El Poder Ejecutivo provincial dejará de aportar recursos al programa de mediación penal juvenil, un exitoso sistema de resolución de conflictos que maneja el 40% de las causas que involucran a adolescentes. En forma progresiva, el Poder Judicial tendrá que hacerse cargo de los costos.
El subsecretario de Justicia, Juan Guaita, dijo ayer a “Río Negro” que “no hay ningún cierre” del programa como indicaban algunas versiones, pero sí un progresivo retiro de recursos que según aseguró, no afectarán la continuidad del servicio.
Por su parte el fiscal ante el Tribunal Superior de Justicia, José Gerez, indicó que “el Ejecutivo me informó que van a retirar el recurso humano pero tomaremos las medidas para que no se afecte el programa. El presupuesto va a estar”.
El sistema de mediación penal juvenil existe desde hace diez años por un convenio entre el Tribunal Superior de Justicia y el gobierno provincial, que aporta el grueso de los recursos: cuatro mediadores, un encargado de seguimiento, dos administrativos, además del costo de movilización y viáticos. Fue tomado como modelo por varias provincias e incluso en el extranjero.
Ayer martes circuló la versión de que sería cerrado por el retiro del Poder Ejecutivo, algo que se encargó de negar Guaita, que depende de la ministra de Gobierno, Educación y Justicia,Zulma Reina.
“Tengo un diálogo fluido con Gerez, y él sabe que no hay ningún cierre”, aseguró. Aunque luego señaló: “que progresivamente retiremos recursos no significa que se va a cerrar”.
Añadió que “el Ejecutivo y el Judicial intercambian recursos, uno aporta más, otro menos, eso no va a implicar que disminuya la prestación del servicio”.
Aclaró luego que “los mediadores van a seguir en la medida que se aporten los recursos de parte del Poder Judicial. Cuando se incorporen los mediadores judiciales iremos retirando los del Ejecutivo. La decisión se va a tomar en la medida que no afecte a los habitantes”.
Por su parte Gerez declaró que “es altamente atendible” la postura del gobierno, y “tomaremos las medidas necesarias para que no se afecte el servicio. Tenemos tiempo para resolver nombrando mediadores del Poder Judicial”.
Aseguró que “el presupuesto va a estar”.
El sistema de mediación penal juvenil apunta a restablecer vínculos sociales y se puede aplicar a todos los delitos en los que estén imputados menores de 18 años. La mayoría son lesiones, amenazas, daños, hurtos y robos.
A través de este programa, los adolescentes sindicados como autores y sus padres se ven la cara con los damnificados y llegan a un acuerdo que a veces incluye una reparación, no necesariamente económica.
“Da mucho resultado con los conflictos interpersonales y con personas que se vuelven a cruzar: vecinos, exparejas, parientes”, indicó una fuente judicial.
Si el programa no existiera, muchas causas se resolverían con el archivo sin darle a la víctima la oportunidad de recibir una reparación o de llegar a un acuerdo con el autor.
