El gobierno chaqueño hizo público -a través de medios de comunicación locales- el dictamen el comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas sobre el caso L.N.P., la niña indígena abusada sexualmente en 2003 por tres jóvenes criollos en la localidad de El Espinillo y que la Cámara Penal de Presidencia Roque Sáenz Peña le negó justicia.

 

 Esto derivó en un caso paradigmático en organismos internacionales que llevó al Estado Nacional y Provincial a reconocer su responsabilidad ante la víctima y sus familiares, obligándose a una serie de actos e indemnizaciones.
El acuerdo al que se arribó en el 2007 aún hoy sigue instrumentándose a partir de la vulneración de los derechos de la víctima como niña, mujer, indígena y pobre.

Una obligación

Sobre la reciente publicación del dictamen, el titular de la Dirección de Defensa de la Democracia y el Ciudadano del gobierno chaqueño, Julio César García, hizo saber a NORTE que “es obligación del Estado argentino publicar el dictamen tal cual está en la resolución del comité, por eso como provincia pedimos que se haga público para de esa manera terminar de cumplir con todas las obligaciones del convenio que se suscribió en la cancillería”.
El funcionario sostuvo que dentro del acuerdo “falta que la Nación cumpla con obligaciones, entre ellas que se incorpore en la currícula de universidades nacionales todo lo que sea temática de género, mujer, grupos vulnerables y pueblos indígenas. Todo esto a partir de este caso”.
Asimismo sostuvo que otro punto que se debe cumplir es en los Consejos de la Magistratura para que en los concursos se disponga como requisito abordar la cuestión de género, pobreza e indígena. “Eso no se está haciendo”, reconoció.

Acciones de reparación

García dejó claro que “la vía judicial está agotada, esto es parte de una acción internacional en que tanto la Nación como la provincia están demandadas. La provincia se allanó a la demanda presentada a Naciones Unidas, y es en este sentido que el gobernador pidió perdón y se pusieron en marcha acciones de reparación a través de las que la provincia adhirió a la ley nacional sobre eliminación de violencia en casos que tiene como víctima a mujeres”.
También hizo saber que “se hizo capacitación a funcionarios y magistrados del Ejecutivo provincial. Se indemnizó a la chica, se le otorgó una pensión que cobra actualmente de manera mensual; también se le hizo entrega de una vivienda como parte de la reparación y se ofreció tratamiento psicológico”.
García manifestó que “lo que estaría faltando es una medida no exigida y que es parte del ofrecimiento de la provincia, pidiendo al Poder Judicial la incorporación de indígenas a esas dependencias además de traductores para que no se repitan casos de desigualdad. También es parte del convenio la incorporación de Cámara Gesell en todas las jurisdicciones de la justicia provincial para no revictimizar a los niños. Esto todavía no se cumplió, a tal punto que en el caso de Castelli no existe”.