesoramiento legal durante el período de su detención. Los investigadores, que trabajaron en conjunto con la Universidad española de La Rioja (UR) relevaron y analizaron datos de jóvenes varones entre 18 y 25 años, que es el estrato de sexo y edad “más detenido” por la Policía en procedimientos de estas características, según concluye este estudio.

En esta investigación, que arrojó datos del perfil de los detenidos en Córdoba Capital por alguna de las figuras del Código de Faltas, se concluye que si bien la misma ley establece que “la asistencia letrada del presunto contraventor no será necesaria en ninguna etapa del proceso” y el mismo “podrá proponer defensor de confianza o pedir que se le asigne uno de oficio”, ese derecho no es ejercido por el 94,5 por ciento de los contraventores. El dato resulta aún más alarmante si se toman en cuenta que los jóvenes detenidos por la aplicación del Código de Faltas pasan un máximo de dos días detenidos, en el caso de los sectores altos; un máximo de dos meses en el caso de los sectores medios y hasta seis meses tras las rejas en el caso de los sectores bajos.

Por otro lado, la posibilidad de acceder a un abogado tiene sus diferencias en cada caso. Mientras que en los barrios de altos ingresos el 10 por ciento de los jóvenes detenidos por alguna figura del Código accedió a un abogado, sólo un 4,1 por ciento pudo hacerlo en los barrios de bajos ingresos. Quienes son detenidos quedan, según lo establece el Código, a merced de la decisión de un subcomisario o comisario, quien es el que decide la sanción si establece que hubo o no una falta, lo que, según los detractores de la norma, hace más vulnerable la situación del detenido.Según Fabián Balcarce, uno de los directores de la investigación, “no hay una defensa que esté diagramada legalmente en ese Código de Faltas” y “la única posibilidad que se tiene es la de apelar con el objetivo de que un órgano jurisdiccional resuelva eso, pero con la persona condenada y cumpliendo la pena a través de una suerte de prisión preventiva que existe en el Código”.

Sin sugerencias. El oficialismo en la Legislatura planea realizar algunos cambios en la norma (ver: “La Policía no juzgará más…”), pero no sacará la figura del merodeo. Según dijo el legislador y presidente del bloque Unión por Córdoba, Sergio Busso, “el arresto, que hoy es la pena principal en el Código de Faltas, será la excepción”, y se planean incorporar el “trabajo comunitario” como una de las opciones de sanción.

Datos. De la investigación realizada durante el año 2012 por un grupo de académicos dirigidos por Fabián Balcarce y Marcelo Bernal (UNC) y Ana Vega Gutierrez (UR), también se destacan datos sobre el perfil de los jóvenes detenidos (ver gráfico) y el porcentaje de detenciones. Llama la atención que de un total de casi 600 encuestados de barrios de sectores altos (Cerro Las Rosas, Urca y General Paz), medios (Maipú, Parque Vélez Sársfield, Los Naranjos) y bajos (Suárez, Villa Libertador, Renacimiento), el 78 por ciento de los jóvenes fue parado por la Policía alguna vez en la vía pública, sin razón aparente. Otro dato importante es que el 40 por ciento de los jóvenes fue detenido y de ellos el 70 por ciento por al menos una de las figuras del Código de Faltas, entre ellas: merodeo, negativa u omisión de identificarse y posesión injustificada de llaves o ganzúas.

Merodeo. La figura más cuestionada del actual Código de Faltas será mantenida como tal, según dijo Busso.

La Policía no juzgaría más. Será el principal cambio en el Código de Faltas que impulsará el PJ después de las elecciones.

La posibilidad que un detenido por Código de Faltas acceda a un servicio de asistencia legal desde el inicio del proceso fue descartada por los funcionarios del Gobierno provincial que avanzan en la reforma de ese texto legal. Sin embargo, Unión por Córdoba propondría en el nuevo texto -que empezaría a tratarse después de las elecciones- que no sea un policía el encargado de dictar la sentencia de primera instancia.

“Se hará cesar a la facultad de juzgamiento de la Policía”, explicó el técnico encargado de encauzar el debate entre los bloques de la Legislatura provincial. En un mismo sentido, el nuevo texto del Código de Faltas obligaría al juez de Faltas a tener una audiencia con el acusado: “Nadie podrá ser juzgado sin estar cara a cara con quien juzgue”.

Entienden en el oficialismo que ese “cara a cara” sería una garantía para el acusado, aunque no tendrá un abogado defensor oficial. “La reforma será garantista: nadie podrá ser juzgado sin ser oído por quien lo juzga”, sintetiza el experto consultado.

Los ejes de la reforma aún no fueron presentados a la totalidad de los legisladores, por estar en la discusión de las comisiones. Pero ya tiene el OK desde el Ejecutivo provincial.

En ese marco, en el oficialismo argumentan que crear un cuerpo de defensores públicos que actúe en las comisarías es inviable, sobre todo por cuestiones presupuestarias. Pero confían en que la “oralidad” permitirá una defensa al sospechoso y la aplicación de medidas que no sean de arresto. “La detención debe ser la excepción”, señaló Sergio Busso hace pocos días a La Voz del Interior.

Así, el Código de Faltas, considerado por el oficialismo como un código de convivencia, seguirá vigente y su uso estará en manos de la Policía, dejando el juzgamiento a “un tercero”. “El problema del Código no son las figuras, sino el poder discrecional y desmedido que tienen los subcomisarios y comisarios para juzgar”, sintetizan en la Legislatura.

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