El Ministerio del Interior considera que hay altas probabilidades de que algunos de los excarcelados por la anulación de la doctrina Parotreincidan en libertad y, por eso, busca fórmulas legales y de prevención para evitarlo. Especialmente, hay riesgo con los que fueron condenados por delitos continuados de violación porque, según los informes elaborados en las prisiones, mantienen la posibilidad de reincidir. Este viernes fue puesto en libertad Álvaro Abal Iglesias, violador múltiple. Sonya 32 excarcelados: 24 etarras, un grapo, cuatro asesinos en serie y tres violadores múltiples.
“Interior tiene la obligación de garantizar la seguridad ciudadana y, todos los mecanismos que se puedan utilizar, no le quepa duda que se van a utilizar”, aseguró la vicepresidenta primera, Soraya Saénz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Fuentes de Interior explican que legalmente no hay posibilidad de controlar, vigilar o restringir el movimiento de los excarcelados. Solo hay opción a actuaciones relacionadas con la seguridad ciudadana, es decir, de prevención, pero siempre sin afectar en ningún caso al desarrollo normal de su vida.
El Ejecutivo está especialmente preocupado por esos casos y ha trabajado en las últimas semanas para que las Fuerzas de Seguridad del Estado busquen actuaciones alternativas de prevención y alerta. Lanúmero dos del Gobierno quiso lanzar un mensaje de tranquilidad, pero apelando a las reformas legales introducidas en el Código Penal desde 1993 y 2010, a sabiendas de que en ningún caso esas medidas pueden aplicarse a los afectados por la sentencia de Estrasburgo contra ladoctrina Parot. En este momento, para delitos graves cometidos después de la última reforma, el cumplimiento efectivo es de 40 años, con posibilidad de medidas de vigilancia y control una vez cumplida la condena siempre que se establezcan en la condena. Es decir, que legalmente ya está cerrado ese vacío legal, aunque no pueda aplicarse a estos casos.
“A lo largo de estos años los sucesivos Gobiernos han reforzado las leyes para establecer penas y cumplimientos mucho más duros, pero también medidas de libertad que permiten vigilar y otros mecanismos que hacen que el Estado esté mejor dotado para responder a estas situaciones”, aseguró la número dos del Gobierno. Explicó que el Ejecutivo “entiende la indignación de los ciudadanos ante imágenes dolorosas que nos remueven a todos. Tenemos que aprender para que esto no lo volvamos a vivir”. Ahora se tramita una reforma del Código que endurece aún más el sistema de penas con la prisión permanente revisable para delitos muy graves, que se revisan a los 25 o los 35 años, según los hechos. Solo se aplicaría a delitos cometidos después de su aprobación, pero el Gobierno ha utilizado los efectos de la sentencia Parot para defender su reforma. Ayer mismo lo hizo la vicepresidenta.
Saénz de Santamaría evitó esta vez la más mínima crítica a los jueces por la decisión o por la celeridad con que se han decretado las excarcelaciones. Sí culpó a los primeros gobiernos democráticos porque, tras aplicarles el Código de 1973, “por desgracia se tardó muchos años en reformarlo (hasta 1995). Ojalá las medidas se hubieran adoptado antes, pero haremos lo que podamos para blindar la situación”.
http://politica.elpais.com/politica/2013/11/15/actualidad/1384545520_202177.html
