El fiscal de Resistencia Carlos Martín Amad solicitó la detención y la convocatoria a prestar declaración indagatoria de siete agentes penitenciarios que prestan servicios en diferentes áreas de la Unidad 7 del Servicio Penitenciario Federal, a quienes acusa por aplicar torturas y amenazar a dos internos y por la violación de uno de ellos.
El pedido de Amad, presentado al juez Carlos Skidelsky, incluye también a otros penitenciarios, que no están individualizados pero que deberán ser identificados a partir de las medidas de prueba que propuso en el requerimiento de instrucción. Los hechos ocurrieron en el mismo penal que Skidelsky ordenó allanar el 14 de junio, tras la denuncia de un preso a quien agentes penitenciarios le habrían encargado el crimen de otro interno.
Los imputados pertenecen a las áreas de requisa y seguridad interna del penal y están acusados de haber torturado a dos internos, hermanos, en distintos episodios que ocurrieron entre el 10 y el 12 de junio, que fueron constatados y denunciados por la Procuración Penitenciaria de la Nación. Uno de ellos, además, fue violado con la utilización de una zanahoria.
Los hechos, asimismo, fueron constatados por los fiscales Amad y Diego Vigay, que concurrieron a la unidad, se entrevistaron con los internos y solicitaron su urgente traslado al complejo penitenciario federal de Ezeiza, destino también requerido por las víctimas, porque es un lugar cercano al de residencia de sus familias. La pareja de una de los internos sufrió la pérdida de un embarazo en forma contemporánea a los hechos sucedidos, lo cual además acentuó la necesidad del traslado.
El titular de la Procuraduría contra la Violencia Institucional, Abel Córdoba, se sumó a aquél pedido, que fue finalmente ordenado el 14 de junio pasado por el juez de Ejecución Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Axel López, a cuya disposición se encuentran detenidas las víctimas.
Pero el Servicio Penitenciario separó a los detenidos y los derivó a penales de Roque Sáenz Peña y Formosa, y recién el sábado pasado efectivizó su trasladó al complejo penitenciario federal de Marcos Paz y no a Ezeiza, como ordenó el juez López.
En el pedido inicial de traslado, el fiscal Córdoba le señaló al juez López que los internos “han sido objeto de las conductas más graves que puedan consumarse sobre ellas, y luego de ser víctimas de torturas, humillaciones, destrozo de su integridad psíquica y física; además ser brutalmente agredidos sin posibilidad siquiera de tomar contacto con autoridades judiciales a las que peticionar y ejercer sus derechos como víctimas de delitos cometidos por funcionarios públicos, se le adiciona la exposición continua a nuevos hechos por parte de agentes que siguen ejerciendo sobre ellos la custodia y el control de cada aspecto de su vida, circunstancia que ya fue aprovechada por sus victimarios para ejecutar sobre ellos los hechos reseñados”.
Las torturas
El 10 de junio FMC recibió la visita de su pareja, que iba a prolongarse por dos horas pero que duró sólo 15 minutos porque lo retiraron, supuestamente como reprimenda por haber discutido con agentes penitenciarios. “Me llevaron del salón de visitas hasta los buzones”, indicó la víctima, y agregó: “Ahí me cagaron a palos”. Luego, relató: “Me metieron dentro de la celda y me comenzaron a pegar. Ahí me quisieron violar, me metieron una zanahoria en el culo y me manosearon y que si decía algo me iban a matar”. Todo eso ocurría mientras la esposa de la víctima alcanzaba a escuchar partes de la escena desde otro lugar del penal.
Dos días después, el 12 de junió “pasó lo mismo”. “Me enteré por mi mama, que mi esposa perdió su bebe, estaba de cinco meses, yo pedí para hacer un llamado y me dijeron que no. Y entraron y nos cagaron a palos otra vez, dentro del pabellón a mí y a mi hermano, con patadas, golpes de puño y bastonazos”, relató la víctima, y añadió: “Nos amenazaron a los dos, de que íbamos a amanecer ahorcados en la celda”.
Los hechos de violencia institucional pudieron ser constatados el mismo 10 de junio por personal de la Delegación Noreste de la Procuración Penitenciaria de la Nación, mientras realizaban una visita al penal en el marco de la instrumentación del Registro Nacional de Casos de Tortura. Los funcionarios encontraron a FMC herido, “durmiendo en una celda sobre un colchón sin sábanas, cubierto de una frazada”.
El día de las primeras torturas, MC, hermano de FMC, alojado en el mismo pabellón, escuchó que le estaban pegando. “Yo lo único que podía hacer era golpear la puerta de la celda y me dijeron para vos también hay palos. Entraron a mi celda y me empezaron a golpear, golpes de puños, patadas y palos”, refirió MC. En ese contexto lo amenazaron con que “iba a terminar ahorcado en una celda”.
MC agregó que las golpizas y amenazas se reiteran cada vez que el personal del Servicio Penitenciario Federal hace el recuento de los detenidos del pabellón y que, para ello, “sacan la camarita”, es decir, el dispositivo de video que registra lo que ocurre en ese ámbito.
