Muchas veces, la relación que vincula a la Justicia penal con la sociedad argentina tiene todas las características de un matrimonio mal avenido, frente a un derecho penal contemporáneo en el que a menudo la respuesta punitiva frente al delito lejos está de conformar al ciudadano, aniquilando el último resto de confianza, lo que genera un descreimiento generalizado respecto a la forma en que se administra justicia y el modo de aplicarla al caso concreto.
El juez, al tiempo de administrar justicia desde la casuística, debe posar su mirada serena y reflexiva en los antecedentes, probanzas colectadas y connotaciones particulares de cada proceso, alejándose de cualquier ingrediente contaminante, como el prejuicio infundado, la presión de la opinión pública a través de las protestas populares, los pronunciamientos públicos, etcétera.
La idea es preservar la confianza pública en la Justicia, no inspirada en el sentimiento de venganza, aunque exigiendo al mismo tiempo un poder judicial eficaz, donde poderosos y débiles sean juzgados con las mismas herramientas procesales.
En este escenario, bueno es traer a colación el alto impacto que en la sociedad ha tenido el aberrante crimen de Rocío Soledad Barletta.
Sin embargo, pese a la gravedad de los sucesos generadores del proceso y la dura respuesta punitiva contemplada en la legislación en vigencia, jamás debe olvidarse que la Justicia está conformada por hombres.
Los jueces necesitan ser libres, y en el ejercicio de su alta función ninguna autoridad exterior debe limitar su tarea, dependiendo sólo de sí mismos, partiendo de una consigna innegociable: cumplir y hacer cumplir la ley.
La sociedad toda tiene derecho a disfrutar y acceder a una Justicia independiente capaz de generar respuestas libre de presiones, ejerciendo en plenitud sus facultades, espacio en el cual cada uno de nosotros merecemos su prudencia, serenidad, rectitud, pero, por sobre todas las cosas, la independencia de acción por parte del magistrado actuante. Jamás debe olvidarse que al adoptarse la forma republicana de gobierno la Constitución Nacional le ha asignado al Poder Judicial el carácter de poder estatal independiente.
Fuente: http://www.lavoz.com.ar/noticias/sucesos/crimen-aberrante-demanda-social
