El senado de la provincia dio sanción definitiva a la creación de un organismo de investigaciones de delitos complejos que acompañará la puesta en marcha del nuevo código procesal penal de Santa Fe en Febrero 2014.
La norma es producto del consenso alcanzado en la Cámara de Diputados donde se fundieron dos proyectos: uno nacido en el Senado, de Armando Traferri (PJ San Lorenzo), y otro del diputado kirchnerista Eduardo Toniolli.
El senado y la cámara baja sostuvieron el criterio de confiarle las investigaciones penales (sobre todo de los llamados delitos complejos) al instituto que, cuando entre en vigencia el nuevo Código Procesal Penal, tendrá a su cargo la acusación. Estos investigadores dependerán del Ministerio Público y no de la Policía Provincial.
Cabe recordar que en Diputados, el proyecto de Toniolli fue enriquecido con otros que presentaron Gerardo Rico (Movimiento Evita), Leandro Busatto (FPV), Avelino Lago (Producción y Trabajo) y Jorge Abello (Encuentro Santafesino).
El futuro organismo de investigaciones dependerá del Fiscal General, cargo que hoy ocupa Julio de Olazabal. Y tendrá competencia sobre los delitos que hagan suponer participación de un grupo organizado; delitos cometidos por funcionarios públicos, por miembros de las fuerzas de seguridad y aquellos que por las características propias o la complejidad de la investigación, el Ministerio Público de la acusación disponga su intervención.
Los integrantes de éste organismo deberán ajustarse a los principios de actuación descriptos en el texto de la ley, y a su organigrama funcional que pone a la cabeza a un director general, designado por el fiscal general, previo concurso público de oposición y antecedentes, acompañado de cinco directores regionales.
La ley dedica un título a la formación profesional de los integrantes y crea en éste sentido el Instituto de Capacitación y Formación. También prevé la creación en el organismo del Departamento de Análisis de Información Delictiva para producir y recolpilar la información generada por el propio cuerpo.
Los legisladores, además, se han reservado en uno de los artículos de la ley mecanismos de control: un observatorio para el seguimiento de éste cuerpo y la obligación para el fiscal general de presentar anualmente ante la asamblea legislativa el informe de gestión del nuevo cuerpo.
