El gobierno no abandonó la idea de completar una profunda reforma judicial. Se propone este año impulsar un debate para enviar al Congreso un nuevo paquete de leyes para modificar procedimientos centrales para la administración de justicia con foco en varias problemáticas específicas. La reformulación de la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario y la creación de un Código Federal Contencioso Administrativo son dos de las iniciativas sobre las que podría haber anuncios formales el próximo 1 de marzo durante la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso. No se descarta que otra de las reformas centrales sea la modificación del Código Procesal penal, que podría tener entre sus ejes el cambio del actual sistema inquisitivo al acusatorio, donde los fiscales pasarán a tener un rol preponderante.
La iniciativa está en una etapa embrionaria, aún no cuenta con borradores redactados, pero se apoya en trabajos preliminares y en proyectos ya presentados con anterioridad en el Congreso, sumados a una amplia convocatoria para comenzar a establecer a partir de ahora los lineamientos de las propuestas.
Con el antecedente del año pasado de las denominadas leyes de democratización de la justicia, que corrieron suerte diversa a manos de los propios tribunales, la novedad será también el abordaje político para intentar concretarlas. Mientras que las iniciativas del año pasado apuntaron a desarticular practicas de los sectores más concentrados dentro del Poder Judicial, las próximas propuestas apuntan a contar con el mayor nivel de consenso posible de parte de todos los sectores y actores que integran la justicia.
Un muestrario de esa heterogeneidad a la que apuntan desde el gobierno estará evidenciado en la convocatoria al Congreso Federal de Reformas Legislativas que organiza el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación el próximo lunes, martes y miércoles en la ciudad de Mar del Plata. Será el puntapié inicial para comenzar la discusión sobre la necesidad de reformar profundamente el sistema de administración de justicia.
En la apertura del evento, disertará el titular de la cartera Julio Alak junto con el secretario de Justicia y flamante consejero de la Magistratura por el Ejecutivo, Julián Álvarez. Pero la sorpresa es que del evento y del acto inicial participarán el titular de la Asociación de Magistrados, Luis María Cabral, y Ricardo De Felipe, de la Federación de Colegios de Abogados de la Argentina (FACA). El dato político de la convocatoria es significativo, dado que el año pasado fueron las mismas entidades que nuclean al sector más tradicional de jueces, fiscales y abogados los que hicieron una fuerte presión para que naufragaran las reformas gubernamentales a la elección popular de los integrantes del órgano que selecciona y promueve la remoción de jueces.
Mientras que las seis leyes aprobadas por el Congreso en 2013 apuntaron a modificar la composición de un Consejo de la Magistratura paralizado, facilitar el acceso democrático a la carrera judicial, dar publicidad al trámite de las causas y a las declaraciones juradas de los funcionarios, imponer un nuevo régimen para las medidas cautelares en reclamos patrimoniales contra el Estado y crear tres nuevas Cámaras de Casación, esta reforma se apoya en la actualización de los procesos.
Desde el oficialismo sostienen que esta segunda reforma apunta a completar el proceso de modernización de la justicia que comenzó con el Digesto Jurídico –que tiene media sanción en el Congreso y sistematizó la normativa vigente de 32 mil a 3200 leyes–, la unificación y actualización del Código Civil y el Comercial, y la puerta que dejará abierta el tratamiento del anteproyecto del Código Penal.
PENITENCIARIO. La modificación del Servicio Penitenciario y su conversión hacia un organismo civil, es otro de los pasos que intentará el Ejecutivo con la mira puesta en su «desmilitarización», y en actualizar su Ley Orgánica, vigente desde la dictadura. Se trabajará en la creación de una agencia –con mando civil– que apunte a la reinserción social de los detenidos en penales federales desde el comienzo de sus condenas y que busque un equilibrio con el actual sistema, el que requiere, además, un cambio cultural de las prácticas del Servicio Penitenciario, uno de los más reticentes a las transformaciones, por considerarse a sí mismo como una fuerza de seguridad más. La equiparación del castigo a la resocialización es una de las metas que tendrá objetivos a corto, mediano y largo plazo. A la mirada integral no escapará la violencia intracarcelaria y el manejo de los fondos, cuya caja ha permanecido bajo un difuso control del SPF.
CONTENCIOSO. El primer capítulo lo constituyó la ley que prevé límites de seis meses para los reclamos de índole patrimonial contra el Estado. La norma que modificaba las medidas cautelares y que tenía como telón de fondo la dilatada causa por la Ley de Medios, sufrió algunos traspiés en varios juzgados donde declararon inconstitucional su aplicación. El tema aún no escaló a la Corte Suprema, donde sí fue bloqueado el núcleo de la reforma para el Consejo de la Magistratura. Pero ahora no se buscaría limitar solamente las cautelares sino que abarcaría todos los aspectos vinculados a la regulación de la competencia de los tribunales para dirimir conflictos suscitados por decisiones de los poderes del Estado, algo que ya registra antecedentes en la Ciudad Autónoma y en la provincia de Buenos Aires, además de otras jurisdicciones.
A nivel federal no existe un código especial por lo que la mayoría de este tipo de reclamos recalan de forma azarosa en el fuero civil y comercial federal, algo que permite a los privados desplegar un poder de lobby mucho más eficaz para lograr postergaciones o resoluciones a su favor. El objetivo es redactar reglas claras para sentar jurisprudencia sobre decisiones incluso de los organismos del Estado con poder de policía que pueden aplicar sanciones.
CÓDIGO PROCESAL PENAL. Más allá del acuerdo de todos los sectores de una actualización de los procedimientos, como trasfondo en el fuero federal se juega el cambio central, que no es sólo jurídico, sino político. La transformación del actual sistema inquisitivo a uno acusatorio implicaría que los fiscales sean los instructores de las causas penales, mientras que los jueces federales relegarían su rol al de ser garantes del proceso. Hoy son los magistrados los que tienen la posibilidad de delegar en el fiscal la instrucción o conservar las causas bajo su órbita, lo cual les permite además manejar los tiempos en expedientes de gran sensibilidad y alta exposición mediática. El formato propuesto está vigente en la mayoría de las jurisdicciones del país y es una tendencia consolidada de los modelos jurídicos a nivel internacional.
Desde el oficialismo deslizaron que, de todas formas, cualquier norma en estudio va a requerir de una ley de implementación, que resulta tanto o más importante que la reforma en la codificación, por lo que, de prosperar, las modificaciones serán paulatinas. Actualmente, el Ministerio Público Fiscal tampoco cuenta con la estructura suficiente para hacerse cargo de los expedientes que se tramitan en el fuero federal, por lo que tampoco se prevé un drástico viraje.
Con el próximo debate acerca del nuevo Código Penal, el gobierno considera imprescindible avanzar hacia un modelo de enjuiciamiento penal moderno. Agilidad y oralidad serán las claves de los retoques en los tiempos, y en el nuevo proceso, acorde también con exigencias internacionales. La incorporación de tecnología que abrevie pasos y simplifique procesos serán parte de los asuntos a discutir. Hoy las causas penales pueden tramitarse durante años entre los vaivenes del propio laberinto judicial que habilita el actual código.
CONSENSO. El debate con todos los sectores del Poder Judicial, que abarcan desde Justicia Legítima –el colectivo de abogados, fiscales y jueces que se enfrentaron a los sectores tradicionales del Poder Judicial– junto con la participación de los Ministerios Públicos (fiscales y defensores públicos) y de los académicos, además de invitados de renombre internacional, marcará el cambio de tónica al enfoque político que se le pretende dar a la reforma. El primer hito será el Congreso Federal de Mar del Plata, del que se espera surjan las primeras ideas que alimenten el mensaje de cambio hacia el interior de la justicia.
Una amplia concurrencia
Los principales referentes del Ministerio de Justicia, de la Asociación de Magistrados, del Consejo de la Magistratura, de Justicia Legítima y de la Federación Argentina de Colegios de Abogados compartirán una foto impensada meses atrás.
Será en el acto de apertura del Congreso Federal sobre Reformas Legislativas que comenzará el próximo 24 y se extenderá por tres días en la ciudad de Mar del Plata. Julio Alak, Julián Alvarez, Luis María Cabral, Mario Fera, María Laura Garrigos de Rébori y Ricardo De Felipe serán los encargados de dar inicio al congreso que contará con expositores de todos los sectores del Poder Judicial y de reconocidos expertos a nivel internacional, convocados por la cartera de justicia para comenzar a debatir modificaciones que el gobierno considera necesarias para completar cambios profundos en la justicia. Mientras que el primer día estará dedicado al «nuevo paradigma penitenciario», los restantes concitarán la atención sobre la «sistematización de la normativa contencioso administrativo federal» y la discusión «por un proceso penal ágil y eficiente».
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