EL DOLOR NO ESPERA
Por Mariano Fusero
Miembro de la Asociación Pensamiento Penal (APP)
A los siete meses de vida, Josefina fue diagnosticada con un tipo de epilepsia infantil grave conocida como síndrome de West. Luego de haber vivido parte de su infancia padeciendo 700 convulsiones por día y el consumo de una batería de medicamentos legales que no arrojaron mayor resultado que efectos adversos, la preocupación y amor de sus padres los condujo a adquirir información y coraje respecto del uso medicinal del cannabis. Mediante tal sustancia, a la edad de tres años, Josefina no llega a 20 convulsiones diarias y redujo sustancialmente el uso de otros medicamentos a menos de la mitad. La ANMAT ha autorizado, desde el año 2015, la importación de un aceite cannábico mediante el sistema de importación de medicamentos de uso compasivo (Disposición ANMAT N° 840/95), que es el utilizado por Josefina para mejorar su calidad vida.
A los 71 años de vida, Alcides Pacífico Hilbe, un jubilado del rubro siderúrgico, tiene padecimientos de salud que incluyen acúfenos, dolores cervicales, lumbalgia, disminución auditiva, cuadro depresivo y problemas para comer, motivo principalmente de largos años de trabajo en aquel rubro. A fin de paliar los efectos de sus enfermedades y padecimientos, ha consumido toda clase de medicamentos tradicionales, pero nada le ha producido mejoras ni resultados positivos sustanciales. Como consecuencia de esta situación, desde hace algunos años utiliza el cannabis de forma terapéutica para paliar sus dolencias, procediendo a abastecer su propio consumo mediante el cultivo de plantas en el interior de su hogar. Una supuesta denuncia anónima y la posterior orden de allanamiento de su casa, en donde encontraron cinco plantas con escasa cantidad de THC (según peritaje), determinaron que actualmente se encuentre procesado por un delito que contempla una pena de 4 a 15 años de prisión. Misma pena que puede corresponder a un narcotraficante.
La situación del cannabis en Argentina y buena parte del mundo, está atravesada por tales realidades y muchas otras, que precisan de forma urgente una revisión institucional y normativa que contemple que detrás de la retórica de la “guerra contra las drogas”, hay personas que sufren innecesariamente. Altos organismos de las Naciones Unidas, que dedicaron sus esfuerzos históricos en materia represiva y lesiva, reconocen hoy en día que “el sufrimiento innecesario por falta de medicación adecuada debido a la inacción y al exceso de requisitos administrativos es una situación que nos avergüenza a todos” (JIFE, 2016).
No basta con el reconocimiento de derechos humanos elementales como ser el derecho a la vida, autodeterminación y salud integral de las personas, sino se reconocen las vías de acceso a las sustancias que garanticen o coadyuven en el pleno goce de tales derechos.
Sin dejar de reconocer la importancia y avance que ello significa, no deja de ser limitante la necesidad de realizar engorrosos trámites para acceder a la importación de sustancias desde EEUU o Europa, con los costos en dólares que ello conlleva. Más aún cuando existe un interés local como el expresado por la comunidad de Gral. La Madrid, donde se solicitó autorización para realizar un cultivo estandarizado de cannabis a fines de investigación y eventual producción de sus derivados bajo estricta supervisión médica, científica e institucional. Dicha posibilidad, en su correcta puesta en marcha, deberá tender a sociabilizar el acceso a la sustancia para todo aquel que la precise, haciendo perdurar el criterio de solidaridad que la impulsa desde sus inicios.
Asimismo, la vía del cultivo para consumo personal (autocultivo) debiera ser garantizada como otra forma clara y legítima de provisión. Ello se debe a que el cannabis y sus derivados pueden ser de fácil producción doméstica, sin necesidad de incurrir en gastos exorbitantes de importación y sin necesidad de aguardar la eventual habilitación de producción local de cannabis que brinde mayor accesibilidad a la sustancia. El dolor no entiende de gastos, de trámites burocráticos, ni de tiempos o contratiempos políticos.
En tal sentido, la iniciativa parlamentaria representada por la diputada nacional Diana Conti, en conjunto con otros legisladores, encuentra en este contexto cierta oportunidad de debate y aprobación. Cabe destacar que al menos en apariencia, son varios y diversos los bloques parlamentarios que históricamente han presentado iniciativas que abarcan la no criminalización del autocultivo, sin especificar los fines medicinales, terapéuticos o meramente recreativos del mismo. Desde el año 2009 (fallo “Arriola” de la CSJN), trece proyectos de los más diversos bloques han propuesto la no criminalización del autocultivo por considerar a dicha figura como una acción privada de las personas que se encuentra protegida por la Constitución Nacional (Art. 19). Entre ellos, se incluye el proyecto de reforma al Código Penal de la Nación en el cual ha participado como representante del actual partido de gobierno, el senador Federico Pinedo.
En tal sentido, pareciera poco viable ejercer una oposición racional a iniciativas menos pretenciosas (sólo uso medicinal) a aquellas que fueron propuestas oportunamente por gran parte del arco político legislativo de nuestro país. Pero, en el oportunismo político y la retórica punitiva contra las “drogas” como enemigo de consenso, todo es posible de esperar.
Quienes no pueden esperar son Josefina, Alcides y tantos otros usuarios de una sustancia con amplio reconocimiento internacional en sus facultades terapéuticas, quienes precisan de la misma a fines medicinales o meramente paliativos. Ellos necesitan acceder a la sustancia de la forma más ágil y efectiva, sin trabas burocráticas innecesarias y sin correr riesgo de ser criminalizados por ejercer actos cuyo único fin es disminuir la injusticia de sus dolores.
Sin dejar de lado otros reclamos, ni olvidarnos que la guerra a “la guerra contra las drogas” es más abarcativa que esta batalla, cada paso para desenmascarar la irracionalidad del poder punitivo bajo el prohibicionismo totalizante, es un hecho que debemos apoyar quienes bregamos por el respeto y reconocimiento de los derechos humanos.
