Los Estados miembros del Consejo de Europa deberían rechazar una serie de reformas al Tribunal Europeo de Derechos Humanos propuestas por el Reino Unido que podrían limitar el acceso a esta corte a quienes más lo necesitan, señaló hoy Human Rights Watch. Las propuestas, junto con otros cambios que afectarían al tribunal, serán debatidas durante una cumbre de tres días que comenzará el 18 de abril de 2012 en la ciudad de Brighton, en el Reino Unido.
Los proyectos presentados por el Reino Unido contienen numerosas propuestas positivas, entre las cuales se encuentran diversas medidas que procuran mejorar la implementación de las sentencias por parte de las autoridades de los países, afirmó Human Rights Watch. No obstante, dos de las propuestas —una de ellas destinada a restringir la capacidad del tribunal de entender en casos relacionados con graves violaciones de derechos humanos y otra que hace hincapié en principios que privilegian los intereses de los gobiernos por sobre los de potenciales víctimas de violaciones de derechos humanos – resultan sumamente problemáticas y podrían frustrar la labor del tribunal. El Reino Unido preside actualmente el Comité de Ministros del Consejo de Europa, el órgano jerárquicamente más importante en la toma de decisiones dentro de esta organización.
“Estas propuestas podrían generar un sistema de dos niveles que excluya a algunos de los actores que más necesitan de la protección del Tribunal Europeo”, expresó Benjamin Ward, subdirector para Europa y Asia Central de Human Rights Watch. “Los gobiernos del Consejo de Europa deberían desistir de estos planes riesgosos y concentrarse en cambio en ideas positivas que permitan mejorar la implementación en sus respectivos países”.
El Reino Unido ha considerado la reforma del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como su máxima prioridad mientras presida el Comité de Ministros. Son más de 150,000 los casos pendientes ante el tribunal, y la finalidad expresa de las propuestas es justamente abordar este problema.
Ya se están adoptando medidas para subsanar estas demoras, y para ello el Tribunal ha simplificado su proceso de toma de decisiones y aplica criterios sobre prioridad para asegurar que solamente se traten los casos sobre cuestiones graves vinculadas con los derechos humanos. Desde hace poco menos de dos años se aplica un mecanismo destinado a asegurar que los gobiernos cumplan con las sentencias, conocido como Protocolo 14. Dado que algunos gobiernos no abordan problemas sistemáticos, se produce una reiteración de causas ante el Tribunal en las cuales se exige resarcimiento por los mismos abusos, y esta ha sido una de las principales causas del atraso en el trabajo del tribunal. Las propuestas del Reino Unido para mejorar la implementación por los países constituyen un aporte valioso, manifestó Human Rights Watch.
Si bien las dos propuestas problemáticas podrían incidir en el volumen de causas atrasadas, esto sería en desmedro de la protección de los derechos humanos ofrecida por el tribunal, indicó Human Rights Watch.
La primera propuesta exigiría al Tribunal Europeo rechazar una solicitud cuando un tribunal nacional haya previamente analizado los aspectos de derechos humanos planteados y haya tomado en cuenta el enfoque del Tribunal Europeo en otros casos similares en el pasado. Se admitirían excepciones cuando el Tribunal Europeo entienda que existió una cuestión “seria” relativa a la interpretación correcta de su propia jurisprudencia.
Como resultado de este cambio, en algunos supuestos el Tribunal Europeo podría verse obligado a rechazar casos, aun cuando estén relacionados con graves problemas de derechos humanos. Esta posibilidad resulta especialmente inquietante para países del Consejo de Europa como Turquía, Azerbaiyán y Rusia, donde los tribunales nacionales no han sido efectivos en la protección de los derechos humanos, señaló Human Rights Watch.
La segunda propuesta reformaría la convención enfatizando que el Tribunal Europeo debe reconocer a los gobiernos de los países suficiente discrecionalidad (conocida como “margen de apreciación”) para decidir cómo deben aplicarse los derechos, y que las decisiones deben ser adoptadas por las autoridades nacionales en vez del Tribunal Europeo siempre que esto sea posible (lo que se conoce como “subsidiariedad”).
El Tribunal ya reconoce la importancia de estos dos principios, además de otros igualmente relevantes, como el principio que indica que la esencia de un derecho no puede estar sujeta a limitaciones y que la protección de los derechos debería ser “práctica y efectiva”, manifestó Human Rights Watch.
No es necesario codificar principios que refuercen los intereses de los gobiernos, indicó Human Rights Watch. Esto les asignaría indebidamente una mayor trascendencia respecto de otros principios que aseguran la protección genuina de derechos. A su vez, existe el riesgo de que tales principios sean aprovechados por gobiernos que procuran desviar la atención de sus prácticas abusivas.
Las dos propuestas problemáticas han despertado críticas generalizadas por parte de organizaciones líderes de derechos humanos y de organizaciones de la sociedad civil de toda Europa. La intensidad y la magnitud del repudio en torno a estas propuestas deberían llamar a los Estados miembros del Consejo de Europa a la reflexión, señaló Human Rights Watch.
“Para numerosas víctimas de violaciones de derechos humanos en Europa, el Tribunal Europeo es la única posibilidad real de obtener justicia”, aseveró Ward. “Limitar el acceso al tribunal de la manera propuesta por el Reino Unido pondría en riesgo esta garantía fundamental”.
