El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), a través de su delegada en Córdoba, Adriana Domínguez, expresó al jefe de la Policía de Córdoba, el comisario general Sergio Comugnaro, la preocupación por los procedimientos derivados de la flamante ley de trata de personas que motivó la clausura de prostíbulos, “whiskerías” y otros locales similares en la provincia.
En concreto, Domínguez le planteó a Comugnaro que en la delegación Córdoba del Inadi habían recibido denuncias de mujeres que trabajan en prostíbulos allanados, quienes aseguraron que en los operativos les sacaron el dinero que era de ellas.
Al respecto, el jefe policial negó ayer que existan denuncias formales sobre episodios de esta índole.
Domínguez solicitó, también, que fueran publicados los nombres de los clientes y apuntó sus críticas a la falta de proxenetas entre los detenidos en estos allanamientos, cuestionando que “los verdaderos responsables” no eran alcanzados por el brazo ejecutor de la ley, la Policía. Y propuso que la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) se incorpore a las investigaciones.
La reunión se realizó el jueves a la noche en el edificio Central de la fuerza, ubicado en la esquina de Rosario de Santa Fe y Colón, de la ciudad de Córdoba, y se extendió durante dos horas y cuarto. Además del planteamiento del Inadi sobre la ley de trata, Domínguez y Comugnaro también dialogaron sobre el nuevo reglamento de la Policía de Córdoba, que ha despertado una intensa polémica por algunas de sus exigencias (ver El único requisito…).
“Le pedimos al jefe de Policía que el dinero que las mujeres que están en los prostíbulos, al momento del allanamiento, tienen encima, no se lo saquen, porque es de ellas”, advirtió Domínguez. “No se olviden los policías que las mujeres también son víctimas y señoras”, le dijo a Comugnaro, al tiempo que le relató la denuncia que llegó al Inadi durante los últimos días, en la cual dos mujeres aseguraron que les quitaron el dinero de ellas en un operativo policial.
Tiempo atrás, desde la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, delegación Córdoba (Ammar Córdoba), también habían denunciado públicamente que existieron episodios de abuso policial en los operativos.
¿Y los “fiolos”? Entre las quejas, Domínguez le recalcó a Comugnaro la preocupación del organismo porque tras la aplicación de la nueva ley de trata, que ya lleva casi tres meses, no hay “fiolos”, proxenetas, entre la mayoría de los detenidos. “Ellos son los que recaudan realmente”, apuntó.
Entre otras quejas, Ammar había recalcado que muchas veces en los procedimientos se hace figurar como “encargadas” o “regenteadoras” de los prostíbulos a trabajadoras sexuales que sólo abrieron la puerta al momento del operativo, pero nadie buscaba a los verdaderos proxenetas.
Al respecto, Domínguez planteó un método que puede resultar oportuno para encarar acciones concretas para erradicar el proxenetismo: “Es inminente que empiecen a dar participación a la Afip, que debe trabajar en conjunto con la Secretaría de Prevención de la Trata de Personas, está claro que ellos (por los proxenetas) utilizan una gran cantidad de dinero en negro para pagar los alquileres, comprar propiedades y autos de alta gama”.
Testigos. En otro apartado de la extensa conversación, Domínguez propuso a Comugnaro que en los partes oficiales de los operativos para clausurar los locales queden asentados también los nombres y apellidos de los clientes, quienes deben quedar fichados como testigos.
De esta manera, piensa, al aparecer públicamente sus datos filiatorios, se desalentaría la concurrencia de varones a estos lugares. Ante esto, el jefe policial le respondió que eso no compete a la Policía, sino que debería fijarse en la reglamentación de la ley.
Consultado por La Voz del Interior , Comugnaro agregó que la fuerza no iba a brindar los nombres de los testigos así como tampoco se comunican las filiaciones de las mujeres. “Sólo vamos a dar los nombres de los detenidos”, apuntó.
También recalcó que “no hay denuncias en la Justicia de que policías hayan robado dinero en los procedimientos”. “En toda contravención –explicó–, se secuestra todo el dinero disponible porque no sabemos de quién es, por eso todo debe ser secuestrado y luego el juez o fiscal evaluará su procedencia”.
Y subrayó: “La Policía es respetuosa de la ley: la directiva es tratar a todas las mujeres como víctimas, si surge algo que no debe pasar y se denuncia, se actuará con todo el rigor, pero hasta ahora no hay denuncias”.
Por último, Domínguez comentó que una de las propuestas del Inadi es que el Gobierno provincial les ofrezca a las mujeres que ejercen la prostitución un sueldo de acuerdo con el último escalafón de la provincia, para que durante seis meses, en jornadas de ocho horas, sean capacitadas en oficios.

fuente http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/inadi-llevo-su-queja-al-jefe-policia