En
sigilo y con aval presidencial, el Gobierno comenzó a trabajar en una batería de propuestas vinculadas con la despenalización del consumo de drogas. La intención es que sea discutida en el Congreso antes de que termine el año.
El principal responsable de llevar adelante esta iniciativa, que divide aguas incluso dentro del oficialismo, es el padre Juan Carlos Molina, titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), quien no bien asumió, en diciembre pasado, se mostró a favor de no «criminalizar» al adicto e iniciar un camino hacia la modificación de la ley de estupefacientes.
Sin formalidades, el funcionario, un cura muy cercano a la familia Kirchner, le adelantó la idea a un grupo reducido de invitados a un acto encabezado por la Presidenta, en la Casa Rosada.
Fue el jueves 31, a la tarde, cuando una decena de gobernadores y dirigentes asistió a la firma de un convenio de refinanciación de deudas provinciales. Cayó, en los más conservadores, como una verdadera bomba.
«La idea es ir despacio y consensuar», explicó a la nacion una fuente oficial al tanto del trámite, que tendría como punto de ingreso la Cámara de Diputados. Aún en estado embrionario, no está definido su texto. Trabajarán en él, además de la Sedronar, un puñado de técnicos y legisladores.
Hoy, la ley pena con prisión toda tenencia de estupefacientes.
Pero en el fallo Arriola, de 2009, la Corte Suprema afirmó que es inconstitucional castigar a una persona adulta por tener y consumir marihuana si no pone en peligro a terceros.
Este fallo, que debe ser acatado por los tribunales inferiores, dio lugar a interpretaciones diversas respecto de qué está permitido y qué no; cuál es el máximo de droga considerada para «consumo personal», y en qué casos se afecta a terceros.
Además, como el texto de la ley no se modificó, las fuerzas de seguridad siguen deteniendo a consumidores con cantidades mínimas de droga y se forman infinidad de causas penales cuyo destino dependerá de la interpretación de Arriola que haga cada juez.
La idea para empezar a trabajar en la iniciativa de reforma es tomar como base al menos dos proyectos. Uno, el que presentó el senador Aníbal Fernández en 2012, que legaliza la tenencia para consumo de todo tipo de drogas, elimina la persecución penal del cultivo de marihuana para uso privado y aborda otros capítulos, como el control de precursores químicos.
Con espacio para incorporar nuevos aportes, la otra iniciativa fue la presentada, hace casi dos años, por la diputada Diana Conti. Hubo, entonces, un impulso inicial del Frente para la Victoria que arribó a un acuerdo con bloques opositores -de la UCR y el FAP- para luego quedar en el limbo, por una contraorden de la Casa Rosada.
Si bien la instrumentación de un paquete integral antidrogas sobrevuela despachos oficiales desde hace tiempo, siempre se demoró la luz verde de Cristina Kirchner.
Son varios los integrantes del gabinete que plantearon la necesidad de dar una discusión pública. El secretario de Seguridad, Sergio Berni, encarna una de las posturas más radicales: hace tres semanas habló no sólo de despenalizar el consumo, sino que afirmó que el Estado debe «regular la cadena de producción y la comercialización de todas las drogas».
Para Berni, el modelo actual para combatir las adicciones y el narcotráfico fracasó en el mundo y hay que encontrar paradigmas nuevos, en el marco de políticas regionales. Más allá de su inclinación por un cambio estructural, cerca suyo aclaran que no está volcando estos conceptos en ningún proyecto.
El avance del plan empezó a circular en sectores del peronismo que, con la mirada clavada en las elecciones, imaginan un impacto negativo, sobre todo en el interior, donde los votantes suelen ser más conservadores.
Además, en su análisis, se entrecruzan temas sensibles como la inseguridad y la penetración del narcotráfico, que pueden dar pie a un debate áspero y con poco que ganar. También, con papel protagónico, está la resistencia de la Iglesia.
El kirchnerismo sabe del riesgo que puede ocasionar enrolarse detrás de una legislación calificada como «garantista»: lo vivió en carne propia cuando Sergio Massa tomó como bandera, en marzo, la resistencia contra el borrador de reforma del Código Penal.
Uno de los objetivos de aquel anteproyecto era despenalizar la tenencia para consumo y permitir que los jueces puedan aplicar penas más bajas cuando quien trafica drogas es una persona en estado de particular vulnerabilidad (como las «mulas», mujeres pobres que ponen en riesgo su vida, explica el anteproyecto).
«Esto va en sintonía con la línea progresista que siempre tuvo este gobierno», dijo a la nacion una encumbrada fuente oficialista. En medio de la irresuelta pelea con los holdouts y con indicadores económicos enfriados, el debate sobre la droga podría devolver al Gobierno la oportunidad de instalar agenda y dar un golpe de timón.
En la Sedronar buscan imprimirle un enfoque de prevención y asistencia, sin ánimo de cruces y chicanas que lo empantanen. Hablan de una discusión amplia y anticipan que el bosquejo «no tiene nada que ver» con el histórico vuelco que dio Uruguay, en diciembre pasado, al convertirse en el primer país en legalizar toda la cadena de fabricación, venta y consumo de cannabis (ver aparte).
El eje central que delineó Molina es que el Estado se focalice en perseguir a los narcotraficantes y no a los consumidores. «Las cárceles están llenas de perejiles», suele decir. Será uno de los argumentos de una pelea que no arrancó y ya levanta polvareda.
http://www.lanacion.com.ar/1717397-el-gobierno-pule-un-proyecto-para-despenalizar-el-consumo-de-drogas
