Si bien mucho se ha hablado sobre los alcances en la implementación del Código Procesal Penal, poco se dijo sobre el presupuesto que conllevaría esta amplia reforma. En este contexto, Infobaeconversó con Germán Garavano, ex fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires quien explicó que según lo indica un informe de la ONG Unidos por la Justicia, el fuero penal ordinario -juzgados de instrucción, de menores, correccionales, fiscalías asociadas a esos juzgados, defensorías y tribunales orales ordinarios- sólo en el pago de salarios destina aproximadamente 2.000 millones de pesos al año, y si se tiene en cuenta que esta reforma busca que se ascienda a jueces de primera instancia al rango de camaristas, «las estimaciones indican un aumento de más del 50%», sólo estimando la Capital Federal, es decir sin contar todos los juzgados federales que hay en el interior del país.

Frente a esto, Garavano advierte que cabe replantearse si el presupuesto del Poder Judicial está preparado para afrontar un aumento de estas proporciones dado que «si ascienden a los jueces a la Cámara, los secretarios se transforman a secretarios de cámara, y así sucesivamente se genera un impacto presupuestario enorme», explica el ex fiscal que tuvo a su cargo el rediseño del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires.

Lo cierto es que uno de los temas centrales de la reforma apunta al criticado Anexo II que crea 16 cargos de fiscal de cámara, e incorpora alrededor de 1.600 cargos. En el marco de la primera reunión de la Comisión Bicameral para tratar los proyectos, la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, respondió ante los legisladores que no había sido consultada sobre la creación de esta cantidad de cargos que definió como «exagerados». Frente a esto, cabe replantearse entonces si previo a la materialización del proyecto, desde el oficialismo existió un análisis de campo para conocer las necesidad que las reformas traerían aparejadas, entre esto, la cantidad de personal que debía ser involucrado.

Consultado puntualmente sobre el avance del proceso de implementación, Garavano sostuvo que«este proyecto, como está planteado, no es constitucional y debería pensarse para 2016».En este orden de ideas, sostuvo que «los plazos que prevé la Ley de Implementación están motivados por cuestiones políticas, partidarias» y advierte que muchos actores podrían ver afectados sus derechos, lo que podría llevar a la presentación de acciones judiciales.

«Lamentablemente como ya sucedió con el Código, probablemente muchos actores institucionales vean afectados sus derechos y generen acciones judiciales. Puede haber una afectación de los empleados judiciales en términos laborales, puede haber un reclamo de los magistrados por tener misma remuneración frente a igual tarea, los abogados pueden ver afectada su representación porque están sacando facultades del Consejo de la Magistratura y se la están dando a una Comisión que no existe y sería creada ad hoc donde además no aparecen representantes de los abogados», explica Garavano, quien además sostiene que la Ciudad de Buenos Aires podría accionar «porque se ve sumamente afectada». En conclusión, el ex Fiscal General de la Ciudad sostiene que si se avanza con los proyectos conforme se los conoce hoy y en los plazos que se plantea –con su puesta en marcha el 1° de Septiembre- «el Código lamentablemente tendrá como destino el fracaso».

http://www.infobae.com/2015/05/07/1727274-el-impacto-presupuestario-del-nuevo-codigo-procesal-penal