En la conferencia de prensa con la que se difundieron los rasgos centrales del informe, estuvieron presentes –además de Bosch– la vicepresidenta diputada Nancy Gersel, la legisladora Elba Altamiranda, por el Poder Ejecutivo el secretario de Derechos Humanos José Luis Valenzuela, por el Poder Judicial el fiscal en lo Penal Especial de Derechos Humanos Francisco Turraca, representando a la sociedad civil Benedicta Ortiz de Penayo, Bonifacio Rodríguez –representante de los pueblos originarios– y Juan Penchasky, representante de los abogados.
Mucho por cambiar
Gersel aclaró que si bien la ley establece que el comité debe realizar un informe anual sobre la situación general, este primer informe abarca desde junio de 2012 –cuando asumió efectivamente el comité– hasta marzo de 2013. El trabajo consta de 43 páginas en las que se hace un diagnóstico general de la situación, se especifica la evaluación en los distintos centros de detención de la provincia –prisiones y comisarías–, se puntualizan las falencias y también las recomendaciones tanto de orden práctico como de orden jurídico que el comité entiende necesarias para paliar y mejorar la situación de estos centros de detención.
La legisladora explicó que en estos meses “el comité pudo visitar cada uno de los lugares en contexto de encierro y hacer un relevamiento no sólo de la cuestión estructural y edilicia, sino de lo que implica el régimen de encierro en todos sus aspectos: la cuestión educativa, la inserción laboral, el trato” y observó que “hay cuestiones que mejorar, hay que trabajar un nuevo modelo, rever cómo nos estamos situando, tener otros mecanismos de relación” y remarcó la problemática “del acceso a la justicia. Hay mucha mora en este aspecto y en ese sentido hemos hecho sugerencias”.
Destacó “ejemplos como los penales de Castelli o el de Charata en los que vemos una buena convivencia que hace luego la posible reinserción en la sociedad de estas personas que han delinquido por distintas situaciones y que están en contexto de encierro. Hemos trabajado muy bien de manera coordinada y vamos a seguir trabajando no sólo para pedir que se reestructuren algunas situaciones desde lo estructural, sino también de lo vincular”.
Apuntar a la readaptación
Bosch observó que “hay situaciones muy diversas pero el diagnóstico general es que se está frente a un sistema colapsado, con serias falencias, se necesita un profundo cambio en el sistema penitenciario no entendiéndolo a partir de la concepción de cárcel cerrada como instrumento de la política de seguridad que realmente no cumple los fines constitucionales de la pena, sino la transformación en un verdadero servicio de readaptación social que es lo que debiera ser el servicio penitenciario”.
“Hay que hacer hincapié en la diversidad de las situaciones –reiteró– Tenemos el caso de la alcaidía de Resistencia, por ejemplo, en similares condiciones que la de Villa Ángela, que son lugares realmente paupérrimos en lo que concierne a condiciones de detención. Otros penales, como el de Sáenz Peña, que es más nuevo y está mucho mejor en materia de infraestructura; pero tiene muchísimos problemas de régimen. Y hay penales que están en una situación mucho mejor, como es el caso de Charata y Castelli”.
Bosch apuntó que “los temas urgentes son muchos, en primer lugar, en casi todas las unidades hay sobrepoblación, hay hacinamiento, hay condiciones sanitarias deplorables y en muchas de ellas también hay problemas de convivencia, cuestiones que tienen que ver con el trato de las personas privadas de su libertad. También hay problemas de falta de salida laboral a fin de resocializar a las personas privadas de su libertad, que nosotros consideramos clave porque influye directamente en los índices posteriores de reincidencia”.
Finalmente, destacó que “hay planes que se están comenzando a instrumentar y así como somos muy críticos en muchas cosas también vemos como positivo que desde la reciente creación de lo que es la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios se están comenzando a instrumentar planes de trabajo para personas privadas de su libertad como también para personas que están en situación de pre-egreso o de libertad condicional, a fin de que estos individuos realmente puedan recuperarse para sí mismos y para la sociedad”.
